🦺 Tema 6: Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz (CPEI) · Conductor/a Bombero/a

Resumen

Este tema es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en su texto consolidado del BOE (última actualización recogida: 22/06/2026). El epígrafe de las bases coincide con sus cuatro primeros capítulos: capítulo I (objeto, ámbito y definiciones, arts. 1-4), capítulo II (política de prevención, arts. 5-13), capítulo III (derechos y obligaciones, arts. 14-29) y capítulo IV (servicios de prevención, arts. 30-32 bis). Según su preámbulo, la ley traslada al derecho español la Directiva 89/391/CEE, la directiva «marco» europea de seguridad y salud. El art. 1 dice que la normativa de prevención la forman esta ley, sus normas de desarrollo y cualquier otra norma, legal o convencional, con prescripciones preventivas. El art. 2 fija el objeto: promover la seguridad y la salud de los trabajadores aplicando medidas y actividades de prevención; y añade que sus disposiciones laborales son «Derecho necesario mínimo indisponible», que los convenios colectivos pueden mejorar pero no rebajar.

Ámbito de aplicación (art. 3). Se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores y también al personal funcionario o estatutario de las Administraciones públicas, con sus peculiaridades; por eso, a efectos de la ley, la Administración es «empresario» y el funcionario, «trabajador». También a las cooperativas con socios que aportan trabajo personal. Lo que nos toca de cerca: la ley NO se aplica en las actividades «cuyas particularidades lo impidan» de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; de los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Ojo: no excluye a los bomberos en general, solo esas actividades concretas en esas situaciones, y aun así la ley «inspirará» su normativa específica. El antiguo apartado 4, que excluía el empleo del hogar familiar, está suprimido por el Real Decreto-ley 16/2022.

Definiciones (art. 4), las que más caen: «prevención» es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos del trabajo; «riesgo laboral» es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, y su gravedad se califica valorando conjuntamente la probabilidad del daño y su severidad; «daños derivados del trabajo» son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo; «riesgo grave e inminente» es el que resulta racionalmente probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud; «equipo de trabajo» es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo; «condición de trabajo» es cualquier característica del trabajo que pueda influir de forma significativa en la generación de riesgos; y «equipo de protección individual» (EPI) es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos, incluidos sus complementos o accesorios.

Política de prevención (capítulo II). Su objeto es promover la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección (art. 5), con cooperación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales y con participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas; desde la LO 3/2007 debe considerar las variables de sexo (art. 5.4) y desde la Ley 25/2009 promover la integración de la prevención en la gestión de la empresa (art. 5.5). El Gobierno regula por reglamento, previa consulta a sindicatos y empresarios más representativos, los requisitos mínimos, la evaluación de riesgos o las modalidades de los servicios de prevención (art. 6). Las Administraciones laborales promueven, asesoran, vigilan y sancionan (art. 7). El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hoy Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, centro de referencia nacional ante la UE y secretaría de la Comisión Nacional (art. 8). La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla la normativa, propone sanciones, informa a los Juzgados de lo Social y puede ordenar la paralización inmediata de trabajos ante riesgo grave e inminente (art. 9). Las Administraciones sanitarias actúan según la Ley General de Sanidad (art. 10), y las laborales, sanitarias y de industria se coordinan (art. 11).

La participación de empresarios y trabajadores es «principio básico» de la política de prevención (art. 12). La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 13) es el órgano colegiado asesor de las Administraciones y de participación institucional: un representante por comunidad autónoma, igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos ellos, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Decide por mayoría; cada representante de las Administraciones tiene un voto y los de las organizaciones empresariales y sindicales, dos. Tiene un Presidente y cuatro Vicepresidentes (uno por grupo), su Secretaría la lleva la Dirección del INSST y funciona en Pleno, Comisión Permanente o Grupos de Trabajo.

Derechos y obligaciones (capítulo III). Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz, y el empresario tiene el deber correlativo de protegerles; este deber también lo tienen las Administraciones públicas con su personal (art. 14). Forman parte de ese derecho la información, consulta y participación, la formación, la paralización ante riesgo grave e inminente y la vigilancia de la salud. El coste de las medidas no puede recaer en modo alguno sobre los trabajadores (art. 14.5). Los nueve principios de la acción preventiva (art. 15.1): evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones. El art. 16 obliga a integrar la prevención mediante un plan de prevención, cuyos instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos (que se actualiza si cambian las condiciones y se revisa tras daños a la salud) y la planificación de la actividad preventiva (con plazos, responsables y recursos). Los EPI se usan cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar lo suficiente con protección colectiva u organización del trabajo (art. 17.2). La formación ha de ser teórica y práctica, al contratar y cuando cambien funciones o equipos, dentro de la jornada siempre que sea posible (o con descuento de ese tiempo) y sin coste para el trabajador (art. 19). El empresario analiza las posibles emergencias y organiza primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación (art. 20).

Riesgo grave e inminente (art. 21): el empresario informa lo antes posible y da instrucciones para interrumpir la actividad y abandonar el lugar; el trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar si considera que hay riesgo grave e inminente para su vida o su salud; si el empresario no actúa, los representantes de los trabajadores pueden acordar por mayoría la paralización (o los Delegados de Prevención si no hay tiempo de reunir al órgano), y la autoridad laboral la anula o ratifica en veinticuatro horas. Vigilancia de la salud (art. 22): periódica y, por regla general, voluntaria; solo es obligatoria, previo informe de los representantes, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos del trabajo, cuando el estado de salud pueda ser un peligro para el propio trabajador o para otros, o cuando lo diga una disposición legal; los datos son confidenciales y el empresario solo conoce las conclusiones sobre la aptitud para el puesto o la necesidad de mejorar las medidas de protección (art. 22.4). Documentación (art. 23): plan de prevención, evaluación, planificación, controles de salud y relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día de trabajo. Además: coordinación entre empresas que coinciden en un centro (art. 24), trabajadores especialmente sensibles (art. 25), maternidad (art. 26, con suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses), menores de dieciocho años (art. 27) y temporales y de ETT (art. 28, con la empresa usuaria responsable de las condiciones de ejecución del trabajo).

Obligaciones de los trabajadores (art. 29): cada uno debe velar por su propia seguridad y salud y por la de quienes puedan verse afectados por su actividad. En particular: usar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias y equipos de transporte; usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o al servicio de prevención de cualquier situación de riesgo; contribuir al cumplimiento de lo que ordene la autoridad competente; y cooperar con el empresario. Para un funcionario, incumplirlas es falta según su régimen disciplinario (art. 29.3).

Servicios de prevención (capítulo IV). El empresario designa uno o varios trabajadores, constituye un servicio de prevención propio o lo concierta con una entidad especializada ajena (art. 30.1). Los trabajadores designados no pueden sufrir perjuicio por esa labor, tienen garantías similares a las de los representantes y deben guardar sigilo. En empresas de hasta diez trabajadores, o hasta 25 con un único centro de trabajo, el empresario puede asumir personalmente la prevención si trabaja habitualmente en el centro y tiene la capacidad necesaria (art. 30.5); quien no concierte un servicio ajeno debe someter su sistema a auditoría externa (art. 30.6). Servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales para las actividades preventivas (art. 31.2); asesora en el plan de prevención, la evaluación, la planificación, la información y formación, los primeros auxilios y planes de emergencia y la vigilancia de la salud (art. 31.3); es interdisciplinario, y las entidades especializadas necesitan una acreditación de la autoridad laboral única y válida en toda España (art. 31.5). Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no pueden actuar como servicio de prevención ajeno (art. 32). Los recursos preventivos deben estar presentes en el centro cuando concurran operaciones que agraven los riesgos, en actividades reglamentariamente peligrosas o cuando lo requiera la Inspección (art. 32 bis). El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997) concreta cuatro modalidades (art. 10) y obliga a tener servicio propio con más de 500 trabajadores, o entre 250 y 500 si la actividad está en su anexo I (art. 14); ese servicio debe tener al menos dos de las cuatro especialidades: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada (arts. 15 y 34).

Claves para el examen

• LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre; traspone la Directiva marco 89/391/CEE.
• Sus normas laborales son Derecho necesario mínimo indisponible: los convenios las mejoran, no las rebajan (art. 2.2).
• Se aplica también a funcionarios y personal estatutario: la Administración es el «empresario» (art. 3.1).
• Excluidas solo si sus particularidades lo impiden: policía, protección civil y peritaje forense en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y Fuerzas Armadas (art. 3.2).
• Gravedad del riesgo = probabilidad del daño + severidad, valoradas conjuntamente (art. 4.2).
• Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación usada en el trabajo (art. 4.6).
• La Inspección de Trabajo puede ordenar la paralización inmediata ante riesgo grave e inminente (art. 9.1.f).
• Comisión Nacional: cada Administración, un voto; cada representante empresarial o sindical, dos (art. 13.4).
• El coste de la prevención nunca recae sobre los trabajadores (art. 14.5).
• Nueve principios de la acción preventiva, entre ellos anteponer la protección colectiva a la individual (art. 15).
• Paralización acordada por los representantes: la autoridad laboral la anula o ratifica en 24 horas (art. 21.3).
• Vigilancia de la salud: voluntaria salvo las excepciones del art. 22.1.
• Se documentan los accidentes con incapacidad superior a un día de trabajo (art. 23.1.e).
• El empresario puede asumir la prevención con hasta 10 trabajadores, o hasta 25 con un único centro (art. 30.5).
• Servicio de prevención propio obligatorio con más de 500 trabajadores, o 250-500 con actividades del anexo I (RD 39/1997, art. 14).

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