🏘️ Tema 3: Régimen local y autonomía local en la Constitución

Consell Insular de Mallorca · Bombers de Mallorca · Bombero/a conductor/a

Resumen

El régimen local es el conjunto de normas que regulan las entidades locales: municipios, provincias e islas, sobre todo. En España descansa sobre tres piezas: la Constitución (título VIII, capítulo segundo, arts. 140 a 142), la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que, según su preámbulo, se apoya en el art. 149.1.18.ª CE (bases del régimen jurídico de las administraciones públicas), y la legislación de cada comunidad autónoma, que en Baleares es la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local. A eso se suma la Carta Europea de Autonomía Local, un tratado del Consejo de Europa que España ratificó y que forma parte de nuestro ordenamiento.

La Constitución abre el título VIII con el art. 137: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 138 obliga al Estado a garantizar la solidaridad y el equilibrio económico entre territorios «atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular», y el art. 139 asegura los mismos derechos y obligaciones a todos los españoles en cualquier parte del territorio.

Capítulo segundo, «De la Administración Local». El art. 140 garantiza la autonomía de los municipios, que tienen personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos, formados por alcaldes y concejales. Los concejales se eligen por los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los alcaldes, por los concejales o por los vecinos, y la ley regula el concejo abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes, su gobierno corresponde a diputaciones u otras corporaciones representativas y, en los archipiélagos, las islas tienen además administración propia en forma de cabildos o consejos (art. 141.4). El art. 142 exige haciendas locales suficientes, nutridas fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.

Los estatutos de autonomía también se ocupan de la Administración local. El de Baleares organiza la comunidad en islas y municipios (art. 8), convierte a los consejos insulares en instituciones de gobierno de cada isla y de la propia comunidad (arts. 61 a 74) y dedica el art. 75 a los municipios: el municipio es la entidad local básica, el Estatuto les garantiza autonomía para sus competencias propias bajo su responsabilidad, pueden asociarse en mancomunidades y consorcios, tendrán un fondo de cooperación local incondicionado y Palma tendrá una ley de capitalidad especial. El Estatuto da a la comunidad competencia exclusiva sobre «organización local, respetando lo previsto en los artículos 140, 141 y 149.1.18.ª de la Constitución» (art. 30.45) y de desarrollo legislativo y ejecución en «régimen local» (art. 31.13), siempre dentro de las bases estatales.

Significado de la autonomía local. La Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985; BOE de 24 de febrero de 1989) la define en su art. 3.1 como «el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes». Se ejerce por asambleas o consejos elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal (art. 3.2). No es soberanía: es autonomía administrativa, siempre dentro de la ley. La LBRL la recoge en su art. 1: los municipios son entidades básicas de la organización territorial y cauces inmediatos de participación ciudadana, y la provincia y, en su caso, la isla gozan de idéntica autonomía.

Contenido de la autonomía local. La LBRL obliga a las leyes sectoriales a asegurar a municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en los asuntos que afecten a sus intereses, con arreglo a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia (art. 2). Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1). Tienen potestades reglamentaria y de autoorganización, tributaria y financiera, de planificación, expropiatoria, sancionadora, de ejecución forzosa y de revisión de oficio, entre otras (art. 4). Sus competencias son propias o delegadas; las propias solo las determina la ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad (art. 7). La Carta añade el principio de subsidiariedad: las competencias deben ejercerlas preferentemente las autoridades más cercanas al ciudadano (art. 4.3).

Competencias y servicios que interesan a un bombero. El art. 25.2.f) LBRL atribuye al municipio como competencia propia la «policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios». El art. 26 fija servicios mínimos obligatorios según población: en todos, alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación; a partir de 5.000 habitantes, parque público, biblioteca y tratamiento de residuos; a partir de 20.000, protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas, y a partir de 50.000, transporte colectivo urbano y medio ambiente urbano. En los municipios de menos de 20.000 habitantes, la diputación o entidad equivalente (en las islas, el consejo insular) coordina algunos servicios. El Estado y las comunidades pueden delegar competencias en los municipios por un plazo no inferior a cinco años, con financiación y aceptación del municipio (art. 27).

Límites de la autonomía local. El primero es la ley: la autonomía se ejerce «en el marco de la Ley». El segundo, el control: la Carta solo admite, como regla, control de legalidad, y de oportunidad únicamente en las competencias delegadas (art. 8.2), y la LBRL dice que los tribunales ejercen el control de legalidad de los actos locales (art. 6.2). Estado y comunidad autónoma pueden requerir la anulación de un acto que infrinja el ordenamiento (el requerimiento se formula en 15 días hábiles y la entidad tiene como máximo un mes para anular) o impugnarlo directamente ante lo contencioso (art. 65); el Delegado del Gobierno puede suspender los actos que atenten gravemente al interés general de España (art. 67); si una entidad incumple obligaciones legales, puede sustituirla tras darle un plazo nunca inferior a un mes (art. 60), y el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, puede disolver sus órganos por gestión gravemente dañosa (art. 61).

La otra cara: la autonomía local también se defiende. La Carta exige que las entidades locales tengan una vía de recurso jurisdiccional para proteger el libre ejercicio de sus competencias (art. 11). La LBRL legitima a las entidades locales territoriales para impugnar las disposiciones y actos del Estado y de las comunidades que lesionen su autonomía, y para promover ante el Tribunal Constitucional la impugnación de leyes que la vulneren (art. 63.2 y 63.3). En Baleares, la Ley 20/2006 garantiza al municipio y a las demás entidades locales la plena autonomía para gestionar sus intereses (art. 3).

Claves para el examen

• Art. 137 CE: municipios, provincias y CCAA, con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
• Art. 140 CE: municipio con personalidad jurídica plena; alcaldes elegidos por concejales o vecinos.
• Art. 141.1 CE: alterar límites provinciales exige ley orgánica.
• Art. 141.4 CE: en los archipiélagos, las islas tienen cabildos o consejos.
• Art. 142 CE: haciendas locales con tributos propios y participación en los del Estado y CCAA.
• LBRL = Ley 7/1985, de 2 de abril, dictada al amparo del art. 149.1.18.ª CE.
• Carta Europea de Autonomía Local: Estrasburgo, 15/10/1985; concepto en el art. 3.1.
• Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla en Baleares y Canarias (art. 3.1 LBRL).
• Competencias propias solo por ley; también las hay delegadas (art. 7 LBRL).
• Art. 25.2.f LBRL: policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
• Art. 26 LBRL: más de 20.000 habitantes, servicio obligatorio de prevención y extinción de incendios.
• Delegación de competencias: duración mínima de cinco años (art. 27 LBRL).
• Requerimiento de anulación: 15 días hábiles para formularlo y un mes como máximo para anular (art. 65).
• Disolución de órganos locales: Consejo de Ministros con acuerdo favorable del Senado (art. 61).
• Palma tendrá ley de capitalidad especial (art. 75.10 del Estatuto).

Vídeos recomendados

• Título VIII. Constitución Española.
• 1.- Ley 7/1985 - Título I: Disposiciones Generales | Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Esquema T-2 especial. La autonomía local

Preguntas de ejemplo del tema 3

Tres de las 100 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en:

   1. Municipios, comarcas, provincias y comunidades autónomas
   2. Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan
   3. Provincias y comunidades autónomas, con los municipios como órganos del Estado
   4. Municipios, islas y regiones históricas
   Ver la respuesta

   b) Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

2. Según el artículo 138.2 de la Constitución, las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas:

   1. No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales
   2. Deberán ser compensadas mediante el Fondo de Compensación Interterritorial
   3. Solo podrán justificarse por el hecho insular o lingüístico
   4. Requieren autorización previa de las Cortes por ley orgánica
   Ver la respuesta

   a) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Art. 138.2 CE: «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

3. Según el artículo 29.3 de la Ley 20/2006, la distribución de responsabilidades administrativas entre las administraciones locales observará en todo caso, de acuerdo con la Carta Europea de Autonomía Local, el principio de:

   1. Jerarquía
   2. Subsidiariedad
   3. Uniformidad
   4. Centralización
   Ver la respuesta

   b) Subsidiariedad. Art. 29.3 Ley 20/2006: «observando en todo caso el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido en la Carta europea de la autonomía local».

← Tema 2 · Tema 4 →

📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace