💶 Tema 2: Constitución: título VII, Economía y Hacienda

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

El título VII, «Economía y Hacienda», son solo nueve artículos, del 128 al 136, y se preguntan casi palabra por palabra. Se puede partir en tres bloques: principios económicos (128 a 132), Hacienda pública (133 a 135) y control de las cuentas (136).

Art. 128: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y, mediante ley, se pueden reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordar la intervención de empresas cuando lo exija el interés general. Art. 129: la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o al bienestar general; los poderes públicos promoverán la participación en la empresa, fomentarán las sociedades cooperativas y facilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Art. 130: los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, para equiparar el nivel de vida de todos los españoles; con el mismo fin se da un tratamiento especial a las zonas de montaña. Art. 131: el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general. Los proyectos de planificación los elabora el Gobierno, con las previsiones que le suministren las comunidades autónomas y el asesoramiento y la colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas; para ello se constituye un Consejo, regulado por ley.

Art. 132: la ley regula los bienes de dominio público y los comunales con tres principios, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y también su desafectación. Son de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por ley se regulan el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional.

Art. 133, la potestad tributaria: la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes; todo beneficio fiscal que afecte a tributos del Estado debe establecerse en virtud de ley; y las administraciones públicas solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Art. 134, los Presupuestos Generales del Estado: los elabora el Gobierno y los examinan, enmiendan y aprueban las Cortes Generales. Son anuales, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno debe presentarlos ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior; si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados los anteriores hasta la aprobación de los nuevos. Una vez aprobados, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que aumenten el gasto o disminuyan los ingresos del mismo ejercicio; en cambio, toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos necesita la conformidad del Gobierno para tramitarse. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea.

Art. 135, reescrito en la reforma de 27 de septiembre de 2011: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no pueden incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes de la Unión Europea, y una ley orgánica fija el máximo en relación con su producto interior bruto; las entidades locales deben presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las comunidades necesitan autorización por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para pagar los intereses y el capital de la deuda se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y su pago goza de prioridad absoluta. El volumen de deuda del conjunto de las Administraciones no puede superar el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los límites de déficit y de deuda solo pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Una ley orgánica desarrolla estos principios (135.5) y las comunidades autónomas adoptan las disposiciones precisas para aplicar el principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias (135.6).

Art. 136, el Tribunal de Cuentas: es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y él las censura. Remite a las Cortes un informe anual en el que comunica las infracciones o responsabilidades que aprecie. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Claves para el examen

• Título VII: arts. 128 a 136, nueve artículos.
• Toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general (128.1).
• Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales e intervención de empresas: mediante ley (128.2).
• Art. 130: agricultura, ganadería, pesca y artesanía; tratamiento especial a las zonas de montaña.
• Planificación económica (131): el Estado, mediante ley; los proyectos los elabora el Gobierno.
• Dominio público y comunales: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (132.1).
• Dominio público estatal en todo caso: zona marítimo-terrestre, playas, mar territorial y recursos de la zona económica y la plataforma continental.
• Potestad originaria para establecer tributos: exclusivamente del Estado, mediante ley (133.1).
• Presupuestos: los elabora el Gobierno; los examinan, enmiendan y aprueban las Cortes Generales.
• Se presentan ante el Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior; si no se aprueban, prórroga automática.
• La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé.
• Art. 135: estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones; las entidades locales, equilibrio presupuestario.
• El pago de la deuda pública goza de prioridad absoluta (135.3).
• Superar los límites de déficit y deuda: mayoría absoluta del Congreso (135.4).
• Tribunal de Cuentas: supremo órgano fiscalizador; depende directamente de las Cortes Generales.

Vídeos recomendados

• 🔵Economía y Hacienda : Título VII CONSTITUCIÓN【RESUMIDO, para OPOSITORES, con EJEMPLOS】
• 🎥 VídeoEsquema 👉 Título VII de La Constitución: Economía y Hacienda 💶
• El Sistema Tributario Español en la Constitución

Preguntas de ejemplo del tema 2

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el artículo 128.1, toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada:

   1. Al interés general
   2. A la planificación económica del Estado
   3. A la Hacienda Pública
   Ver la respuesta

   a) Al interés general. Art. 128.1 CE: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse (art. 133.3):

   1. Por acuerdo del Consejo de Ministros
   2. En virtud de ley
   3. En la Ley de Presupuestos, exclusivamente
   Ver la respuesta

   b) En virtud de ley. Art. 133.3 CE: todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas (art. 136.3) gozan de la misma independencia e inamovilidad y tienen las mismas incompatibilidades que:

   1. Los diputados y senadores
   2. Los jueces
   3. Los miembros del Gobierno
   Ver la respuesta

   b) Los jueces. Art. 136.3 CE: los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.

← Tema 1 · Tema 3 →

📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace