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📨 Tema 7: Ley 39/2015 (I): interesados, derechos, registros y plazos

Ayuntamiento de Sevilla · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a

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Epígrafe oficial

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 y 2). Interesado en el procedimiento administrativo y representación (artículos 4 y 5). Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (artículo 13). Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (artículo 14). Registros (artículo 16). Archivo de documentos (artículo 17). Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas (artículo 27). Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo (artículo 28). Términos y plazos (artículos 29 a 33, ambos inclusive).

De dónde sale: Anexo IV de las bases, BOP de Sevilla núm. 257 (07/11/2023) (Bases específicas del último proceso: BOP de Sevilla núm. 257, 07/11/2023 (CVE BOP-SE-2023-257038)).

Resumen

Es el tema 7 de la parte I del anexo IV y la primera de tres partes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El epígrafe acota los artículos: objeto y ámbito (1 y 2), interesado y representación (4 y 5), derechos de las personas (13), relación electrónica (14), registros (16), archivo (17), copias (27), documentos aportados (28) y términos y plazos (29 a 33). El tribunal de Sevilla pregunta el número y la letra exactos, así que conviene saberse los plazos de memoria.

Objeto y ámbito (arts. 1 y 2). La ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo por ley, de forma motivada y cuando sea eficaz, proporcionado y necesario, pueden añadirse trámites distintos; por reglamento solo especialidades (órganos, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes). Se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones autonómicas, entidades de la Administración Local y sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas solo se rigen por lo que la ley les diga y cuando ejerzan potestades administrativas; las universidades públicas, por su normativa y supletoriamente por la ley; las corporaciones de derecho público, igual en sus funciones públicas.

Interesado y representación (arts. 4 y 5). Son interesados: a) quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) quienes, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados; c) quienes tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados y se personen mientras no haya resolución definitiva. Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca; si la condición deriva de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede en ella. Representación: hay que acreditarla para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir y renunciar; para los actos de mero trámite se presume. Se acredita por cualquier medio válido, por apoderamiento apud acta (presencial o electrónico) o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos; si falta o es insuficiente, se concede un plazo de diez días (o superior) para subsanar.

Derechos de las personas (art. 13): comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; usar las lenguas oficiales en su comunidad; acceder a la información pública, archivos y registros según la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia; exigir responsabilidades; obtener y usar medios de identificación y firma electrónica; y la protección de sus datos. Relación electrónica (art. 14): las personas físicas pueden elegir y cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente o no, salvo que estén obligadas; están obligados siempre las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una profesión de colegiación obligatoria en los trámites de esa actividad (incluidos notarios y registradores), los representantes de un obligado y los empleados públicos en trámites por razón de su condición. Por reglamento se puede obligar a colectivos de personas físicas que tengan acceso a los medios electrónicos.

Registros y archivo (arts. 16 y 17). Cada Administración tendrá un Registro Electrónico General; cada asiento recoge número, epígrafe, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, órgano remitente y destinatario, y se emite automáticamente un recibo (copia autenticada con fecha, hora y número de entrada). Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración destinataria o de cualquier otra del art. 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las normas. Lo presentado en papel se digitaliza y se devuelve el original. Cada Administración mantendrá un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados, en formatos que garanticen autenticidad, integridad y conservación y con las medidas del Esquema Nacional de Seguridad.

Copias y documentos (arts. 27 y 28). Cada Administración determina qué órganos expiden copias auténticas, que pueden hacer funcionarios habilitados o una actuación administrativa automatizada; las copias auténticas tienen la misma validez y eficacia que los originales, y valen en las demás Administraciones; las de documentos privados solo surten efectos administrativos. Los interesados deben aportar los datos y documentos exigidos y pueden aportar otros, pero tienen derecho a no aportar documentos que ya tenga la Administración o hayan sido elaborados por cualquier Administración (salvo oposición, que no cabe en procedimientos sancionadores o de inspección). Los informes preceptivos de otro órgano deben remitirse en diez días. No se exigen originales salvo que la norma lo diga con carácter excepcional, ni datos que no exija la normativa o que ya se hayan aportado a cualquier Administración.

Términos y plazos (arts. 29-33). Obligan a la Administración y a los interesados. Plazos por horas: son hábiles todas las horas de un día hábil, se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto, y no pueden pasar de 24 horas (si no, se expresan en días). Por días: son hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos; se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación; si son naturales, la notificación debe decirlo. Por meses o años: desde el día siguiente, y vencen el mismo día del mes o año de vencimiento; si no existe día equivalente, el último día del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente; si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil. Registro electrónico: abierto los 365 días las 24 horas; lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente. Ampliación (art. 32): de oficio o a petición, no más de la mitad del plazo, antes de que venza y sin recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y tampoco tiene recurso.

Claves para el examen

💡 Truco

«Mitad y mitad»: la ampliación (art. 32) da como máximo la MITAD más y la urgencia (art. 33) deja los plazos en la MITAD, pero nunca toca solicitudes ni recursos. Y el «sábado fuera»: desde la Ley 39/2015 el sábado es inhábil.

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