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🔐 Tema 11: Protección de datos y derechos digitales (LO 3/2018)

Ayuntamiento de Sevilla · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a

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Epígrafe oficial

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 a 3). Principios de protección de datos (artículos 4 al 10, ambos inclusive). Derechos de las personas (artículos 11 a 18, ambos inclusive). Garantía de los derechos digitales (artículos 79 a 97).

De dónde sale: Anexo IV de las bases, BOP de Sevilla núm. 257 (07/11/2023) (Bases específicas del último proceso: BOP de Sevilla núm. 257, 07/11/2023 (CVE BOP-SE-2023-257038)).

Resumen

Es el tema 11 de la parte I del anexo IV. El epígrafe de Sevilla se limita a cuatro bloques de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): objeto y ámbito (arts. 1 a 3), principios (arts. 4 a 10), derechos de las personas (arts. 11 a 18) y garantía de los derechos digitales (Título X, arts. 79 a 97). No entran la videovigilancia del art. 22, el delegado de protección de datos, la Agencia ni el régimen sancionador.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) tiene dos objetos (art. 1): adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento general de protección de datos (RGPD), y completarlo; y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del art. 18.4 de la Constitución. El derecho fundamental a la protección de datos, amparado por ese art. 18.4, se ejerce con arreglo al RGPD y a esta ley. Tiene 97 artículos en diez títulos; el último, el X, es el de los derechos digitales. Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (disposición final decimosexta).

Ámbito (arts. 2 y 3). Se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. No se aplica a los tratamientos que el propio RGPD excluye, a los datos de personas fallecidas ni a los tratamientos sometidos a la normativa de materias clasificadas. Sobre los fallecidos hay una regla propia: las personas vinculadas por razones familiares o de hecho y los herederos pueden pedir al responsable el acceso a los datos y, en su caso, su rectificación o supresión, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley; esa prohibición no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial.

Principios (título II, arts. 4 a 10). Exactitud: los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. Confidencialidad: responsables, encargados y todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento están sujetos al deber de confidencialidad, que se mantiene aunque termine su relación con el responsable o el encargado (art. 5). Consentimiento: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el afectado acepta el tratamiento mediante una declaración o una clara acción afirmativa (art. 6). Menores: el tratamiento solo puede fundarse en el consentimiento del menor cuando sea mayor de catorce años; por debajo hace falta el del titular de la patria potestad o tutela (art. 7). Si el tratamiento se basa en una obligación legal o en el ejercicio de poderes públicos, debe preverlo una norma de la Unión Europea o una norma con rango de ley (art. 8).

Datos especialmente protegidos. Para evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para tratar datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico (art. 9.1). Los tratamientos de datos de salud y similares fundados en el Derecho español deben ampararse en una norma con rango de ley (art. 9.2). Los datos relativos a condenas e infracciones penales, para fines distintos de los policiales o judiciales, solo pueden tratarse con amparo en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal (art. 10).

Derechos de las personas (título III, arts. 11 a 18). El responsable puede cumplir el deber de información por capas: una información básica (identidad del responsable, finalidad del tratamiento y posibilidad de ejercer los derechos) y una dirección electrónica u otro medio para acceder al resto (art. 11). Los derechos son los de los arts. 15 a 22 del RGPD: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, además de los relativos a las decisiones individuales automatizadas. Se ejercen directamente o por representante; atenderlos es gratuito; la prueba de haber respondido recae sobre el responsable (art. 12), y los titulares de la patria potestad pueden ejercerlos en nombre de los menores de catorce años. El acceso puede considerarse repetitivo si se ejerce más de una vez en seis meses sin causa legítima (art. 13.3).

Cómo se ejerce cada derecho (arts. 13 a 18). Acceso: si el responsable trata muchos datos, puede pedir al afectado que concrete; el derecho se entiende otorgado si se le da un sistema de acceso remoto, directo y seguro a la totalidad de sus datos; y puede considerarse repetitivo si se ejerce más de una vez en seis meses sin causa legítima (art. 13). Rectificación: hay que indicar qué datos y qué corrección, con la documentación que lo justifique (art. 14). Supresión: conforme al art. 17 del RGPD; si deriva de la oposición a la mercadotecnia directa, el responsable puede conservar los datos identificativos imprescindibles para no volver a enviarla (art. 15). Limitación del tratamiento: debe constar claramente en los sistemas del responsable (art. 16). Portabilidad: conforme al art. 20 del RGPD (art. 17). Oposición y decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles: arts. 21 y 22 del RGPD (art. 18).

Derechos digitales (Título X, arts. 79 a 97). Los derechos y libertades de la Constitución y de los tratados son plenamente aplicables en Internet (art. 79). Se reconocen: neutralidad de Internet, con oferta transparente y sin discriminación técnica o económica (art. 80); acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio, atento a las brechas de género y generacional y al medio rural (art. 81); seguridad digital (art. 82); educación digital (art. 83); protección de los menores en Internet, con intervención del Ministerio Fiscal si se difunden sus imágenes de forma ilegítima (art. 84); rectificación en Internet (art. 85) y actualización de informaciones en medios digitales (art. 86). En el trabajo: intimidad en los dispositivos que da el empleador (art. 87), desconexión digital para trabajadores y empleados públicos (art. 88), intimidad frente a la videovigilancia y la grabación de sonidos, prohibidas siempre en vestuarios, aseos, comedores y lugares de descanso (art. 89), y frente a la geolocalización, con información previa expresa, clara e inequívoca (art. 90); los convenios pueden añadir garantías (art. 91). Además: protección de datos de menores en Internet (art. 92), derecho al olvido en buscadores (art. 93) y en redes sociales, donde lo que uno mismo publicó se suprime a su simple solicitud (art. 94), portabilidad en redes (art. 95), testamento digital (art. 96) y planes públicos de impulso, como el Plan de Acceso a Internet (art. 97).

Claves para el examen

💡 Truco

La edad mágica es el 14: con más de catorce años el menor consiente solo (art. 7). Para el acceso repetitivo, «más de uno en seis meses». Y en el trabajo, «ni cámara ni micro donde te cambias, comes o descansas» (art. 89.2).

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