🏢 Tema 10: Ley 40/2015: órganos, competencia, abstención, sanciones y responsabilidad

Ayuntamiento de Sevilla · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a

Resumen

Es el tema 10 de la parte I del anexo IV: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en los artículos que fija el epígrafe: objeto, ámbito y principios (arts. 1 a 4), órganos administrativos (art. 5), competencia y sus técnicas de alteración (arts. 8 a 13), funcionamiento de los órganos colegiados (arts. 15 a 18), abstención y recusación (arts. 23 y 24), principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31) y principios de la responsabilidad patrimonial (art. 32). La Ley 39/2015 regula cómo se tramita; la Ley 40/2015 regula cómo se organiza la Administración y con qué principios actúa.

Objeto, ámbito y principios (arts. 1-4). La ley regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora y la organización de la Administración General del Estado y su sector público institucional. Su ámbito es el mismo sector público que el de la Ley 39/2015. Art. 3.1: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, y respetan además: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión; planificación y dirección por objetivos; eficacia; economía, suficiencia y adecuación de medios; eficiencia; y cooperación, colaboración y coordinación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos. Art. 4: si limitan derechos o exigen requisitos para una actividad, deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad y evaluar periódicamente sus efectos.

Órganos administrativos (art. 5). Son órganos las unidades administrativas a las que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Para crear un órgano hace falta determinar su integración y dependencia jerárquica, delimitar sus funciones y competencias y dotarlo de créditos; no pueden crearse órganos que dupliquen otros existentes sin suprimir o restringir la competencia de estos.

Competencia y técnicas de alteración (arts. 8-13). La competencia es irrenunciable y la ejerce el órgano que la tiene atribuida, salvo delegación o avocación; la delegación, la encomienda, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad. Si una norma atribuye la competencia a una Administración sin decir el órgano, instruyen y resuelven los inferiores competentes por materia y territorio. Delegación (art. 9): en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en sus organismos públicos; nunca se delegan las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes, las Presidencias autonómicas y sus Asambleas, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto recurrido ni lo que diga una ley; se publica en el boletín oficial correspondiente; lo resuelto por delegación se considera dictado por el delegante; no se delega lo delegado salvo ley. Avocación (art. 10): el superior asume un asunto de un dependiente por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales, mediante acuerdo motivado y notificado, sin recurso. Encomienda de gestión (art. 11): actividades materiales o técnicas, por eficacia o falta de medios, sin cesión de la titularidad. Delegación de firma (art. 12): en los titulares de órganos dependientes, sin alterar la competencia y sin necesidad de publicarse. Suplencia (art. 13): en vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; si no hay suplente designado, lo designa el inmediato superior; tampoco altera la competencia ni se publica.

Órganos colegiados (arts. 15-18). Tienen un Secretario, que puede ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración, y vela por la legalidad formal y material, certifica las actuaciones y garantiza las reglas de constitución y adopción de acuerdos (art. 16). Pueden constituirse, convocarse, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas presencialmente o a distancia (correo electrónico, audioconferencia, videoconferencia) salvo que su reglamento lo excluya. Quórum: asistencia del Presidente y del Secretario (o sus suplentes) y de la mitad, al menos, de sus miembros; no puede tratarse ningún asunto fuera del orden del día salvo que estén todos los miembros y lo declaren urgente por mayoría; los acuerdos se adoptan por mayoría de votos (art. 17). De cada sesión, el Secretario levanta acta con los asistentes, el orden del día, lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y los acuerdos; las sesiones pueden grabarse; el acta puede aprobarse en la misma reunión o en la siguiente (art. 18).

Abstención y recusación (arts. 23-24). Deben abstenerse y comunicarlo a su superior inmediato las autoridades y el personal en quienes concurra: interés personal en el asunto, ser administrador de una sociedad interesada o tener litigio pendiente con un interesado; matrimonio o situación asimilable o parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados, sus administradores, asesores o representantes; amistad íntima o enemistad manifiesta; haber intervenido como perito o testigo; o tener relación de servicio con un interesado o haberle prestado servicios profesionales en los dos últimos años. Actuar pese a un motivo de abstención no implica necesariamente la invalidez del acto, pero da lugar a responsabilidad. La recusación la promueven los interesados por escrito en cualquier momento; el recusado dice al día siguiente si concurre la causa y, si lo niega, el superior resuelve en tres días; no cabe recurso, aunque puede alegarse al recurrir la resolución final.

Potestad sancionadora (arts. 25-31). Legalidad: solo si una norma con rango de ley la reconoce, y la ejercen los órganos que la tengan atribuida; los principios se extienden a la potestad disciplinaria sobre el personal (art. 25). Irretroactividad: se aplican las normas vigentes al cometerse la infracción, salvo que la nueva favorezca al infractor (art. 26). Tipicidad: solo son infracciones las previstas por ley, clasificadas en leves, graves y muy graves; los reglamentos solo especifican o gradúan; prohibida la analogía (art. 27). Responsabilidad: personas físicas y jurídicas responsables a título de dolo o culpa, con reposición de la situación e indemnización (art. 28). Proporcionalidad: nunca privación de libertad; la infracción no puede salir más rentable que cumplir; se gradúa por culpabilidad o intencionalidad, continuidad, naturaleza de los perjuicios y reincidencia en un año (art. 29). Prescripción, si la ley no dice otra cosa: infracciones muy graves a los tres años, graves a los dos y leves a los seis meses; sanciones por muy graves a los tres años, graves a los dos y leves al año (art. 30). Non bis in idem: no se sanciona lo ya sancionado penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31).

Responsabilidad patrimonial (art. 32). Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Que un acto se anule no da derecho por sí solo a indemnización. También responde el Estado legislador en los casos del art. 32.3 a 32.6. Es importante para un bombero: los daños de una actuación del servicio de extinción se rigen por este principio objetivo, responda o no a un funcionamiento anormal.

Claves para el examen

• Principios del art. 3.1: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, más la lista de las letras a) a k).
• Art. 4: proporcionalidad y medida menos restrictiva.
• La competencia es irrenunciable (art. 8.1).
• No delegables: relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes y CCAA; disposiciones generales; recursos en el órgano autor del acto (art. 9.2).
• Las delegaciones se publican; lo resuelto por delegación se entiende dictado por el delegante (art. 9.3 y 9.4).
• Avocación: acuerdo motivado, notificado y sin recurso (art. 10.2).
• Encomienda de gestión: actividades materiales o técnicas, sin ceder la titularidad (art. 11).
• Delegación de firma y suplencia: no alteran la competencia ni necesitan publicación (arts. 12 y 13).
• Quórum de un órgano colegiado: Presidente, Secretario y la mitad, al menos, de los miembros (art. 17.2).
• Abstención por parentesco: consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo (art. 23.2.b).
• Recusación: el recusado responde al día siguiente; el superior resuelve en tres días (art. 24).
• Potestad sancionadora: solo si la reconoce una norma con rango de ley (art. 25.1).
• Retroactividad de la norma sancionadora más favorable (art. 26.2).
• Prescripción supletoria de infracciones: 3 años, 2 años y 6 meses; de sanciones: 3, 2 y 1 año (art. 30.1).
• Responsabilidad patrimonial: funcionamiento normal o anormal; daño efectivo, evaluable e individualizado (art. 32).

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