🏘️ Tema 4: Ley de Bases del Régimen Local

Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la Provincia de Ciudad Real · Bombero/a

Resumen

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), se publicó en el BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985, y entró en vigor el 23 de abril de 1985. Es la ley básica que desarrolla la autonomía local de los arts. 137, 140 y 141 de la Constitución y ha tenido muchas reformas: la Ley 57/2003 de modernización del gobierno local (que añadió el régimen de los municipios de gran población), la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el Real Decreto-ley 6/2023, el Real Decreto-ley 7/2024 (ayuda entre entidades locales tras catástrofes), el Real Decreto-ley 7/2026 (comunidades energéticas) y, lo último, el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, que retocó el art. 92 bis sobre los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional. Se estudia siempre por el texto consolidado del BOE. A un bombero del SCIS le importa especialmente porque aquí está el reparto de la prevención y extinción de incendios entre municipios y Diputación.

Disposiciones generales (arts. 1 a 10). Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana; provincia e isla tienen idéntica autonomía (art. 1). Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en Baleares y Canarias; también son entidades locales las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios (art. 3). Municipios, provincias e islas tienen potestades reglamentaria y de autoorganización, tributaria y financiera, de planificación, expropiatoria, de ejecución forzosa y sancionadora, de revisión de oficio, presunción de legitimidad de sus actos e inembargabilidad de sus bienes (art. 4). Sus competencias son propias (solo fijadas por ley) o atribuidas por delegación (art. 7), y actúan con eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 6).

El municipio (arts. 11 a 30). Es la entidad local básica, con personalidad jurídica, y sus elementos son el territorio, la población y la organización (art. 11). Cada municipio pertenece a una sola provincia; solo pueden crearse nuevos municipios sobre núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 4.000 habitantes (art. 13.2, cifra fijada por el Real Decreto-ley 6/2023) y financieramente sostenibles. Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde reside habitualmente (si vive en varios, en el que habite más tiempo al año); los inscritos son los vecinos y la condición de vecino se adquiere en el momento de la inscripción (art. 15).

Organización municipal (arts. 19 a 24 bis). Alcalde, tenientes de alcalde y Pleno existen en todos los ayuntamientos; la Junta de Gobierno Local, en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno (art. 20). El Alcalde preside la corporación, dirige el gobierno y la administración, dicta bandos, ejerce la jefatura superior del personal y de la Policía Municipal y, muy importante para nosotros, adopta personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de ellos, las medidas necesarias, dando cuenta inmediata al Pleno (art. 21.1.m). No puede delegar, entre otras, esta última atribución, la jefatura superior del personal ni la de convocar y presidir el Pleno. La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal, nombrados libremente por él (art. 23).

Competencias municipales (arts. 25 a 28). El art. 25.2 enumera las competencias propias, entre ellas la letra f): «Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios». El art. 26 fija los servicios mínimos obligatorios por tramos de población: en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación; en los de más de 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, además, protección civil, atención a situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y en los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. La delegación de competencias del Estado o de la comunidad en municipios no puede durar menos de cinco años y requiere aceptación del municipio (art. 27). El régimen de concejo abierto (art. 29) exige, cuando no es tradicional, petición de la mayoría de los vecinos, dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación de la comunidad autónoma.

La provincia (arts. 31 a 38). Es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia; sus fines son garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, asegurar la prestación integral de los servicios municipales y participar en la coordinación con la comunidad autónoma y el Estado; su gobierno corresponde a la Diputación (art. 31). En todas las Diputaciones existen Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno (art. 32); la Junta de Gobierno la forman el Presidente y diputados en número no superior al tercio del número legal, y los Vicepresidentes se eligen entre sus miembros (art. 35). Competencias propias (art. 36): coordinar los servicios municipales, prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios (garantizando secretaría e intervención en los de menos de 1.000 habitantes), prestar servicios supramunicipales y, en particular, asumir el tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes cuando estos no la presten. Es la base legal de que exista un consorcio provincial de bomberos como el SCIS.

Otras entidades y funcionamiento (arts. 42 a 54). Las comunidades autónomas pueden crear comarcas y, por ley, áreas metropolitanas; los municipios pueden asociarse en mancomunidades con estatutos aprobados por los Plenos de todos los ayuntamientos, previo informe de la Diputación (art. 44). El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones, cada dos meses en los de 5.001 a 20.000 y cada tres en los de hasta 5.000; se constituye con un tercio del mínimo legal de miembros (así lo dice el texto desde la LO 2/2011), nunca menos de tres, más el Presidente y el Secretario; y los acuerdos se toman por mayoría simple, salvo las materias del art. 47.2 que exigen mayoría absoluta del número legal (reglamento orgánico, bandera o escudo, nombre o capitalidad, mancomunidades...). Las ordenanzas requieren aprobación inicial, información pública de al menos treinta días y aprobación definitiva (art. 49). Los actos locales son inmediatamente ejecutivos y ponen fin a la vía administrativa los del Pleno, Alcaldes o Presidentes y Juntas de Gobierno, con recurso potestativo de reposición (arts. 51-52). Desde 2020 el art. 46.3 permite sesiones telemáticas en situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofe.

Relaciones interadministrativas y servicios (arts. 55 a 85). La cooperación entre Administraciones es voluntaria y puede hacerse mediante convenios o consorcios; el consorcio solo cabe cuando la cooperación no pueda formalizarse por convenio y permita una asignación más eficiente de los recursos (art. 57.3). Tras el Real Decreto-ley 7/2024, las entidades locales pueden aportar medios humanos y materiales a otras entidades locales gravemente afectadas por una catástrofe (art. 57.4). Si una entidad local incumple obligaciones legales que afectan a competencias del Estado o de la comunidad, se le requiere con un plazo nunca inferior a un mes antes de actuar en sustitución (art. 60). Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la propia entidad, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público) o indirecta, mediante las formas de contrato de la legislación de contratos (art. 85). El título X regula los municipios de gran población (más de 250.000 habitantes, capitales de provincia de más de 175.000 y otros casos que decida la asamblea autonómica).

Claves para el examen

• Ley 7/1985, de 2 de abril; BOE 3/04/1985; en vigor el 23/04/1985.
• Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla. También entidades locales: comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades.
• Nuevo municipio: núcleo diferenciado de al menos 4.000 habitantes (art. 13.2, tras el RDL 6/2023).
• La condición de vecino se adquiere al inscribirse en el Padrón (art. 15).
• Junta de Gobierno Local: obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes; máximo un tercio de los concejales.
• Alcalde en catástrofe: adopta personalmente las medidas y da cuenta inmediata al Pleno (art. 21.1.m); indelegable.
• Art. 25.2.f: policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
• Servicios mínimos: +5.000 parque, biblioteca, tratamiento de residuos; +20.000 protección civil y extinción de incendios; +50.000 transporte urbano y medio ambiente urbano.
• Diputación: extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes que no la presten (art. 36.1.c).
• Diputación: secretaría e intervención garantizadas en municipios de menos de 1.000 habitantes.
• Pleno ordinario: mensual en +20.000 y Diputaciones; bimestral de 5.001 a 20.000; trimestral hasta 5.000.
• Quórum del Pleno: un tercio del mínimo legal de miembros, nunca menos de tres, con Presidente y Secretario.
• Ordenanzas: información pública mínima de 30 días.
• Consorcio: solo si no basta un convenio (art. 57.3); ayuda entre entidades locales tras catástrofes (art. 57.4).
• Delegación de competencias en municipios: mínimo cinco años.

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