📜 Tema 1: Constitución española: títulos preliminar, I y VIII

Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la Provincia de Ciudad Real · Bombero/a

Resumen

La Constitución española de 1978 es la norma suprema: el artículo 9.1 dice que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Sus antecedentes inmediatos son la Transición: la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política abrió el camino a las elecciones de 1977 y a unas Cortes que redactaron el texto. Las fechas que caen: el proyecto se aprobó en sesiones plenarias del Congreso y del Senado el 31 de octubre de 1978; se sometió a referéndum de la Nación el 6 de diciembre de 1978 (Real Decreto 2560/1978); el Rey la sancionó ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311 el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día (disposición final). La disposición derogatoria deroga expresamente la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del franquismo.

Estructura: un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos (I derechos y deberes fundamentales; II la Corona; III las Cortes Generales; IV Gobierno y Administración; V relaciones Gobierno-Cortes; VI Poder Judicial; VII Economía y Hacienda; VIII Organización territorial; IX Tribunal Constitucional; X reforma constitucional), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Se ha reformado cuatro veces: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria), 2024 (art. 49, personas con discapacidad) y 2026 (art. 69.3, circunscripciones de Ibiza y Formentera para el Senado). El epígrafe pide tres partes: título preliminar, título I y título VIII.

Título preliminar (arts. 1 a 9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El art. 2 une la indisoluble unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. El castellano es la lengua oficial del Estado, con el deber de conocerla y el derecho a usarla (art. 3); la bandera tiene tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, la amarilla de doble anchura que cada roja (art. 4); la capital es la villa de Madrid (art. 5). Partidos (art. 6) y sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos; las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8).

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

El capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52: familia, salud, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda, personas con discapacidad tras la reforma de 2024, consumidores...). El capítulo IV fija las garantías (art. 53): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respete su contenido esencial, se regula su ejercicio; el art. 14 y la sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30) se protegen por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen. El art. 54 regula el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, por ley orgánica. El capítulo V (art. 55) permite suspender determinados derechos solo en los estados de excepción o de sitio, no en el de alarma.

Título VIII (arts. 137 a 158), organización territorial. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137), y rigen la solidaridad y la igualdad de derechos en todo el territorio (arts. 138-139). Capítulo II, Administración local: el municipio tiene personalidad jurídica plena y su gobierno corresponde al Ayuntamiento, con concejales elegidos por los vecinos y alcaldes elegidos por los concejales o por los vecinos (art. 140); la provincia es entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes Generales, y su gobierno corresponde a las Diputaciones (art. 141). Es la base constitucional de la Diputación y, por extensión, de consorcios provinciales como el SCIS.

Capítulo III, comunidades autónomas. La iniciativa del art. 143.2 corresponde a las Diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo de cada provincia, en seis meses; si fracasa, solo se reitera pasados cinco años. No cabe la federación de comunidades (art. 145). Los Estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad y se reforman con aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147). El art. 148 enumera las competencias que pueden asumir (ampliables pasados cinco años) y el art. 149.1 las exclusivas del Estado; entre ellas la 29.ª, seguridad pública, en la que se apoya la Ley 17/2015 de protección civil. El control de las comunidades se reparte entre Tribunal Constitucional, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas (art. 153), y el art. 155 permite al Gobierno, previo requerimiento y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, obligar a una comunidad a cumplir. Los arts. 156 a 158 regulan la financiación, con el Fondo de Compensación interterritorial.

Claves para el examen

• Aprobada por las Cortes el 31/10/1978, referéndum el 6/12/1978, sancionada el 27/12/1978, BOE y vigor el 29/12/1978.
• 169 artículos: título preliminar + 10 títulos; 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final.
• Cuatro reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026).
• Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1).
• Forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
• Bandera: roja, amarilla y roja; la amarilla, de doble anchura (art. 4).
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2).
• Domicilio: solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2).
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por ley.
• Amparo: art. 14 + sección 1.ª del capítulo II + objeción de conciencia (art. 53.2).
• Suspensión de derechos (art. 55): estados de excepción y sitio, no el de alarma.
• Art. 137: municipios, provincias y comunidades autónomas.
• Límites provinciales: solo por ley orgánica de las Cortes Generales (art. 141.1).
• Seguridad pública, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29.ª).

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 111 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. ¿En qué fecha se celebró el referéndum en el que el pueblo español ratificó la Constitución?

   1. El 31 de octubre de 1978
   2. El 27 de diciembre de 1978
   3. El 29 de diciembre de 1978
   4. El 6 de diciembre de 1978
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   d) El 6 de diciembre de 1978. El Real Decreto 2560/1978 fijó el referéndum para el 6 de diciembre de 1978. El 31 de octubre se aprobó el proyecto en los plenos del Congreso y del Senado, el 27 de diciembre lo sancionó el Rey y el 29 de diciembre se publicó en el BOE.

2. ¿Dónde se sitúa el artículo 14 (igualdad ante la ley) dentro del Título I?

   1. En el capítulo I, de los españoles y los extranjeros
   2. Al inicio del capítulo II, antes de la sección 1.ª
   3. Dentro de la sección 1.ª del capítulo II
   4. En el capítulo III, de los principios rectores
   Ver la respuesta

   b) Al inicio del capítulo II, antes de la sección 1.ª. En la CE, el capítulo II del Título I («Derechos y libertades») empieza con el art. 14; a continuación viene la sección 1.ª (arts. 15 a 29).

3. Según el artículo 158.2, el Fondo de Compensación, creado para corregir desequilibrios económicos interterritoriales, se destina a:

   1. Gastos de personal
   2. Gastos de inversión
   3. Gastos corrientes en bienes y servicios
   4. Amortización de deuda
   Ver la respuesta

   b) Gastos de inversión. CE, art. 158.2: se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

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