🧾 Tema 7: Tributos locales y ordenanzas fiscales

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

El punto de partida está en la Constitución. La potestad originaria para establecer tributos es exclusiva del Estado y se ejerce mediante ley (art. 133.1); las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos, pero «de acuerdo con la Constitución y las leyes» (art. 133.2). Un ayuntamiento, por tanto, no inventa tributos: solo puede poner en marcha los que una ley le permite. El art. 142 añade que las haciendas locales deben tener medios suficientes y que se nutren fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Esa ley es el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, junto con los arts. 105 a 111 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local (LBRL).

Qué puede cobrar un ayuntamiento. El art. 2 TRLRHL enumera los recursos de las entidades locales: ingresos de su patrimonio y de derecho privado; tributos propios, que se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos, más los recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas; subvenciones; precios públicos; operaciones de crédito; multas y sanciones, y las demás prestaciones de derecho público. En los municipios (arts. 56 a 59) hay tres impuestos que se exigen siempre: Bienes Inmuebles (IBI), Actividades Económicas (IAE) y Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); y dos que el ayuntamiento puede establecer si quiere: Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) e Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la «plusvalía»).

Imponer y ordenar. «Imposición» es decidir que el tributo existe en el municipio; «ordenación» es regularlo. El art. 15 TRLRHL manda que las entidades locales acuerden la imposición y la supresión de sus tributos propios y aprueben la ordenanza fiscal que los regula. La excepción son los tres impuestos obligatorios del art. 59.1: como los impone la ley, no hace falta acuerdo de imposición; solo si el ayuntamiento quiere usar las facultades que la ley le da para fijar los elementos de la cuota (tipos, coeficientes, bonificaciones) debe acordarlo y aprobar la ordenanza. Además, las entidades locales pueden adaptar la normativa estatal de gestión a su organización interna, sin contravenir su contenido material (art. 12.2), y hacerlo en la ordenanza de cada tributo o en ordenanzas fiscales generales de gestión, liquidación, inspección y recaudación (art. 15.3). La LBRL dice lo mismo: la potestad reglamentaria local en materia tributaria se ejerce mediante ordenanzas fiscales de los tributos propios y ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección (art. 106.2).

Contenido mínimo de la ordenanza (art. 16). La de un tributo que hay que imponer debe recoger, al menos: a) hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo; b) los regímenes de declaración y de ingreso, y c) las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. El acuerdo que aprueba la ordenanza se adopta simultáneamente al de imposición. Si se modifica, el acuerdo debe contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Las ordenanzas de los impuestos obligatorios contienen los elementos necesarios para fijar las cuotas y esas mismas fechas.

Cómo se aprueba (art. 17). Primero hay un acuerdo provisional, que corresponde al Pleno (LBRL, art. 22.2.d y e) y que no figura entre las materias que exigen mayoría absoluta, de modo que rige la regla general de la mayoría simple (LBRL, art. 47). En los municipios de gran población del título X de la LBRL (entre otros, las capitales de provincia de más de 175.000 habitantes, art. 121.1.b) la regla es la misma con otros artículos: el Pleno aprueba las ordenanzas y determina los recursos tributarios (art. 123.1.d y g), por mayoría simple (art. 123.2), y además existe un órgano especializado que dictamina los proyectos de ordenanzas fiscales (art. 137.1.b). Ese acuerdo se expone en el tablón de anuncios durante treinta días como mínimo, para que los interesados examinen el expediente y reclamen. El anuncio de exposición se publica siempre en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial (en Asturias, el BOPA); las diputaciones, las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes lo publican además en un diario de los de mayor difusión. Terminado el plazo se adopta el acuerdo definitivo, que resuelve las reclamaciones; si no hubo ninguna, el acuerdo provisional pasa a ser definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Publicación y entrada en vigor. El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza o de su modificación deben publicarse en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, y no entran en vigor hasta que se publican (art. 17.4). La LBRL precisa que empiezan a aplicarse en el momento de esa publicación definitiva, salvo que la propia ordenanza señale otra fecha (art. 107.1), que obligan en el territorio de la entidad local y que se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad (art. 107.2). A las ordenanzas fiscales no se les aplica la regla general de las demás ordenanzas locales, que esperan además el plazo del art. 65.2 (LBRL, arts. 70.2 y 111). Las diputaciones, consejos y cabildos insulares y las entidades de más de 20.000 habitantes editan el texto íntegro de sus ordenanzas fiscales dentro del primer cuatrimestre del ejercicio, y todas deben dar copia a quien la pida (art. 17.5).

Quién puede reclamar y cómo se recurre. Durante la exposición pública son interesados quienes tengan un interés directo o resulten afectados, y los colegios y cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando defiendan los que les son propios (art. 18). Aprobada la ordenanza, rige durante el plazo, determinado o indefinido, que ella misma fije, y contra ella solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación en el boletín (art. 19.1). Si una sentencia firme la anula o modifica, la entidad debe adecuar a ella sus actuaciones posteriores a la notificación; salvo que la sentencia lo prohíba expresamente, se mantienen los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza (art. 19.2). Distinto es recurrir un recibo o una liquidación: ahí procede el recurso de reposición del art. 14.2, que se interpone en un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, se resuelve en un mes y se entiende desestimado si no hay respuesta. En los municipios de gran población ese recurso de reposición es potestativo (LBRL, art. 108) y lo que procede es la reclamación económico-administrativa ante el órgano municipal especializado, cuya resolución pone fin a la vía administrativa (LBRL, art. 137).

Límites que la ordenanza no puede saltarse. Los tributos locales no pueden gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos de fuera del territorio de la entidad, ni obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales (art. 6). No caben más beneficios fiscales que los previstos en normas con rango de ley o en tratados internacionales, aunque la ordenanza puede dar hasta un 5 % de bonificación a quien domicilie los recibos periódicos, anticipe pagos o colabore en la recaudación (art. 9.1). Los recargos e intereses de demora y las infracciones y sanciones siguen el régimen estatal de la Ley General Tributaria (arts. 10 y 11).

Tasas, contribuciones especiales y precios públicos. Las tasas (art. 20) se exigen por el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades que afectan o benefician de modo particular al sujeto pasivo. La ley cita expresamente los servicios de prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección de personas y bienes (art. 20.4.k), y en esas tasas el sustituto del contribuyente es la aseguradora del riesgo (art. 23.2.c). En cambio, nunca puede haber tasa por agua en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública ni enseñanza obligatoria (art. 21.1). El acuerdo que establece una tasa se adopta a la vista de un informe técnico-económico (art. 25) y, en las de servicios, el importe no puede superar en conjunto el coste real o previsible (art. 24.2). Las contribuciones especiales (art. 28) gravan el beneficio o el aumento de valor que una obra o un servicio local da al sujeto pasivo y exigen un acuerdo de imposición en cada caso concreto y otro de ordenación (art. 34). Los precios públicos no son tributos: los establece o modifica el Pleno, que puede delegarlo (art. 47), y como regla deben cubrir el coste del servicio (art. 44).

Claves para el examen

• Potestad tributaria originaria: solo el Estado, mediante ley (CE, art. 133.1). Los ayuntamientos establecen y exigen tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.2).
• Tributos propios locales: tasas, contribuciones especiales e impuestos (TRLRHL, art. 2.1.b).
• IBI, IAE e IVTM son obligatorios y no necesitan acuerdo de imposición; ICIO y plusvalía son potestativos (arts. 15 y 59).
• Imposición y ordenanza se aprueban simultáneamente (art. 16.1).
• Contenido mínimo: elementos del tributo, regímenes de declaración e ingreso y fechas de aprobación y de comienzo de aplicación (art. 16.1).
• Exposición pública del acuerdo provisional: treinta días como mínimo en el tablón de anuncios (art. 17.1).
• Anuncio en el boletín de la provincia o de la comunidad uniprovincial siempre; además en un diario si el ayuntamiento pasa de 10.000 habitantes (art. 17.2).
• Sin reclamaciones, el acuerdo provisional queda definitivo sin nuevo acuerdo plenario (art. 17.3).
• No entran en vigor hasta publicarse el acuerdo definitivo y el texto íntegro en el boletín (art. 17.4); se aplican desde esa publicación salvo que la ordenanza diga otra fecha (LBRL, art. 107.1).
• Más de 20.000 habitantes: edición del texto íntegro en el primer cuatrimestre del ejercicio (art. 17.5).
• Contra la ordenanza fiscal solo cabe recurso contencioso-administrativo (art. 19.1); contra el recibo o la liquidación, recurso de reposición en un mes (art. 14.2), que en los municipios de gran población es potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa municipal (LBRL, arts. 108 y 137).
• Anulada la ordenanza por sentencia firme, se mantienen los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia lo prohíba expresamente (art. 19.2).
• Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la entidad y se aplican por residencia efectiva y territorialidad (LBRL, art. 107.2).
• Bonificación máxima por domiciliar recibos periódicos: 5 % de la cuota (art. 9.1).
• Sin tasa: fuentes públicas, alumbrado, vigilancia general, protección civil, limpieza viaria y enseñanza obligatoria (art. 21.1). Con tasa posible: extinción de incendios y salvamentos (art. 20.4.k).

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