🟰 Tema 8: Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres

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Resumen

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23 de marzo) entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 24 de marzo de 2007 (disposición final octava). Tiene 78 artículos repartidos en un título preliminar y ocho títulos, más 32 disposiciones adicionales (la trigésima segunda, sobre la profesión de agente de igualdad, la añadió la LO 2/2024), 12 transitorias, una derogatoria y 8 finales. El epígrafe del examen se limita al principio: el título preliminar («Objeto y ámbito de la Ley», arts. 1 y 2) y el título I («El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación», arts. 3 a 13). Recuerda también su disposición adicional primera: hay composición equilibrada cuando las personas de cada sexo no superan el 60 % ni son menos del 40 %.

Objeto (art. 1). Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, derechos y deberes. La Ley quiere hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular eliminando la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquier ámbito de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los arts. 9.2 y 14 de la Constitución. Para ello fija principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas para eliminar y corregir toda discriminación por razón de sexo en los sectores público y privado.

Ámbito (art. 2). Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones de la Ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia.

El principio de igualdad (arts. 3 a 5). La igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). Es un principio informador del ordenamiento jurídico, que se integra en la interpretación y aplicación de las normas (art. 4). En el empleo privado y público se garantiza en el acceso (incluido el trabajo por cuenta propia), la formación y promoción profesional, las condiciones de trabajo (también retribuciones y despido) y la afiliación a sindicatos y organizaciones profesionales (art. 5). Solo no es discriminación una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando sea un requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Conceptos clave (arts. 6 a 8). Discriminación directa: una persona es, ha sido o pudiera ser tratada, por su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva por una finalidad legítima con medios necesarios y adecuados. Toda orden de discriminar es discriminatoria. Acoso sexual: comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad, sobre todo si crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo: comportamiento realizado en función del sexo de una persona con ese propósito o efecto. Ambos son siempre discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho a aceptar el acoso. Todo trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa.

Garantías frente a la discriminación (arts. 9 y 10). La indemnidad frente a represalias protege a quien presenta una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso: cualquier trato adverso que sufra por ello también es discriminación. Los actos y cláusulas discriminatorios son nulos y sin efecto y dan lugar a reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y, en su caso, a sanciones eficaces y disuasorias.

Acciones positivas (art. 11). Los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Solo duran mientras subsistan esas situaciones y deben ser razonables y proporcionadas. También pueden adoptarlas las personas físicas y jurídicas privadas en los términos de la Ley.

Tutela judicial y prueba (arts. 12 y 13). Cualquier persona puede pedir a los tribunales la tutela del derecho a la igualdad, conforme al art. 53.2 CE (procedimiento preferente y sumario y, en su caso, amparo), incluso después de terminar la relación en la que se produjo la discriminación. Están legitimadas las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, pero en los litigios sobre acoso la única legitimada es la persona acosada. Cuando la demanda se basa en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, es la persona demandada quien debe probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de sus medidas; el juez, a instancia de parte, puede pedir informe a organismos públicos. Esta inversión de la carga de la prueba no se aplica en los procesos penales.

Claves para el examen

• LO 3/2007, de 22 de marzo; en vigor el 24 de marzo de 2007.
• Desarrolla los arts. 9.2 y 14 de la Constitución.
• Título preliminar: arts. 1-2; título I: arts. 3-13.
• Obligaciones para toda persona física o jurídica que esté o actúe en España.
• Igualdad de trato: sin discriminación por maternidad, obligaciones familiares o estado civil.
• Principio informador del ordenamiento jurídico (art. 4).
• Excepción: requisito profesional esencial y determinante, legítimo y proporcionado.
• Indirecta: criterio aparentemente neutro que pone en desventaja a un sexo.
• Acoso sexual: naturaleza sexual; acoso por razón de sexo: en función del sexo.
• Embarazo o maternidad: discriminación directa (art. 8).
• Represalias por reclamar: también discriminación (art. 9).
• Actos discriminatorios: nulos y sin efecto (art. 10).
• Acciones positivas: mientras subsista la desigualdad, razonables y proporcionadas.
• Acoso: solo la persona acosada está legitimada (art. 12.3).
• Carga de la prueba en la parte demandada, salvo en procesos penales.

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