⚖️ Tema 7: Responsabilidad patrimonial de la Administración

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Resumen

La responsabilidad patrimonial es la obligación de la Administración de reparar los daños que causa su actividad. Tiene base constitucional en el art. 106.2 CE: los particulares, en los términos de la ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El art. 149.1.18.ª CE reserva al Estado «el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas», por eso el régimen es el mismo para el Estado, la comunidad autónoma, el Consell de Mallorca o un ayuntamiento. La parte sustantiva está en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (título preliminar, capítulo IV, arts. 32 a 37) y el procedimiento, en la Ley 39/2015 (arts. 65, 67, 81, 91, 92 y 96, entre otros).

Caracteres. Del articulado salen los rasgos que siempre se preguntan: es una responsabilidad objetiva, porque nace del funcionamiento «normal o anormal» de los servicios públicos sin necesidad de culpa (art. 32.1); es directa, porque el perjudicado reclama directamente a la Administración y no al funcionario que causó el daño (art. 36.1); es general o unitaria, porque cubre a todas las Administraciones y se exige por los arts. 32 y siguientes incluso cuando actúan en relaciones de Derecho privado o a través de una entidad privada (art. 35); y busca la reparación integral, con valoración a precios de mercado, actualización e intereses (art. 34).

Requisitos. Hace falta: 1) una lesión, es decir, un daño que el particular no tenga el deber jurídico de soportar (arts. 32.1 y 34.1); 2) que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2); 3) que sea imputable al funcionamiento de un servicio público, con relación de causalidad entre ese funcionamiento y la lesión (la resolución debe pronunciarse sobre ella, art. 91.2 Ley 39/2015); y 4) que no haya fuerza mayor. Ojo: la simple anulación de un acto en vía administrativa o contenciosa no presupone, por sí misma, derecho a indemnización (art. 32.1, párrafo segundo).

Daños indemnizables (art. 34). Solo se indemnizan las lesiones que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. No se indemnizan los daños derivados de hechos que no se pudieron prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica en ese momento (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las ayudas que prevean las leyes. La indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas, ponderando las valoraciones de mercado; en muerte o lesiones corporales se pueden usar como referencia los baremos de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La cuantía se fija al día en que la lesión se produjo y se actualiza hasta el final del procedimiento con el Índice de Garantía de la Competitividad (INE), más los intereses de demora. Puede sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos si hay acuerdo con el interesado.

Responsabilidad del Estado legislador (art. 32.3 a 6): cabe indemnización por actos legislativos no expropiatorios cuando así lo digan esos actos, por leyes declaradas inconstitucionales o por normas contrarias al Derecho de la UE, siempre que el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso en el que alegó esa inconstitucionalidad o infracción. En estos casos son indemnizables los daños de los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta diga otra cosa (art. 34.1). La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia va por la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (art. 32.7).

Concurrencia de Administraciones (art. 33). Si el daño deriva de fórmulas conjuntas de actuación, las Administraciones responden frente al particular de forma solidaria, en todo caso. En otros supuestos de concurrencia se reparte según competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y si no se puede determinar, también es solidaria. La Administración competente consulta a las demás, que tienen 15 días para alegar.

Responsabilidad del personal (arts. 36 y 37). El particular reclama a la Administración; esta, cuando ha indemnizado, exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hayan incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves (acción de regreso), ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el daño. Lo mismo si el personal daña bienes de la propia Administración. Trámites: alegaciones 15 días, prueba 15 días, audiencia 10 días, propuesta en 5 días y resolución en 5 días; la resolución pone fin a la vía administrativa. La vía penal no suspende la patrimonial, salvo que sea necesaria para fijar los hechos.

Procedimiento (Ley 39/2015). El derecho a reclamar prescribe al año del hecho o de la manifestación del efecto lesivo; en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67.1). Si se inicia de oficio, se da a los lesionados 10 días para alegar (art. 65.2). Es preceptivo el informe del servicio causante, en 10 días (art. 81.1), y el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico a partir de 50.000 euros o de la cuantía autonómica (art. 81.2); en Baleares, el Consejo Consultivo dictamina las reclamaciones de más de 30.000 euros, también las presentadas ante los consejos insulares (art. 18.12.a Ley 5/2010). A los seis meses sin resolución, se entiende desestimada (arts. 24.1 y 91.3). Si la causalidad, la valoración y la cuantía son inequívocas, se puede pasar a la tramitación simplificada, que se resuelve en 30 días (art. 96.4 y 6). En el ámbito local resuelven los órganos de la propia entidad (art. 92).

Claves para el examen

• Base constitucional: art. 106.2 CE; competencia estatal: art. 149.1.18.ª CE.
• Régimen sustantivo: Ley 40/2015, arts. 32-37; procedimiento: Ley 39/2015.
• Funcionamiento normal o anormal: responsabilidad objetiva.
• Excluye la fuerza mayor y los daños que hay deber jurídico de soportar.
• Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32.2).
• Anular un acto no presupone, por sí solo, derecho a indemnización.
• No se indemnizan los riesgos del desarrollo (art. 34.1).
• Cuantía al día de la lesión, actualizada con el Índice de Garantía de la Competitividad.
• Fórmulas conjuntas de actuación: responsabilidad solidaria (art. 33.1).
• Se reclama directamente a la Administración, nunca al funcionario (art. 36.1).
• Acción de regreso solo por dolo, o culpa o negligencia graves.
• Prescripción: un año; en daños personales, desde la curación o las secuelas.
• Informe del servicio en 10 días; dictamen desde 50.000 € (en Baleares, más de 30.000 €).
• Seis meses sin resolver: silencio desestimatorio.

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• Ley 40/2015. Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial

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