🗺️ Tema 3: Constitución: título VIII, organización territorial

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

El título VIII, «De la Organización Territorial del Estado» (arts. 137 a 158), tiene tres capítulos: principios generales (137 a 139), Administración local (140 a 142) y comunidades autónomas (143 a 158). El art. 137 da la idea central: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Principios generales. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del art. 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; las diferencias entre Estatutos no pueden implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales (art. 138). Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, y ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes (art. 139).

Administración local. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que tienen personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos; la ley regula el concejo abierto (art. 140). La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y además división territorial para las actividades del Estado; alterar los límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes Generales; su gobierno corresponde a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo; se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia; en los archipiélagos, las islas tienen Cabildos o Consejos (art. 141). Las Haciendas locales deben disponer de medios suficientes y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas (art. 142).

Acceso a la autonomía. Pueden constituirse en comunidad autónoma las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica (art. 143.1). La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, en un plazo de seis meses; si no prospera, solo puede repetirse pasados cinco años (143.2 y 3). Las Cortes, por ley orgánica y por motivos de interés nacional, pueden autorizar una comunidad uniprovincial sin entidad regional histórica, acordar un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial o sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales (art. 144). La vía rápida del art. 151 exige las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia y un referéndum con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. En ningún caso se admite la federación de comunidades autónomas (art. 145.1); sí caben los convenios entre ellas para gestionar y prestar servicios propios, en los términos de sus Estatutos, y los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes Generales (145.2). En la vía común, el proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea formada por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y se eleva a las Cortes para su tramitación como ley (art. 146).

Los Estatutos. Son la norma institucional básica de cada comunidad, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento. Deben contener la denominación de la comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones, y las competencias asumidas con las bases para el traspaso de los servicios. Su reforma sigue el procedimiento que ellos fijan y exige, en todo caso, aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147). La organización de las comunidades del art. 151 se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey; un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en su territorio (art. 152).

Competencias. El art. 148.1 enumera 22 materias que las comunidades pueden asumir (instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, montes y aprovechamientos forestales, gestión en materia de protección del medio ambiente, asistencia social, sanidad e higiene...), ampliables a los cinco años mediante la reforma del Estatuto. El art. 149.1 reserva al Estado 32 materias en exclusiva: nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria y laboral, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (149.1.18.ª), tráfico y circulación de vehículos a motor (21.ª), la legislación básica sobre protección del medio ambiente y sobre montes (23.ª) o la seguridad pública (29.ª). Cláusula de cierre del 149.3: lo no atribuido expresamente al Estado puede corresponder a las comunidades en virtud de sus Estatutos; lo que estos no asuman corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto en todo lo que no sea de competencia exclusiva autonómica; y el derecho estatal es, en todo caso, supletorio.

El art. 150 abre tres vías: las leyes marco, por las que las Cortes atribuyen a las comunidades la facultad de dictar normas legislativas en materias estatales (150.1); las leyes orgánicas de transferencia o delegación de facultades de titularidad estatal (150.2); y las leyes de armonización, cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara (150.3).

Control y coerción. El art. 153 reparte el control de las comunidades: el Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de sus disposiciones con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre las funciones delegadas del art. 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa, sobre la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas, sobre lo económico y presupuestario. Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en la comunidad (art. 154). Si una comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento a su Presidente y, si no es atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias (art. 155).

Financiación. Las comunidades gozan de autonomía financiera con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, y pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para recaudar, gestionar y liquidar sus tributos (art. 156). Sus recursos son los impuestos cedidos por el Estado, recargos y participaciones; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado; los rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito (art. 157.1). No pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios (157.2). Los Presupuestos Generales del Estado pueden fijar una asignación a las comunidades según los servicios estatales asumidos y para garantizar un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio (158.1). El Fondo de Compensación se destina a gastos de inversión y lo distribuyen las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso (art. 158.2).

Claves para el examen

• Título VIII: arts. 137 a 158; capítulos de principios generales, Administración local y comunidades autónomas.
• Art. 137: municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan; todos con autonomía para gestionar sus intereses.
• Art. 138: solidaridad y atención al hecho insular; los Estatutos no pueden dar privilegios económicos o sociales.
• Concejales: los eligen los vecinos. Alcaldes: los Concejales o los vecinos (art. 140).
• Alterar los límites provinciales: ley orgánica de las Cortes Generales (art. 141.1).
• Iniciativa autonómica (143.2): todas las Diputaciones y dos tercios de los municipios, en seis meses; si fracasa, cinco años.
• Vía del 151: tres cuartas partes de los municipios y referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia.
• En ningún caso se admite la federación de comunidades autónomas (145.1).
• Reforma de un Estatuto: siempre aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (147.3).
• 148.1: 22 materias asumibles; 149.1: 32 competencias exclusivas del Estado.
• 149.3: el derecho estatal es, en todo caso, supletorio del autonómico.
• 150: ley marco (1), ley orgánica de transferencia o delegación (2) y ley de armonización por mayoría absoluta de cada Cámara (3).
• 153: Tribunal Constitucional, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, contencioso-administrativo y Tribunal de Cuentas.
• 155: requerimiento al Presidente de la comunidad y mayoría absoluta del Senado.
• Fondo de Compensación (158.2): gastos de inversión; lo distribuyen las Cortes Generales.

Vídeos recomendados

• 🏴󠁴󠁴󠁰󠁯󠁳󠁿Título VIII La Organización Territorial del Estado 【Resumido, para Opositores】
• 🇪🇸 Título VIII de la Constitución para opositores 👉🏻 Capítulo I y II | 1# Parte
• Vías de constitución de las comunidades autónomas
• La organización territorial del Estado. Las CCAA y la Admón. local.

Preguntas de ejemplo del tema 3

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el artículo 137, el Estado se organiza territorialmente en:

   1. Municipios, comarcas, provincias y comunidades autónomas
   2. Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan
   3. Provincias, regiones y comunidades autónomas
   Ver la respuesta

   b) Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan; todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

2. ¿Cuál de estos contenidos NO exige el artículo 147.2 a los Estatutos de autonomía?

   1. La delimitación de su territorio
   2. La denominación, organización y sede de sus instituciones
   3. El sistema electoral de su Asamblea
   Ver la respuesta

   c) El sistema electoral de su Asamblea. Art. 147.2 CE: denominación de la comunidad, delimitación del territorio, denominación, organización y sede de las instituciones propias, y competencias asumidas con las bases para el traspaso de servicios. El sistema electoral no figura en esa lista.

3. El Fondo de Compensación del artículo 158.2 se destina a:

   1. Gastos corrientes
   2. Gastos de inversión
   3. La amortización de la deuda de las comunidades autónomas
   Ver la respuesta

   b) Gastos de inversión. Art. 158.2 CE: para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituye un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, que distribuyen las Cortes Generales.

← Tema 2 · Tema 4 →

📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace