👷 Tema 38: Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la Provincia de Ciudad Real · Bombero/a

Resumen

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es la ley marco de la seguridad y salud en el trabajo. Se publicó en el BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1995, y entró en vigor tres meses después (disposición final segunda), el 10 de febrero de 1996. Según su preámbulo, transpone la Directiva 89/391/CEE (la «directiva marco») e incorpora otras sobre maternidad, jóvenes y trabajo temporal. Tiene siete capítulos y 54 artículos, aunque parte del capítulo VII (infracciones y sanciones) está derogado y hoy se regula en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000). Se estudia por el texto consolidado del BOE.

Objeto y ámbito (arts. 1 a 3). La ley busca promover la seguridad y la salud de los trabajadores aplicando medidas y actividades de prevención; sus disposiciones laborales son «Derecho necesario mínimo indisponible», que los convenios colectivos pueden mejorar pero no rebajar (art. 2.2). Se aplica tanto a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores como al personal funcionario o estatutario de las Administraciones, y también a los socios trabajadores de cooperativas (art. 3.1). El art. 3.2 la excluye solo en aquellas actividades «cuyas particularidades lo impidan» dentro de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Ojo: no es una exclusión de los bomberos como colectivo, y aun en esos casos la ley «inspirará» su normativa específica.

Definiciones (art. 4). Prevención: actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo; su gravedad se valora juntando probabilidad y severidad. Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Riesgo grave e inminente: el que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave. Además define equipo de trabajo (cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación), condición de trabajo y equipo de protección individual (el que lleva o sujeta el trabajador para protegerse de uno o varios riesgos).

Política preventiva (capítulo II, arts. 5 a 13). Las Administraciones promueven la prevención; el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado (art. 8) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla el cumplimiento (art. 9). La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 13) es el órgano colegiado asesor de las Administraciones y de participación institucional: un representante por comunidad autónoma, igual número de la Administración General del Estado y, paritariamente, organizaciones empresariales y sindicales más representativas; la preside el Secretario General de Empleo y su secretaría la ejerce la Dirección del Instituto.

Derechos y obligaciones (capítulo III, arts. 14 a 29). El trabajador tiene derecho a una protección eficaz y el empresario el deber correlativo de protegerle, que también tienen las Administraciones con su personal; el coste de las medidas nunca puede recaer sobre los trabajadores (art. 14.5). Los principios de la acción preventiva (art. 15) son nueve: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, anteponer la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones. La prevención se integra mediante un plan de prevención, cuyos instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 16); si hay un daño para la salud, el empresario lo investiga.

Las obligaciones concretas del empresario siguen en los arts. 17 a 23: equipos de trabajo adecuados y EPI cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar con protección colectiva u organización del trabajo (art. 17); información, consulta y participación (art. 18: la información general va por los representantes, pero los riesgos específicos del puesto se explican directamente a cada trabajador); formación teórica y práctica al contratar y cuando cambian funciones o equipos, dentro de la jornada o descontándola y sin coste (art. 19); medidas de emergencia en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación (art. 20); riesgo grave e inminente (art. 21: el trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar; los representantes pueden acordar por mayoría la paralización y la autoridad laboral la anula o ratifica en 24 horas); vigilancia de la salud voluntaria salvo excepciones previo informe de los representantes, con confidencialidad (art. 22); y documentación, incluida la relación de accidentes con incapacidad superior a un día de trabajo (art. 23).

Colectivos y deberes del trabajador (arts. 24 a 29). Coordinación cuando trabajan varias empresas en un mismo centro (art. 24); protección de trabajadores especialmente sensibles (art. 25), de la maternidad (art. 26: adaptación de condiciones o turno, cambio de puesto y, si no es posible, suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural de hijos menores de nueve meses; permiso retribuido para exámenes prenatales) y de los menores de 18 años (art. 27). En las empresas de trabajo temporal, la ETT responde de la formación y la vigilancia de la salud y la empresa usuaria de las condiciones de ejecución del trabajo (art. 28). El trabajador debe (art. 29) usar bien máquinas, herramientas y EPI, no inutilizar los dispositivos de seguridad, informar de inmediato de cualquier riesgo y cooperar; si no lo hace comete un incumplimiento laboral o una falta disciplinaria.

Organización de la prevención (capítulo IV, arts. 30 a 32 bis). El empresario puede designar trabajadores, constituir un servicio de prevención propio o concertarlo con una entidad ajena; en empresas de hasta diez trabajadores puede asumirlo él mismo (hasta 25 si hay un único centro de trabajo) si trabaja habitualmente en el centro y tiene capacidad (art. 30.5). Si no concierta con un servicio ajeno, debe pasar una auditoría externa. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no pueden actuar como servicio de prevención ajeno (art. 32), y el art. 32 bis regula la presencia de recursos preventivos en actividades peligrosas o con concurrencia de operaciones.

Consulta y participación (capítulo V, arts. 33 a 40) y responsabilidades (capítulos VI y VII). En centros con seis o más trabajadores la participación se canaliza por los representantes (art. 34). Los Delegados de Prevención se designan por y entre los representantes según una escala: de 50 a 100 trabajadores, 2; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; y desde 4.001, 8. Hasta 30 trabajadores lo es el Delegado de Personal y de 31 a 49 hay uno elegido por y entre los Delegados de Personal (art. 35). Emiten sus informes en quince días (art. 36.3). El Comité de Seguridad y Salud es paritario y colegiado, obligatorio con 50 o más trabajadores, y se reúne trimestralmente (art. 38). Los fabricantes deben garantizar productos seguros (art. 41); el incumplimiento empresarial genera responsabilidad administrativa, penal y civil, compatible con el recargo de prestaciones (art. 42). Si el Inspector aprecia riesgo grave e inminente puede paralizar los trabajos; la empresa puede impugnarlo en tres días hábiles y la autoridad laboral resuelve en 24 horas (art. 44).

Claves para el examen

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre; BOE 10/11/1995; en vigor tres meses después (10/02/1996).
• Transpone la Directiva marco 89/391/CEE.
• Disposiciones laborales = Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por convenio.
• Art. 3.2: no se aplica solo en las actividades «cuyas particularidades lo impidan» de protección civil en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
• Riesgo laboral: su gravedad se valora con probabilidad + severidad.
• Nueve principios del art. 15: protección colectiva antes que individual.
• El coste de la prevención nunca recae sobre el trabajador.
• Riesgo grave e inminente: el trabajador puede parar y abandonar; la autoridad laboral ratifica o anula en 24 h la paralización acordada por los representantes.
• Vigilancia de la salud: voluntaria, salvo excepciones previo informe de los representantes.
• Documentación: accidentes con incapacidad superior a un día de trabajo.
• Lactancia natural protegida hasta que el hijo cumple nueve meses.
• Empresario asume la prevención: hasta 10 trabajadores (25 con un único centro).
• Delegados de Prevención: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desde 50, 101, 501, 1.001, 2.001, 3.001 y 4.001 trabajadores.
• Comité de Seguridad y Salud: 50 o más trabajadores, paritario, reunión trimestral.
• Paralización por la Inspección: impugnable en 3 días hábiles; se resuelve en 24 horas.

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