🏛️ Tema 6: Ley 40/2015: título preliminar y consorcios

Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la Provincia de Ciudad Real · Bombero/a

Resumen

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es la pareja de la Ley 39/2015: la 39 regula el procedimiento (cómo actúa la Administración frente al ciudadano) y la 40 regula la organización (cómo se estructura la Administración por dentro). Según su artículo 1, establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora, y la organización de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. El epígrafe pide el título preliminar (artículos 1 a 53) y el capítulo VI del título II, «De los consorcios» (artículos 118 a 127). Se estudia por el texto consolidado del BOE.

Ámbito y principios (arts. 2 a 4). La ley se aplica al sector público, formado por la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas. El artículo 3 repite el mandato del artículo 103 de la Constitución: servir con objetividad los intereses generales con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y añade una lista de principios (servicio efectivo a los ciudadanos, buena fe y confianza legítima, transparencia, eficiencia, cooperación entre Administraciones...). Cada Administración actúa con personalidad jurídica única y las Administraciones se relacionan entre sí por medios electrónicos. El artículo 4 obliga a elegir la medida menos restrictiva cuando se limitan derechos.

Órganos y competencia (arts. 5 a 14). Es órgano administrativo la unidad a la que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva; crearlo exige fijar su integración y dependencia, sus funciones y los créditos para funcionar, y no se pueden duplicar órganos. La competencia es irrenunciable. Técnicas que la mueven sin cambiar su titularidad: la delegación (art. 9: nunca en relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno o Cortes, disposiciones generales, resolución de recursos contra actos del propio órgano ni materias excluidas por ley; se publica en el boletín oficial y es revocable en cualquier momento; lo delegado no se vuelve a delegar salvo ley), la avocación (el superior asume un asunto mediante acuerdo motivado, sin recurso directo), la encomienda de gestión (solo actividades materiales o técnicas), la delegación de firma (no necesita publicarse) y la suplencia por vacante, ausencia o enfermedad (tampoco se publica).

Órganos colegiados, abstención y recusación (arts. 15 a 24). Para constituirse válidamente hace falta el presidente, el secretario (o quienes les suplan) y al menos la mitad de los miembros; pueden reunirse a distancia; no se trata nada fuera del orden del día salvo que estén todos y se declare la urgencia por mayoría; los acuerdos se toman por mayoría y quien vota en contra o se abstiene queda exento de responsabilidad. El secretario levanta acta, que se aprueba en la misma sesión o en la siguiente. En la Administración del Estado el voto particular se presenta por escrito en dos días y la convocatoria llega con dos días de antelación mínima; son colegiados los formados por tres o más personas. Motivos de abstención (art. 23): interés personal, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber sido perito o testigo, o haber prestado servicios al interesado en los dos últimos años. La recusación la promueve el interesado por escrito; el recusado contesta al día siguiente y el superior resuelve en tres días, sin recurso.

Potestad sancionadora (arts. 25 a 31): legalidad (reconocida por norma con rango de ley), irretroactividad salvo lo favorable, tipicidad (infracciones leves, graves y muy graves fijadas por ley, sin analogía), responsabilidad a título de dolo o culpa, proporcionalidad (ninguna sanción administrativa puede privar de libertad; la reincidencia es cometer en un año más de una infracción de la misma naturaleza declarada firme) y non bis in idem (no se sanciona dos veces si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento). Si la ley sectorial no dice otra cosa, las infracciones prescriben a los 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 6 meses (leves), y las sanciones a los 3 años, 2 años y 1 año. Estas reglas se extienden a la potestad disciplinaria sobre el propio personal.

Responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37): el particular tiene derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tenga el deber jurídico de soportar; el daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Se reclama siempre a la Administración, no al empleado; después la Administración repite contra su personal si hubo dolo, culpa o negligencia graves. Cuando actúan varias Administraciones de forma conjunta responden de forma solidaria. El capítulo V regula el funcionamiento electrónico (sede electrónica, portal de internet, sello electrónico, actuación administrativa automatizada sin intervención directa de un empleado público, código seguro de verificación y archivo electrónico) y el capítulo VI los convenios (arts. 47 a 53): acuerdos con efectos jurídicos para un fin común, de duración no superior a cuatro años prorrogables hasta cuatro más por acuerdo unánime, y que se remiten al Tribunal de Cuentas si superan 600.000 euros.

Los consorcios (arts. 118 a 127) son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones o entidades del sector público institucional (con o sin participación privada) para actividades de interés común; su denominación debe llevar «consorcio» o la abreviatura «C». Se rigen por la Ley 40/2015, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos; la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local es supletoria para los consorcios locales. Los estatutos fijan la Administración de adscripción, que se decide cada ejercicio por criterios ordenados por prioridad (el primero, disponer de la mayoría de votos en los órganos de gobierno); un cambio de adscripción obliga a modificar los estatutos en seis meses. Su personal puede ser funcionario o laboral y procede de las Administraciones participantes, con el régimen jurídico de la de adscripción y sin cobrar más que en puestos equivalentes de esta; solo excepcionalmente se autoriza contratar personal propio. Se someten al régimen presupuestario, contable y de control de la Administración de adscripción, cuyo órgano de control interno audita sus cuentas si se dan dos de tres circunstancias (activo o ingresos de más de 2.400.000 euros, más de 50 trabajadores de media).

Creación, separación y disolución. El consorcio se crea mediante convenio de las Administraciones participantes; si participa la Administración General del Estado hace falta además autorización por ley y del Consejo de Ministros. Los estatutos recogen como mínimo sede, objeto, fines y funciones; participantes y aportaciones; órganos de gobierno y régimen de acuerdos; y causas de disolución. Cualquier miembro puede separarse en cualquier momento si no se fijó duración (si la hay, solo por incumplimiento de otro miembro), mediante escrito al máximo órgano de gobierno; la separación disuelve el consorcio salvo que los demás acuerden seguir y queden al menos dos Administraciones. La disolución lleva a la liquidación y extinción; siempre es causa de disolución haber cumplido los fines. El máximo órgano de gobierno nombra un liquidador, y los consorciados pueden acordar (por la mayoría estatutaria o, sin ella, por unanimidad) la cesión global de activos y pasivos, que extingue el consorcio sin liquidación. El SCIS es precisamente un consorcio: sus Estatutos (art. 1) lo constituyen entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y los municipios del anexo, al amparo de la legislación de régimen local (lo verás en el tema 16).

Claves para el examen

• Ley 40/2015 = organización y régimen jurídico; Ley 39/2015 = procedimiento.
• Epígrafe: título preliminar (arts. 1-53) + consorcios (arts. 118-127).
• La competencia es irrenunciable; delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no cambian la titularidad.
• No se delega: relaciones con Jefatura del Estado y Cortes, disposiciones generales, resolver recursos contra los propios actos.
• Delegación de competencias: se publica. Delegación de firma y suplencia: no se publican.
• Colegiado: presidente + secretario + mitad de los miembros. Fuera del orden del día: todos presentes y urgencia por mayoría.
• Abstención: consanguinidad hasta 4.º grado, afinidad hasta 2.º, servicios al interesado en los dos últimos años.
• Recusación: el recusado responde al día siguiente; el superior resuelve en 3 días; sin recurso.
• Prescripción supletoria: infracciones 3 años / 2 años / 6 meses; sanciones 3 años / 2 años / 1 año.
• Responsabilidad patrimonial: funcionamiento normal o anormal; se reclama a la Administración, que repite si hay dolo o culpa grave.
• Convenios: máximo 4 años + prórroga de hasta 4 más; al Tribunal de Cuentas si pasan de 600.000 euros.
• Consorcio: personalidad jurídica propia y en el nombre «consorcio» o «C».
• Adscripción: primer criterio, la mayoría de votos en los órganos de gobierno; cambio = estatutos en 6 meses.
• Personal del consorcio: de las Administraciones participantes, régimen de la de adscripción.
• Separación: disuelve salvo que sigan al menos dos Administraciones; cumplir los fines es siempre causa de disolución.

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• ART 118-120 | DE LOS CONSORCIOS | Ley 40 / 2015 | Régimen Jurídico del Sector Público
• ART 125-127 | DE LOS CONSORCIOS | Ley 40/2015 | Régimen Jurídico del Sector Público
• LEY 40/2015 - Principios Generales - OPOSICIONES - Art 3

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