📜 Tema 19: Constitución de 1978, derechos y organización territorial

Diputación Provincial de Cuenca · Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias (SPEIN) · Mecánico/a Bombero/a Conductor/a

Resumen

Este tema es el 1 de la parte general del anexo III de las bases. La Constitución Española de 1978 es la norma suprema: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a ella y al resto del ordenamiento (art. 9.1). La firmó el Rey en el Palacio de las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978; según su disposición final, entró en vigor ese mismo día y se publicó también en las demás lenguas de España. Se ha reformado cuatro veces según el texto consolidado del BOE: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024, personas con discapacidad) y art. 69.3 (mayo de 2026, circunscripciones de Ibiza y Formentera para el Senado).

Estructura. Tiene un preámbulo, un título preliminar y diez títulos con 169 artículos, más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Los títulos: I, de los derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55); II, de la Corona; III, de las Cortes Generales; IV, del Gobierno y de la Administración; V, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes; VI, del Poder Judicial; VII, Economía y Hacienda; VIII, de la organización territorial del Estado (arts. 137-158); IX, del Tribunal Constitucional; y X, de la reforma constitucional.

Principios generales (título preliminar, arts. 1-9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El art. 2 une la indisoluble unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. El castellano es la lengua oficial del Estado, que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar (art. 3); la bandera tiene tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, la amarilla de doble anchura (art. 4); la capital es Madrid (art. 5). El art. 9.3 garantiza la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Derechos y deberes (título I). El art. 10 pone la dignidad de la persona como fundamento del orden político y manda interpretar los derechos según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España. Se divide en cinco capítulos: I, españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12); II, derechos y libertades, con el art. 14 (igualdad), la sección 1.ª de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29: entre otros, vida, libertad religiosa, libertad, intimidad, residencia, expresión, reunión, asociación, participación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición) y la sección 2.ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); III, principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); IV, garantías (arts. 53-54); y V, suspensión (art. 55).

Deberes y garantías que interesan al bombero. El art. 30.4 dice que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública: es el apoyo constitucional de la protección civil. El art. 53.2 permite pedir la tutela del art. 14 y de la sección 1.ª ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también cubre la objeción de conciencia del art. 30. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para defender estos derechos (art. 54). El art. 55 permite suspender ciertos derechos en los estados de excepción o de sitio; el estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto en Consejo de Ministros por un máximo de quince días, prorrogables solo con autorización del Congreso (art. 116.2).

Organización territorial (título VIII). El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137), bajo los principios de solidaridad y de igualdad de derechos en todo el territorio (arts. 138 y 139). El capítulo II trata la Administración local: autonomía y personalidad jurídica plena de los municipios, gobernados por ayuntamientos (art. 140); la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado, cuyo gobierno corresponde a las diputaciones; y cualquier cambio de límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes (art. 141).

Las comunidades autónomas (capítulo III, arts. 143-158). Pueden constituirse las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica (art. 143.1). La iniciativa ordinaria corresponde a todas las diputaciones interesadas y a dos tercios de los municipios que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia, en seis meses (art. 143.2); la vía reforzada del art. 151 exige tres cuartas partes de los municipios y referéndum. No se admite la federación de comunidades (art. 145.1). Las competencias posibles están en el art. 148 y las exclusivas del Estado en el art. 149; pasados cinco años, los estatutos pueden ampliar competencias (art. 148.2). Un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en la comunidad (art. 154) y, si una comunidad incumple gravemente, el Gobierno puede aplicar el art. 155 con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

Los estatutos de autonomía: concepto y naturaleza. Son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1). Deben contener la denominación de la comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones y las competencias asumidas con las bases para el traspaso de servicios (art. 147.2). Se aprueban como leyes orgánicas (art. 81.1), que exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto, y su reforma sigue su propio procedimiento pero requiere siempre la aprobación de las Cortes mediante ley orgánica (art. 147.3). El nuestro es el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.

Claves para el examen

• Firmada por el Rey el 27/12/1978; BOE núm. 311 de 29/12/1978; en vigor el mismo día de su publicación.
• 169 artículos: título preliminar + 10 títulos; 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF.
• Art. 1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Soberanía nacional: el pueblo español. Forma política: Monarquía parlamentaria.
• Art. 4: bandera roja, amarilla y roja; la amarilla de doble anchura.
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.
• Título I: arts. 10-55, cinco capítulos. Sección 1.ª (arts. 15-29) + art. 14 = amparo.
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (por ley).
• Estado de alarma (art. 116.2): decreto del Gobierno, máximo 15 días, prórroga con autorización del Congreso.
• Art. 137: municipios, provincias y comunidades autónomas, con autonomía.
• Cambiar límites provinciales: ley orgánica de las Cortes (art. 141.1).
• Iniciativa autonómica (art. 143.2): diputaciones + 2/3 de municipios con la mayoría del censo; 6 meses.
• Prohibida la federación de comunidades autónomas (art. 145.1).
• Estatuto = norma institucional básica (art. 147.1); se aprueba y reforma por ley orgánica.
• Castilla-La Mancha: Estatuto por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.

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