👑 Tema 2: Constitución (II): Corona, Cortes, Gobierno y Poder Judicial

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Resumen

Es el tema 2 de la parte I del anexo IV. Abarca la Monarquía parlamentaria (art. 1.3), la Corona (Título II, arts. 56-65), las Cortes Generales solo en su capítulo I del Título III («De las Cámaras», arts. 66-80), el Gobierno y la Administración (Título IV, arts. 97-107) y el Poder Judicial (Título VI, arts. 117-127). No entran la elaboración de las leyes (capítulo II del Título III) ni las relaciones entre el Gobierno y las Cortes (Título V: cuestión de confianza y moción de censura).

Monarquía parlamentaria y Corona. «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria» (art. 1.3): el Rey reina pero no gobierna, y sus actos necesitan refrendo. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos los refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los ministros competentes, y la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso (arts. 56.3 y 64). Responden de los actos del Rey quienes los refrendan. Sin refrendo solo actúa en lo del art. 65: reparte libremente la cantidad global de los Presupuestos para su Familia y Casa y nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa.

Sucesión y Regencia. La Corona es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón; orden de primogenitura y representación: la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad (art. 57.1). El heredero es Príncipe de Asturias (art. 57.2); si se extinguen todas las líneas, proveen las Cortes Generales (art. 57.3); las abdicaciones y renuncias se resuelven por ley orgánica (art. 57.5). La Reina consorte o el consorte de la Reina no asumen funciones constitucionales, salvo la Regencia (art. 58). Si el Rey es menor, ejerce la Regencia el padre o la madre y, si no, el pariente mayor de edad más próximo; si no hay nadie, la nombran las Cortes y la forman una, tres o cinco personas; para ser regente hay que ser español y mayor de edad (art. 59). El Rey jura ante las Cortes Generales (art. 61). Funciones del art. 62: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar referéndum, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las Fuerzas Armadas, derecho de gracia (que no autoriza indultos generales) y Alto Patronazgo de las Reales Academias. Además acredita embajadores, manifiesta el consentimiento en los tratados y, previa autorización de las Cortes, declara la guerra y hace la paz (art. 63).

Cortes Generales, capítulo I (arts. 66-80). Representan al pueblo español, están formadas por el Congreso y el Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan al Gobierno y son inviolables (art. 66). Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de diputado; no hay mandato imperativo (art. 67). Congreso: entre 300 y 400 diputados, circunscripción provincial, Ceuta y Melilla con un diputado cada una, representación proporcional y 4 años de mandato (art. 68). Senado, Cámara de representación territorial: 4 senadores por provincia; en las islas, 3 a Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y 1 a Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3, tras la reforma de 2026); 2 a Ceuta y 2 a Melilla; y cada Comunidad Autónoma designa uno más otro por cada millón de habitantes (art. 69).

Estatuto de los parlamentarios y funcionamiento. Inviolabilidad por las opiniones en el ejercicio de sus funciones e inmunidad (solo detenidos en flagrante delito y sin procesamiento sin autorización de la Cámara, el suplicatorio); en sus causas es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71). Los Reglamentos de las Cámaras se aprueban en votación final de totalidad por mayoría absoluta y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso (art. 72). Dos periodos ordinarios de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio; extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de una Cámara (art. 73). Funcionan en Pleno y en Comisiones, que pueden recibir delegación legislativa salvo reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos (art. 75). Comisiones de investigación con comparecencia obligatoria (art. 76). Diputación Permanente de al menos 21 miembros (art. 78). Para acordar hace falta la asistencia de la mayoría de los miembros y la mayoría de los presentes; el voto es personal e indelegable (art. 79). Los plenos son públicos (art. 80).

Gobierno (Título IV). Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97). Lo forman el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que diga la ley (art. 98). Investidura (art. 99): el Rey, tras consultar a los grupos, propone un candidato a través del Presidente del Congreso; hace falta mayoría absoluta y, si no, 48 horas después basta la mayoría simple; si en dos meses desde la primera votación nadie la obtiene, el Rey disuelve ambas Cámaras con el refrendo del Presidente del Congreso. Los ministros los nombra y separa el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento del Presidente, y sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo (art. 101). La responsabilidad criminal de sus miembros se exige ante la Sala de lo Penal del Supremo; por traición o delitos contra la seguridad del Estado solo a iniciativa de la cuarta parte del Congreso y con mayoría absoluta, y sin indulto (art. 102).

Administración (arts. 103-107). Sirve con objetividad los intereses generales con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; acceso a la función pública por mérito y capacidad (art. 103). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo dependencia del Gobierno, protegen los derechos y libertades y la seguridad ciudadana (art. 104). La ley regula la audiencia de los ciudadanos, el acceso a archivos y registros y el procedimiento administrativo (art. 105). Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa, y los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor (art. 106). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107).

Poder Judicial (Título VI). La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; la jurisdicción es exclusiva de juzgados y tribunales y la unidad jurisdiccional es la base de su organización (art. 117). Es obligado cumplir las sentencias (art. 118); la justicia es gratuita cuando lo diga la ley y siempre para quien acredite insuficiencia de recursos (art. 119); las actuaciones son públicas, el procedimiento predominantemente oral, sobre todo en lo penal, y las sentencias siempre motivadas (art. 120); el error judicial se indemniza a cargo del Estado (art. 121). El CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, lo forman el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado por tres quintos (art. 122). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo garantías constitucionales (art. 123). El Fiscal General lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124). Acción popular y Jurado (art. 125), policía judicial dependiente de jueces, tribunales y fiscales (art. 126), y jueces y fiscales en activo sin cargos públicos ni afiliación a partidos o sindicatos (art. 127).

Claves para el examen

• Art. 1.3: la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
• El Rey: Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera (art. 56.1).
• Refrendo: Presidente del Gobierno y ministros; Presidente del Congreso para investidura y disolución del art. 99 (art. 64).
• Sucesión: en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, el de más edad (art. 57.1).
• Regencia nombrada por las Cortes: una, tres o cinco personas (art. 59.3).
• Congreso: 300-400 diputados, 4 años; Ceuta y Melilla, 1 diputado cada una (art. 68).
• Senado: 4 por provincia; Ceuta y Melilla, 2; CCAA, 1 más 1 por millón de habitantes (art. 69).
• Inmunidad: solo detención en flagrante delito; causas ante la Sala de lo Penal del Supremo (art. 71).
• Periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio (art. 73.1).
• Diputación Permanente: mínimo 21 miembros (art. 78.1).
• Investidura: mayoría absoluta, o simple 48 horas después; dos meses sin investidura, disolución (art. 99).
• Principios de la Administración: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1).
• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (art. 117.1).
• CGPJ: Presidente del TS + 20 miembros por 5 años (art. 122.3).
• Fiscal General: lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4).

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Preguntas de ejemplo del tema 2

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el art. 1.3 de la Constitución, la forma política del Estado español es:

   1. La Monarquía constitucional
   2. La Monarquía parlamentaria
   3. El Estado social y democrático de Derecho
   Ver la respuesta

   b) La Monarquía parlamentaria. Art. 1.3: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». El Estado social y democrático de Derecho es como se constituye España (art. 1.1), no su forma política.

2. Según el art. 71.2 de la Constitución, durante su mandato los diputados y senadores solo podrán ser detenidos:

   1. En caso de flagrante delito
   2. Con orden del Tribunal Supremo
   3. Con autorización del Presidente de su Cámara
   Ver la respuesta

   a) En caso de flagrante delito. Art. 71.2: gozan de inmunidad «y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva». Sus causas las conoce la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3).

3. Según el art. 124.4 de la Constitución, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey:

   1. A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
   2. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno
   3. A propuesta del Congreso, por mayoría de tres quintos
   Ver la respuesta

   a) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Art. 124.4: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial». El Presidente del Tribunal Supremo, en cambio, lo propone el CGPJ (art. 123.2).

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