📜 Tema 1: Constitución (I): derechos y deberes, Tribunal Constitucional y reforma
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La Constitución española (I). España como Estado Social y Democrático de Derecho y los valores superiores del ordenamiento jurídico. Los derechos y deberes fundamentales: Título I de la Constitución española (excluido el capítulo tercero). El Tribunal Constitucional: Título IX de la Constitución española. La reforma constitucional: Título X de la Constitución española.
De dónde sale: Anexo IV de las bases, BOP de Sevilla núm. 257 (07/11/2023) (Bases específicas del último proceso: BOP de Sevilla núm. 257, 07/11/2023 (CVE BOP-SE-2023-257038)).
Resumen
Es el tema 1 de la parte I (materias comunes) del anexo IV de las bases de Sevilla. Abarca cuatro cosas: el art. 1 (Estado social y democrático de Derecho y valores superiores), el Título I (derechos y deberes fundamentales, pero SIN el capítulo III de principios rectores), el Título IX (Tribunal Constitucional) y el Título X (reforma constitucional). La Constitución Española se publicó en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, y entró en vigor ese mismo día (disposición final). Tiene un título preliminar y diez títulos (I a X), 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
Art. 1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (art. 1.1). La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3). «Social» quiere decir que los poderes públicos deben remover los obstáculos a la igualdad real (art. 9.2); «democrático», que el poder viene del pueblo; «de Derecho», que todos están sometidos a la Constitución y a la ley (art. 9.1).
Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10 a 55). Art. 10: la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social; los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España. Capítulo I (arts. 11-13): ningún español de origen puede ser privado de la nacionalidad; mayoría de edad a los 18 años; los extranjeros pueden tener, por tratado o ley y con reciprocidad, sufragio activo y pasivo en las municipales (art. 13.2, reformado en 1992).
Capítulo II, «Derechos y libertades» (arts. 14-38). El art. 14 (igualdad ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia) va solo. Sección 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29): vida e integridad (abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra), libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad (detención preventiva de 72 horas como máximo; habeas corpus), honor e intimidad e inviolabilidad del domicilio, residencia y circulación, expresión, reunión sin autorización previa, asociación (prohibidas las secretas y paramilitares), participación, tutela judicial efectiva, legalidad penal (la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad), educación, sindicación y huelga, y petición (los militares, solo individualmente).
Sección 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38): derecho y deber de defender a España; el art. 30.4, el más nuestro: «Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública»; sistema tributario justo (art. 31), matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32), propiedad y herencia (art. 33), fundaciones (art. 34), deber de trabajar y derecho al trabajo (art. 35), colegios profesionales (art. 36), negociación colectiva y conflicto colectivo (art. 37) y libertad de empresa (art. 38). El capítulo III (arts. 39-52, principios rectores) queda FUERA del epígrafe.
Capítulo IV, garantías (arts. 53-54): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respete su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1). El art. 14, la sección 1.ª y la objeción de conciencia del art. 30 se protegen ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales, regulado por ley orgánica (art. 54). Capítulo V (art. 55): en los estados de excepción o de sitio pueden suspenderse los derechos del art. 55.1, pero en el de excepción nunca el art. 17.3 (información al detenido y asistencia de abogado); una ley orgánica puede suspender de forma individual algunos derechos para investigaciones de bandas armadas o terroristas (art. 55.2).
Título IX, Tribunal Constitucional (arts. 159-165). 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (por mayoría de tres quintos), 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Se eligen entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios y abogados, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio; mandato de 9 años con renovación por terceras partes cada 3; son independientes e inamovibles. El Presidente lo nombra el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por 3 años (art. 160). Conoce del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo y de los conflictos de competencia (art. 161). Legitimados para el recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos y Asambleas de las CCAA; para el amparo, toda persona con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162). Los jueces plantean la cuestión de inconstitucionalidad, sin efectos suspensivos (art. 163). Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares y tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente, sin recurso alguno (art. 164).
Título X, reforma constitucional (arts. 166-169). La iniciativa sigue el art. 87.1 y 2 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA; no la iniciativa popular). Procedimiento ordinario (art. 167): tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión paritaria de diputados y senadores; si aun así no se aprueba, basta la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso; referéndum solo si lo pide, en 15 días, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Procedimiento agravado (art. 168), para la revisión total o la parcial que afecte al título preliminar, a la sección 1.ª del capítulo II del Título I o al Título II: aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación y nuevo texto por dos tercios de las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. No se puede iniciar la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados del art. 116 (art. 169). Reformas hechas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (19/05/2026, circunscripciones de Ibiza y Formentera al Senado).
Cómo pregunta este tribunal: el examen oficial de Sevilla de 2025 cita artículos concretos y números exactos. Los fallos típicos son confundir la mayoría de 3/5 (art. 167) con la de 2/3 (art. 168), los 9 años de mandato del TC con los 5 del CGPJ, o quién propone a los magistrados (el Senado propone 4, no 2). Recuerda también que el amparo cubre los arts. 14 a 29 y el 30.2 (objeción de conciencia), pero no el resto de la sección 2.ª.
Claves para el examen
- Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
- Título I: arts. 10 a 55; el capítulo III (principios rectores) no entra en este tema.
- Mayoría de edad: 18 años (art. 12). Detención preventiva: 72 horas como máximo (art. 17.2).
- Reunión pacífica y sin armas: no necesita autorización previa (art. 21.1).
- Prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (art. 22.5).
- Art. 30.4: deberes de los ciudadanos por ley en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- Amparo: art. 14, sección 1.ª del capítulo II y objeción de conciencia (art. 53.2).
- En estado de excepción nunca se suspende el art. 17.3 (art. 55.1).
- TC: 12 miembros; 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ (art. 159.1).
- TC: 9 años de mandato, renovación por tercios cada 3; Presidente por 3 años (arts. 159.3 y 160).
- Recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, ejecutivos y Asambleas autonómicas (art. 162.1.a).
- Sentencias del TC: cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, sin recurso (art. 164.1).
- Reforma ordinaria: 3/5 de cada Cámara; referéndum si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días (art. 167).
- Reforma agravada: 2/3, disolución de Cortes, 2/3 de las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio (art. 168).
- No hay reforma en guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio (art. 169).
💡 Truco
Tribunal Constitucional, «4-4-2-2 y 9-3-3»: cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del CGPJ; nueve años de mandato, renovación por tercios cada tres y Presidente por tres. Para la reforma, «tres quintos para lo normal, dos tercios para el corazón»: el corazón es el título preliminar, los derechos de la sección 1.ª y la Corona.
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Preguntas de ejemplo del tema 1
Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:
Según el art. 1.1 de la Constitución, ¿qué valores superiores propugna el ordenamiento jurídico español?
- La libertad, la seguridad, la igualdad y el pluralismo político
- La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- La dignidad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político
Ver la respuesta
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Art. 1.1: España «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La dignidad aparece en el art. 10.1 y la solidaridad en el art. 2, pero no como valores superiores.
Según el art. 53.1 de la Constitución, el ejercicio de los derechos del capítulo II del Título I solo puede regularse:
- Por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial
- Por decreto-ley, cuando concurra una necesidad extraordinaria
- Por reglamento del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado
Ver la respuesta
a) Por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Art. 53.1: «Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)».
Una reforma que afecte al Título II (la Corona) exige según el art. 168, tras aprobar el principio por dos tercios de cada Cámara:
- La disolución inmediata de las Cortes, nueva aprobación por dos tercios y referéndum
- Un referéndum solo si lo pide una décima parte de los diputados
- La aprobación por dos tercios del Senado y el dictamen del Consejo de Estado
Ver la respuesta
a) La disolución inmediata de las Cortes, nueva aprobación por dos tercios y referéndum. Art. 168: la revisión total o la parcial que afecte al Título preliminar, a la sección 1.ª del capítulo II del Título I o al Título II exige aprobar el principio por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación y aprobación del nuevo texto por dos tercios de las nuevas Cámaras y referéndum de ratificación (obligatorio). Según el art. 169, tampoco puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante los estados del art. 116.
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