🏛️ Tema 6: La isla como entidad local: Ley 4/2022 de consejos insulares

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Resumen

La isla es una entidad local territorial, igual que el municipio y la provincia, pero solo en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1.c LBRL). Su base es el art. 141.4 de la Constitución: en los archipiélagos, las islas tienen además su administración propia en forma de cabildos o consejos. La LBRL dice que la isla goza de la misma autonomía que la provincia para gestionar sus intereses (art. 1.2) y que a los consejos insulares de Baleares se les aplican las normas de organización y funcionamiento de las diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias además de las que les da el Estatuto (art. 41.3). En Baleares no hay diputación: su papel lo cumplen los cuatro consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

El Estatuto de Autonomía los configura con doble naturaleza: son las instituciones de gobierno, administración y representación de cada isla y, a la vez, instituciones de la comunidad autónoma (arts. 39 y 61). La norma que los desarrolla es la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares (BOIB núm. 88, de 7 de julio de 2022), que el Estatuto exige aprobar por dos tercios del Parlamento (art. 68 EA) y que entró en vigor al mes de su publicación. Derogó la anterior Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, y la Ley 10/2015 de la Comisión General de Consejos Insulares. La Ley 20/2006, municipal y de régimen local, se les aplica de forma supletoria.

Estructura de la Ley 4/2022: un título preliminar y nueve títulos, con 135 artículos, además de once disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales. Título I, los miembros de los consejos; II, organización; III, sector público instrumental insular; IV, buen gobierno; V, funcionamiento y régimen jurídico; VI, potestad reglamentaria; VII, competencias; VIII, relaciones interadministrativas, y IX, régimen especial de Formentera. Su objeto es fijar el marco jurídico de la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de los consejos y de sus entidades dependientes; el régimen electoral y la financiación se regulan en leyes específicas (art. 1).

Principios fundamentales. El art. 2 recoge la triple condición de los consejos: instituciones de gobierno de cada isla y de sus islas menores adyacentes; instituciones de la comunidad autónoma que participan en sus potestades normativa y ejecutiva, y entidades locales con personalidad jurídica propia y autonomía para gestionar sus intereses, que pueden plantear conflictos en defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional. En sus relaciones con las demás administraciones rigen los principios de lealtad institucional, respeto a la autonomía, colaboración, cooperación y coordinación (art. 117). El catalán, lengua propia, es la lengua de uso normal y general en la administración insular (art. 53). Y el título IV pide buen gobierno: transparencia, participación y un código de conducta para los altos cargos (arts. 48 a 51).

Miembros y órganos. Los consejeros electos tienen un mandato de cuatro años (art. 4); los miembros del consejo ejecutivo que no son electos también son miembros del consejo, pero no del pleno, donde pueden intervenir con voz y sin voto (art. 3.2). Los órganos de gobierno son el pleno, el presidente, el consejo ejecutivo y, en su caso, los vicepresidentes (art. 14.1). Los órganos de administración son los superiores, que son los consejeros ejecutivos, y los directivos: secretarios técnicos, directores insulares y los que diga el reglamento orgánico (art. 14.3 y 4). El reglamento orgánico de cada consejo desarrolla y completa la ley.

El pleno lo forman todos los consejeros electos; es el órgano máximo de representación política, ejerce el superior gobierno y controla la administración insular (art. 15). Se constituye en sesión pública entre los días 21 y 45 desde las elecciones, con una mesa de edad (el electo de más edad, el de menos y el secretario general); si no hay mayoría absoluta, se convoca otra sesión dos días después, válida con cualquier número de presentes (art. 16). Elige al presidente, aprueba presupuestos, reglamento orgánico, planes y símbolos de la isla, entre otras atribuciones; el reglamento orgánico y otros acuerdos del art. 17.2 exigen mayoría absoluta. Controla al gobierno insular mediante moción de censura, cuestión de confianza, debates (al menos dos de política general por mandato), preguntas, mociones, interpelaciones, comisiones de investigación y comparecencias (arts. 57 a 63).

El presidente dirige la acción de gobierno y responde ante el pleno. Pueden ser candidatos los consejeros que encabezaron una lista; necesita mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda, y si en 48 horas desde la primera votación nadie obtiene la confianza, es proclamado quien encabeza la lista más votada (art. 20). Nombra y separa libremente a los miembros del consejo ejecutivo y crea los departamentos por decreto (art. 21). El consejo ejecutivo, formado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros ejecutivos (electos o no), ejerce la función ejecutiva, responde solidariamente ante el pleno y sus miembros trabajan con dedicación exclusiva (arts. 26 y 27). Contra sus actos cabe recurso de alzada ante el pleno (art. 66.2).

Potestad reglamentaria y competencias. Las disposiciones generales del pleno son el reglamento orgánico, los reglamentos ejecutivos, las ordenanzas fiscales y los demás reglamentos (art. 72); se publican íntegramente en el BOIB y los reglamentos ejecutivos entran en vigor a los veinte días, salvo que fijen otra fecha (art. 78). Las competencias de los consejos son propias (las del art. 70 del Estatuto y las que les den las leyes) o delegadas (art. 95); las que se atribuyen por ley del Parlamento se dan, como regla general, a los cuatro consejos a la vez (art. 99). Respecto a los municipios, los consejos coordinan servicios, prestan asistencia jurídica, económica y técnica y garantizan a los municipios de menos de 2.000 habitantes la secretaría y la intervención (art. 102); en los de menos de 20.000 habitantes coordinan o asumen servicios municipales (art. 104).

Relaciones y Formentera. El Gobierno balear puede coordinar a los consejos con audiencia previa cuando se trate de sus competencias propias (art. 123), a través de conferencias sectoriales, planes y directrices de coordinación (art. 124). La Conferencia de Presidentes es el marco permanente de interlocución entre el Gobierno y los consejos (art. 119). El título IX regula Formentera: su consejo insular actúa a la vez como institución de la isla y del municipio del mismo nombre, con personalidad jurídica única (art. 129); sus órganos necesarios son el pleno, el presidente, los vicepresidentes y la Junta de Gobierno (art. 130), y el diputado del Parlamento por Formentera puede intervenir en su pleno con voz y sin voto (art. 131).

Claves para el examen

• La isla es entidad local territorial en Baleares y Canarias (art. 3.1.c LBRL; art. 141.4 CE).
• A los consejos insulares se les aplican las normas de las diputaciones provinciales (art. 41.3 LBRL).
• Ley 4/2022, de 28 de junio: aprobada por 2/3 del Parlamento; derogó la Ley 8/2000.
• Estructura: título preliminar + 9 títulos, 135 artículos; el título IX es Formentera.
• Régimen electoral y financiación: leyes específicas (art. 1.2).
• Doble condición: institución de la isla y de la comunidad autónoma, además de entidad local (art. 2).
• Órganos de gobierno: pleno, presidente, consejo ejecutivo y vicepresidentes (art. 14.1).
• Órganos superiores: consejeros ejecutivos; directivos: secretarios técnicos y directores insulares.
• Sesión constitutiva del pleno: entre los días 21 y 45 tras las elecciones (art. 16).
• Presidente: 48 h sin investidura = el cabeza de la lista más votada (art. 20.2.f).
• Reglamento orgánico: mayoría absoluta del pleno (art. 17.2).
• Consejeros ejecutivos no electos: voz sin voto en el pleno.
• Contra actos del consejo ejecutivo: alzada ante el pleno (art. 66.2).
• Reglamentos ejecutivos: vigor a los 20 días de su publicación en el BOIB (art. 78.3).
• Municipios de menos de 2.000 habitantes: secretaría e intervención garantizadas (art. 102.b).

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