⚖️ Tema 7: Ley 8/2011 de igualdad y contra la violencia de género en Extremadura

Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz (CPEI) · Conductor/a Bombero/a

Resumen

Este tema es la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, publicada en el DOE núm. 59 de 25/03/2011 y en el BOE núm. 88 de 13/04/2011 (BOE-A-2011-6651). En vigor desde el 26/03/2011, el texto consolidado del BOE (consultado el 04/10/2026) no recoge ninguna modificación posterior: se estudia el texto original. Tiene un título preliminar y seis títulos (106 artículos). El epígrafe de las bases solo pide tres bloques: las disposiciones generales (título preliminar, arts. 1-4), la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas (título II, arts. 21-32) y, dentro del título IV de violencia de género, su capítulo II, «Derechos de las mujeres en situaciones de violencia de género a la atención integral y efectiva» (arts. 78-83).

Objeto y ámbito (arts. 1 y 2). La ley quiere hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en Extremadura y combatir de modo integral la violencia de género. Para ello fija los principios de actuación de los poderes públicos, regula medidas y recursos para la igualdad efectiva y establece medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, reconociendo a las mujeres que la sufren y a su núcleo familiar derechos de atención, asistencia, protección y recuperación integral. Se aplica en el territorio de Extremadura a personas físicas y jurídicas y, en los términos de la ley, a la Junta y sus organismos y empresas; a las entidades locales, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades en las que sea mayoritaria su representación directa (aquí entra un consorcio provincial como el CPEI); a la Universidad de Extremadura; a las entidades educativas y de formación; y a las entidades privadas que contraten con las Administraciones extremeñas o reciban sus ayudas o subvenciones.

Principios generales (art. 3), que son dieciocho. Los que más caen: la igualdad de trato (prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo); la igualdad de oportunidades; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la eliminación de roles y estereotipos; el reconocimiento de la maternidad como valor social; la corresponsabilidad, entendida como reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes; la acción positiva (medidas específicas a favor de las mujeres para corregir desigualdades de hecho patentes, aplicables mientras subsistan esas situaciones y que han de ser razonables y proporcionadas); el uso no sexista del lenguaje; la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y en todas sus fases (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación); la interseccionalidad (tener en cuenta la interacción entre el género y otros factores de discriminación); la representación equilibrada; la atención especial a las mujeres del medio rural; y la proximidad y celeridad en la intervención ante la violencia de género.

Definiciones (art. 4). Discriminación directa: la persona que, por su sexo, es, ha sido o podría ser tratada de manera menos favorable que otra en situación homóloga. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pone a las personas de un sexo en desventaja particular, salvo que se justifique objetivamente por una finalidad legítima con medios necesarios y adecuados. Cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o la paternidad es discriminación directa por razón de sexo. Representación equilibrada: cada sexo ni supera el 60 % ni baja del 40 %. Violencia de género (remitiéndose a la LO 1/2004): la que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Acoso sexual: comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual que atenta contra la dignidad, en particular creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; acoso por razón de sexo: comportamiento relacionado con el sexo de una persona con ese mismo propósito o efecto. Condicionar un derecho a aceptar un acoso es discriminación por razón de sexo. El uso no sexista del lenguaje consiste en usar expresiones correctas que no invisibilicen el femenino ni lo dejen en un plano secundario.

Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas (título II, capítulo I). Transversalidad (art. 21): los poderes públicos extremeños incorporan la igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de normas, políticas y actividades. Interseccionalidad (art. 22): se integra en las políticas públicas y permite acciones positivas prioritarias para colectivos donde confluyen varios factores de discriminación (hábitat, orientación sexual, discapacidad, etapa vital, etnia y raza, condición migratoria, salud mental, privación de libertad, drogodependencia). Evaluación del impacto de género (art. 23): todo proyecto de ley del Consejo de Gobierno lleva un informe de impacto por razón de género; si falta, o si es una propuesta de ley presentada en la Asamblea, esta pide su remisión a la Junta, que dictamina en el plazo de un mes; también lo necesitan los reglamentos y planes del Consejo de Gobierno, y el informe va acompañado de indicadores pertinentes en género y de medidas para neutralizar impactos negativos. El proyecto de norma se acompaña de una memoria explicativa de igualdad (art. 24). La Junta aprueba cada cuatro años el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a propuesta de la Consejería competente y con dictamen del Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres (art. 25). El presupuesto lleva informe de impacto de género de la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos (art. 26).

Lenguaje, estadística y medidas de la Junta (arts. 27-32). Los poderes públicos deben hacer un uso no sexista del lenguaje en el ámbito administrativo, y los medios de comunicación públicos o subvencionados están obligados a ello; el control corresponde a la Consejería competente en asuntos de Presidencia (art. 27). En estadísticas y encuestas se incluye sistemáticamente la variable sexo, con indicadores de género y análisis de resultados desde esa dimensión (art. 28). El capítulo II del título II obliga a la Junta a garantizar la representación equilibrada en el nombramiento de órganos directivos y en los órganos colegiados, excluyendo del cómputo a quienes formen parte de ellos por su cargo (art. 29); a promover la igualdad en la contratación pública, con preferencia en caso de empate para empresas con medidas de igualdad (art. 30); a valorar la igualdad en las bases de las subvenciones y retirar las ayudas de empleo, con exclusión automática durante seis meses, a empresas sancionadas en firme por discriminación (art. 31); y a incluir en los temarios de acceso al empleo público de la Junta materias de normativa de igualdad y violencia de género, formar a su personal y garantizar jurados equilibrados (art. 32).

Derechos a la atención integral y efectiva (título IV, capítulo II). La Junta presta una atención real y efectiva a las mujeres víctimas de violencia de género o en riesgo de padecerla; es integral en los términos de la LO 1/2004 y le corresponde la asistencia y asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria incluida la atención psicológica especializada, y medidas sociales, económicas y laborales para su recuperación (art. 78). Para acceder a estos derechos son medios de prueba calificados: el informe del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), la sentencia de cualquier orden jurisdiccional que declare la violencia, aunque no sea firme, y la orden de protección vigente (art. 79). Protección efectiva (art. 80): atención específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, también en emergencias; acceso a residencias o centros de acogida; y vigilancia del cumplimiento de las medidas judiciales. Atención sanitaria (art. 81): el Servicio Extremeño de Salud aplica un protocolo de atención en todos los niveles, y los dispositivos terapéuticos de la Red prestan atención psicológica a las mujeres, a sus hijos e hijas y a los menores víctimas.

Asistencia jurídica y atención social (arts. 82 y 83). Las víctimas deben recibir información sobre sus derechos, en especial la asistencia y defensa gratuita de los Colegios de Abogados; la Junta garantiza la orientación jurídica con abogados formados en violencia de género; tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en los términos de la legislación vigente; el IMEX, a través de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género, asegura la asistencia jurídica en todo el territorio; los menores perjudicados por la muerte de la madre tienen los mismos derechos; y en los delitos más graves la Junta puede personarse ejerciendo la acción popular. En lo social, las Administraciones facilitan el acceso a la vivienda, la protección en el ámbito laboral, las ayudas económicas y las ayudas escolares para hijos e hijas; se asegura la escolarización inmediata del alumnado que cambie de centro por violencia de género o acoso escolar; y para medir la necesidad económica solo cuentan las rentas o ingresos personales de la mujer solicitante (art. 83).

Claves para el examen

• Ley 8/2011, de 23 de marzo; DOE núm. 59 de 25/03/2011; sin modificaciones en el texto consolidado del BOE.
• Se aplica también a los consorcios de entidades locales donde estas tengan mayoría (art. 2.3.b).
• Representación equilibrada: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 % (art. 4.4).
• Trato desfavorable por embarazo, maternidad o paternidad = discriminación directa (art. 4.3).
• Violencia de género: pareja o expareja, aun sin convivencia (art. 4.5, con la LO 1/2004).
• Acción positiva: mientras subsista la desigualdad, de forma razonable y proporcionada (art. 3.8).
• Interseccionalidad: interacción del género con otros factores de discriminación (arts. 3.11 y 22).
• Proyectos de ley con informe de impacto de género; si falta, la Junta dictamina en un mes (art. 23.2).
• Plan Estratégico para la Igualdad cada cuatro años (art. 25).
• El lenguaje no sexista lo controla la Consejería competente en asuntos de Presidencia (art. 27.4).
• Empresas sancionadas en firme por discriminación: sin ayudas de empleo durante seis meses (art. 31.2).
• Los temarios de acceso al empleo público de la Junta incluyen igualdad y violencia de género (art. 32.1).
• Prueba de la violencia: informe del IMEX, sentencia aunque no sea firme u orden de protección vigente (art. 79).
• Atención sanitaria con atención psicológica especializada para la mujer y sus hijos e hijas (arts. 78 y 81).
• Necesidad económica: solo cuentan las rentas de la mujer solicitante (art. 83.5).

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