📜 Tema 1: Constitución: título preliminar y título I

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

El título preliminar (arts. 1 a 9) fija las señas del Estado. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1). La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (1.2), y la forma política es la Monarquía parlamentaria (1.3). El art. 2 se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.

Símbolos y organizaciones básicas. El castellano es la lengua española oficial del Estado: todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas son también oficiales en sus comunidades de acuerdo con sus Estatutos (art. 3). La bandera tiene tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y la amarilla es de doble anchura que cada una de las rojas (art. 4). La capital es la villa de Madrid (art. 5). Los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumento fundamental para la participación política (art. 6); los sindicatos y las asociaciones empresariales defienden los intereses económicos y sociales que les son propios (art. 7); en ambos casos, estructura interna y funcionamiento democráticos. Las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional; sus bases las regula una ley orgánica (art. 8).

El art. 9 es el más preguntado del título preliminar. Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento (9.1); los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que lo impidan (9.2); y el 9.3 garantiza estos principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El título I (arts. 10 a 55), «De los derechos y deberes fundamentales», se abre con el art. 10 (la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social; los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España) y tiene cinco capítulos. Capítulo I, españoles y extranjeros (arts. 11 a 13): ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad; la mayoría de edad es a los dieciocho años; los extranjeros solo pueden tener sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, por tratado o ley y con reciprocidad (art. 13.2, reformado en 1992); se excluyen de la extradición los delitos políticos, y el terrorismo no lo es.

Capítulo II, derechos y libertades: empieza con la igualdad ante la ley del art. 14 y tiene dos secciones. La sección 1.ª (arts. 15 a 29) recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas: vida e integridad física y moral, con la pena de muerte abolida salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra (15); libertad ideológica y religiosa, sin confesión estatal (16); libertad y seguridad, con detención preventiva de 72 horas como máximo y habeas corpus (17); honor, intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (18); residencia y circulación (19); expresión e información, sin censura previa y con secuestro de publicaciones solo por resolución judicial (20); reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa (21); asociación (22); participación y acceso a cargos públicos (23); tutela judicial efectiva (24); legalidad penal y sancionadora (25); prohibición de los tribunales de honor (26); educación, con enseñanza básica obligatoria y gratuita (27); libertad sindical y huelga (28) y petición (29).

La sección 2.ª (arts. 30 a 38) reúne los derechos y deberes de los ciudadanos: defender a España y deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, que pueden regularse por ley (30); sostener los gastos públicos según la capacidad económica, con un sistema tributario justo, de igualdad y progresividad y sin alcance confiscatorio (31); matrimonio (32); propiedad privada y herencia, con expropiación solo por causa justificada de utilidad pública o interés social y con indemnización (33); fundación (34); deber de trabajar y derecho al trabajo (35); colegios profesionales (36); negociación colectiva y conflicto colectivo (37) y libertad de empresa en la economía de mercado (38).

Capítulo III, principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52): protección de la familia, pleno empleo y seguridad e higiene en el trabajo (40), Seguridad Social (41), protección de la salud (43), cultura, medio ambiente (45), patrimonio histórico (46), vivienda digna (47), juventud, personas con discapacidad (art. 49, redactado de nuevo en la reforma de 15 de febrero de 2024), tercera edad (50), consumidores (51) y organizaciones profesionales (52).

Capítulo IV, garantías (arts. 53 y 54). Los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial (53.1). El art. 14 y la sección 1.ª tienen además un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también alcanza a la objeción de conciencia del art. 30 (53.2). Los principios rectores informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (53.3). El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del título I y puede supervisar la actividad de la Administración (54).

Capítulo V, suspensión (art. 55). Con el estado de excepción o de sitio pueden suspenderse los derechos de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; el 17.3 (información y abogado del detenido) no se suspende en el estado de excepción. El estado de alarma no suspende derechos. Además, una ley orgánica puede prever la suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con intervención judicial y control parlamentario.

Claves para el examen

• Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• La soberanía nacional reside en el pueblo español; la forma política es la Monarquía parlamentaria.
• Bandera: roja, amarilla y roja; la amarilla, de doble anchura que cada roja. Capital: la villa de Madrid.
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de lo sancionador no favorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Título I: arts. 10 a 55, cinco capítulos. El art. 14 abre el capítulo II y queda fuera de las dos secciones.
• Sección 1.ª: arts. 15 a 29 (derechos fundamentales y libertades públicas). Sección 2.ª: arts. 30 a 38.
• Principios rectores: arts. 39 a 52. Solo se alegan ante los jueces según las leyes que los desarrollen.
• Detención preventiva: 72 horas como máximo (art. 17.2).
• Domicilio (18.2): consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito.
• Reunión (21): pacífica y sin armas, sin autorización previa; en la vía pública, comunicación previa.
• Asociaciones: se inscriben solo a efectos de publicidad; prohibidas las secretas y las paramilitares.
• Amparo: art. 14, sección 1.ª (15 a 29) y objeción de conciencia del art. 30.
• Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54).
• Suspensión (55): solo con excepción o sitio; la alarma no suspende derechos.
• Art. 30.4: por ley pueden regularse los deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico?

   1. La libertad, la seguridad, la igualdad y la solidaridad
   2. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
   3. La justicia, la dignidad de la persona, la paz social y la igualdad
   Ver la respuesta

   b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Art. 1.1 CE: España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede acordarse (art. 20.5):

   1. Por acuerdo del Consejo de Ministros
   2. Por orden de la autoridad gubernativa, con control judicial posterior
   3. En virtud de resolución judicial
   Ver la respuesta

   c) En virtud de resolución judicial. Art. 20.5 CE: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

3. Conforme al artículo 55.1, los derechos que enumera pueden suspenderse cuando se declare:

   1. El estado de alarma, de excepción o de sitio
   2. El estado de excepción o el de sitio
   3. Únicamente el estado de sitio
   Ver la respuesta

   b) El estado de excepción o el de sitio. Art. 55.1 CE: la suspensión solo cabe con la declaración del estado de excepción o de sitio; el estado de alarma no figura en el artículo.

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