🧑‍💼 Tema 12: Personal de las entidades locales: EBEP, situaciones y régimen disciplinario

Ayuntamiento de Sevilla · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a

Resumen

Es el tema 12 de la parte I del anexo IV: el personal al servicio de las entidades locales. Combina tres normas: el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), el art. 92 de la Ley 7/1985 (LBRL) y la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. Del TREBEP solo entran los artículos que cita el epígrafe: 3, 8 a 12, 14, 15, 52 a 56, 60, 61, el Título VI (situaciones administrativas) y el Título VII (régimen disciplinario). Es la norma que regulará tu vida como bombero funcionario del Ayuntamiento de Sevilla.

Normativa aplicable. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local; las Policías Locales, además, por la Ley Orgánica 2/1986 (art. 3 TREBEP). La LBRL añade que los funcionarios locales se rigen, en lo que ella no diga, por el Estatuto Básico y la restante legislación estatal y autonómica (art. 92.1); que, con carácter general, los puestos de la Administración local y sus organismos autónomos los desempeña personal funcionario (art. 92.2); y que corresponden exclusivamente a funcionarios de carrera las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, y las que impliquen ejercicio de autoridad (art. 92.3). En Andalucía, la Ley 5/2023 se aplica también al personal de las Administraciones locales andaluzas y sus entidades dependientes, «con respeto en todo caso a la autonomía local y a la legislación básica estatal» (art. 3.1.d).

Clases de empleados públicos (arts. 8-12 TREBEP). Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones al servicio de los intereses generales: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. El funcionario de carrera está vinculado por una relación estatutaria de Derecho Administrativo para servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, y solo él ejerce las potestades públicas (art. 9). El interino se nombra por razones justificadas de necesidad y urgencia: plazas vacantes (máximo tres años), sustitución transitoria, programas temporales (tres años, ampliables doce meses) o exceso o acumulación de tareas (nueve meses en un periodo de dieciocho) (art. 10). El laboral presta servicios por contrato de trabajo formalizado por escrito (art. 11). El eventual solo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, se nombra y cesa libremente y cesa siempre que cesa la autoridad a la que asesora; ese tiempo no es mérito para acceder a la función pública (art. 12).

Derechos (arts. 14 y 15). Individuales (art. 14): inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, desempeño efectivo de las funciones, progresión en la carrera, retribuciones, participar en los objetivos de la unidad, defensa jurídica y protección de la Administración, formación continua «preferentemente en horario laboral», respeto a la intimidad (también frente a la videovigilancia y la geolocalización) y desconexión digital, no discriminación, conciliación, libertad de expresión, seguridad y salud en el trabajo, vacaciones, descansos, permisos y licencias, jubilación, prestaciones de Seguridad Social y libre asociación profesional. Individuales ejercidos colectivamente (art. 15): libertad sindical, negociación colectiva, huelga con garantía de servicios esenciales, planteamiento de conflictos colectivos y reunión.

Deberes y Código de Conducta (arts. 52-54). Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres (art. 52). Principios éticos (art. 53): respetar la Constitución, perseguir los intereses generales, no discriminar, abstenerse en asuntos con interés personal, no aceptar tratos de favor, actuar con eficacia y diligencia, guardar secreto. Principios de conducta (art. 54): tratar con atención y respeto, cumplir la jornada, obedecer las órdenes de los superiores salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento (que se comunica a los órganos de inspección), informar a los ciudadanos, administrar los recursos con austeridad, rechazar regalos que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, conservar los documentos, mantener actualizada la formación, observar las normas de seguridad y salud laboral y atender en la lengua oficial que solicite el ciudadano.

Selección (arts. 55, 56, 60 y 61). Acceso conforme a igualdad, mérito y capacidad, con publicidad de convocatorias y bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación de las pruebas a las funciones y agilidad (art. 55). Requisitos generales: nacionalidad española (con las excepciones del art. 57), capacidad funcional, tener cumplidos dieciséis años y no exceder la edad de jubilación forzosa (solo por ley puede fijarse otra edad máxima), no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado y tener la titulación exigida (art. 56). Los órganos de selección son colegiados, imparciales y profesionales, tienden a la paridad entre mujeres y hombres y no pueden formar parte de ellos el personal de elección o designación política, los interinos ni los eventuales; se pertenece a título individual (art. 60). Los procesos son abiertos y de libre concurrencia; las pruebas pueden incluir conocimientos, ejercicios prácticos y pruebas físicas; la valoración de méritos solo tiene una puntuación proporcionada que nunca decide sola el resultado; los sistemas son la oposición, el concurso-oposición y, excepcionalmente por ley, el concurso de méritos (art. 61).

Situaciones administrativas (Título VI, arts. 85-92). El funcionario de carrera puede estar en servicio activo, servicios especiales (por ejemplo, al ser nombrado miembro del Gobierno o alto cargo, o elegido diputado o senador con retribución), servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones (art. 85). Modalidades de excedencia: voluntaria por interés particular (cinco años de servicios previos), voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares (hasta tres años, con reserva del puesto al menos durante dos años), por violencia de género o violencia sexual y por violencia terrorista (art. 89). La suspensión firme priva del ejercicio de las funciones; si supera seis meses se pierde el puesto, y la suspensión firme por sanción no puede exceder de seis años (art. 90). El personal laboral se rige en esta materia por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios, que pueden aplicarle las situaciones del Título VI en lo que sean compatibles (art. 92).

Régimen disciplinario (Título VII, arts. 93-98). Se aplica a funcionarios y laborales; responde también quien induce a cometer una falta o encubre una muy grave o grave que cause daño grave (art. 93). Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; si hay indicios de delito se suspende el expediente y se pasa al Ministerio Fiscal (art. 94). Las faltas son muy graves, graves y leves; entre las muy graves están el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales, la publicación indebida de información, la desobediencia abierta a órdenes legales o el uso indebido de la condición de funcionario (art. 95). Sanciones: separación del servicio (solo por faltas muy graves), despido disciplinario del laboral, suspensión firme de funciones hasta seis años, traslado forzoso, demérito y apercibimiento (art. 96). Prescripción: faltas muy graves 3 años, graves 2 y leves 6 meses; sanciones por muy graves 3 años, graves 2 y leves 1 (art. 97). Las faltas muy graves y graves exigen procedimiento previo con fase instructora y sancionadora separadas; las leves, procedimiento sumario con audiencia; la suspensión provisional cautelar no pasa de seis meses salvo paralización imputable al interesado (art. 98).

Claves para el examen

• El personal funcionario local se rige por la legislación estatal (incluido el TREBEP) y la autonómica, con respeto a la autonomía local (art. 3 TREBEP).
• Los puestos de la Administración local los desempeña, con carácter general, personal funcionario (art. 92.2 LBRL).
• Funciones con potestades públicas o ejercicio de autoridad: exclusivas de funcionarios de carrera (art. 92.3 LBRL y art. 9.2 TREBEP).
• La Ley 5/2023 andaluza se aplica al personal local con respeto a la autonomía local (art. 3.1.d).
• Cuatro clases: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual (art. 8.2).
• Interino en plaza vacante: fin de la interinidad a los tres años (art. 10.4).
• El eventual cesa siempre que cesa la autoridad a la que asesora (art. 12.3).
• Formación continua preferentemente en horario laboral (art. 14.g).
• Derechos ejercidos colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos y reunión (art. 15).
• Órdenes que sean infracción manifiesta del ordenamiento: no se cumplen y se comunican a inspección (art. 54.3).
• Requisito de edad: dieciséis años cumplidos y no superar la jubilación forzosa (art. 56.1.c).
• No forman parte de los tribunales: cargos políticos, interinos y eventuales (art. 60.2).
• Situaciones: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones (art. 85).
• Separación del servicio: solo por faltas muy graves; suspensión firme hasta seis años (art. 96).
• Prescripción de faltas: 3 años, 2 años y 6 meses; de sanciones: 3, 2 y 1 año (art. 97).

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