📨 Tema 5: Ley 39/2015: procedimiento administrativo (títulos I a III)

Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la Provincia de Ciudad Real · Bombero/a

Resumen

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicó en el BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015, y entró en vigor al año, el 2 de octubre de 2016; las previsiones sobre registros electrónicos de apoderamientos, registro electrónico, funcionarios habilitados, punto de acceso general y archivo único electrónico no produjeron efectos hasta el 2 de abril de 2021 (disposición final séptima). Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento común, incluido el sancionador y el de responsabilidad patrimonial (art. 1). Se aplica al sector público: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades de la Administración local y sector público institucional (art. 2), así que también al Consorcio. El epígrafe pide los títulos I (interesados, arts. 3-12), II (actividad de las Administraciones, arts. 13-33) y III (actos administrativos, arts. 34-52).

Título I, los interesados. Tienen capacidad de obrar las personas con capacidad según las normas civiles, los menores para los derechos que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia y, si una ley lo dice, grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes (art. 3). Son interesados quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y quienes tengan intereses legítimos afectados y se personen antes de la resolución definitiva (art. 4). Se puede actuar mediante representante; la representación debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimientos y renuncias, y se presume para los actos de mero trámite; si falta, se concede un plazo de diez días para subsanar (art. 5). Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos valen como máximo cinco años (art. 6.6). Con varios interesados se actúa con el representante o interesado señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término (art. 7).

Identificación y firma (arts. 9 a 12). Los interesados se identifican electrónicamente con certificados cualificados de firma o de sello electrónico, o con otros sistemas que admita cada Administración con registro previo (por ejemplo, claves concertadas). La firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2); para lo demás basta identificarse. Las Administraciones asisten en el uso de medios electrónicos a quien lo pida, y un funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado que no tenga medios, con su consentimiento expreso (art. 12).

Título II, derechos y relación electrónica (arts. 13 a 20). Entre los derechos del art. 13: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistidos en el uso de medios electrónicos, usar las lenguas oficiales, acceder a la información pública y ser tratados con respeto. Las personas físicas eligen si se relacionan electrónicamente, pero están obligados a hacerlo, al menos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales de colegiación obligatoria en su actividad, sus representantes y los empleados públicos en los trámites por razón de su condición (art. 14). Cada Administración tiene un Registro Electrónico General; los documentos pueden presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, en Correos, en embajadas y consulados y en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16). La comparecencia solo es obligatoria si la prevé una norma con rango de ley (art. 19).

Obligación de resolver y silencio (arts. 21 a 25). La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo lo fija la norma del procedimiento y no puede superar seis meses salvo ley o Derecho de la Unión Europea; si no se fija, es de tres meses, contados desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro (a instancia de parte). El plazo puede suspenderse, por ejemplo, al pedir informes preceptivos (como máximo tres meses) o al requerir subsanación, y ampliarse excepcionalmente sin recurso. En procedimientos a solicitud del interesado, la regla es el silencio estimatorio, salvo que una ley diga otra cosa; es desestimatorio en el derecho de petición, cuando se transfieran facultades sobre el dominio o servicio público, en actividades que puedan dañar el medio ambiente, en responsabilidad patrimonial, en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio pedida por el interesado (aunque la alzada contra una desestimación por silencio se entiende estimada si no se resuelve). En los iniciados de oficio, si podían reconocer derechos el silencio es desestimatorio, y si eran sancionadores o de gravamen se produce la caducidad.

Documentos, copias y plazos (arts. 26 a 33). Las copias auténticas tienen la misma validez que los originales; el interesado puede pedirlas y deben expedirse en quince días. Hay derecho a no aportar documentos que ya tenga la Administración o hayan sido elaborados por otra (art. 28). Cómputo de plazos (art. 30): los plazos por horas son hábiles y no pueden superar veinticuatro horas; los de días son hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, y se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación; los de meses o años concluyen el mismo día del mes o año de vencimiento, o el último día del mes si no hay equivalente; si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente. El registro electrónico admite documentos todos los días las 24 horas, pero lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31). Los plazos pueden ampliarse hasta la mitad, nunca si ya han vencido (art. 32), y la tramitación de urgencia los reduce a la mitad, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, sin recurso contra ese acuerdo (art. 33).

Título III, requisitos, eficacia y notificación (arts. 34 a 46). Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, los de suspensión y medidas provisionales, los de urgencia o ampliación de plazos, los que rechacen pruebas, los sancionadores y los discrecionales (art. 35). Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos (art. 36), se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que se disponga otra cosa; excepcionalmente pueden ser retroactivos si sustituyen a actos anulados o son favorables al interesado (art. 39). La notificación se cursa en diez días desde que se dicta el acto e incluye el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos, órgano y plazo (art. 40).

Práctica de la notificación. Se hace preferentemente por medios electrónicos, y siempre cuando el interesado esté obligado (art. 41). En papel, si el interesado no está en su domicilio puede recogerla cualquier persona mayor de catorce años que se identifique; si nadie la recoge, se repite una sola vez en los tres días siguientes, a distinta hora (antes o después de las quince horas, con al menos tres horas de diferencia) (art. 42). La notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada si pasan diez días naturales sin acceder (art. 43). Si el interesado es desconocido o no se puede notificar, se publica un anuncio en el BOE (art. 44). Los actos se publican cuando se dirigen a una pluralidad indeterminada de personas o forman parte de procesos selectivos o de concurrencia competitiva, como una oposición (art. 45).

Nulidad y anulabilidad (arts. 47 a 52). Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, los de contenido imposible, los constitutivos de infracción penal o dictados a consecuencia de ella, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, los que otorguen facultades o derechos sin sus requisitos esenciales y los que diga una ley. Son anulables los que incurren en cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo anula si el acto carece de los requisitos indispensables para su fin o causa indefensión, y actuar fuera de plazo solo si lo impone la naturaleza del término. Rigen la conservación de actos y trámites, la conversión de actos viciados y la convalidación de los anulables, que produce efectos desde su fecha; si el vicio es de incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

Claves para el examen

• Ley 39/2015, de 1 de octubre; en vigor el 2/10/2016; registros y archivo electrónicos, desde el 2/04/2021.
• Representación: se acredita para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistir y renunciar; se presume en mero trámite; 10 días para subsanar.
• Poderes en el registro de apoderamientos: validez máxima de 5 años.
• Varios interesados: se actúa con el señalado y, si no, con el que figure en primer término.
• Obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios, sus representantes y empleados públicos.
• Plazo máximo para resolver: el de la norma, no más de 6 meses salvo ley o UE; sin plazo fijado, 3 meses.
• Suspensión por informe preceptivo: máximo 3 meses.
• Silencio: regla estimatoria; desestimatorio en petición, dominio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos.
• De oficio sin resolver: desestimación si reconocían derechos; caducidad si eran sancionadores o de gravamen.
• Días hábiles: fuera sábados, domingos y festivos; día inhábil al final, se prorroga al siguiente hábil.
• Ampliación: máximo la mitad del plazo y nunca de un plazo vencido; urgencia: plazos a la mitad salvo solicitudes y recursos.
• Notificación: se cursa en 10 días; en papel, mayor de 14 años; segundo intento en 3 días con 3 horas de diferencia.
• Notificación electrónica: rechazada a los 10 días naturales sin acceder.
• Notificación infructuosa: anuncio en el BOE.
• Nulidad: órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, prescindir totalmente del procedimiento... Anulabilidad: cualquier otra infracción, incluida la desviación de poder.

Vídeos recomendados

• Ley 39/2015 - El Procedimiento Administrativo 2ª Parte (Arts 1 a 25)
• Ley 39/2015 - El Procedimiento Administrativo 3ª Parte (Arts 26 a 52)
• 📚 Aprende la Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos (Ley 39/2015)

← Tema 4 · Tema 6 →

📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace