🗂️ Tema 4: Ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat Valenciana

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante · Bombero/a

Resumen

Tema G4 de las bases. La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, se publicó en el DOGV núm. 6296, de 24 de junio de 2010, y en el BOE núm. 178, de 23 de julio. Es la ley que el art. 64.1 del Estatuto encarga a Les Corts, y desarrolla la Ley 7/1985 sin contradecirla: muchas veces repite la ley estatal y otras añade cosas propias. Se ha modificado bastantes veces, pero los tres bloques del epígrafe (título I, capítulo IV, arts. 26 a 32; capítulo V, arts. 33 a 37; y título II, arts. 48 a 52) apenas han cambiado desde 2010. Ojo: el capítulo VI (regímenes especiales, concejo abierto y gestión compartida) no entra en este tema.

Organización (capítulo IV). El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales, salvo en concejo abierto (art. 26.1). Las atribuciones de cada órgano se concretan en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que debe hacer referencia a las responsabilidades en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. La organización se ajusta a la legislación básica, a esta ley y sus normas de desarrollo y al propio ROM o acuerdos del Pleno (art. 26.2). Detalle muy valenciano: los ayuntamientos pueden usar las denominaciones tradicionales de «Casa de la Vila» y «Batle» si lo aprueban en su ROM o por acuerdo plenario (art. 26.4). Estas normas no se aplican a los municipios de gran población, que tienen su régimen propio (art. 27).

El ROM (art. 28) es potestativo, pero obligatorio en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y el ayuntamiento debe dotar a los órganos complementarios de medios al menos al mismo nivel que los servicios administrativos. Para defender a los vecinos, el Pleno puede crear la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones o la figura del Defensor o Defensora de los Vecinos (art. 29). El Defensor lo designa el Consejo Social del municipio o, en su defecto, el Pleno, entre vecinos de reconocido prestigio; la Comisión la forman representantes de todos los grupos del Pleno en proporción a sus miembros. Ambos dan cuenta al Pleno cada año de su actividad, y sus competencias no afectan a las del Defensor del Pueblo ni a las del Síndic de Greuges.

Más órganos de participación. Consejo Territorial de Participación (art. 30): obligatorio cuando hay núcleos de población distintos del principal que agrupan a más del 20 % de la población municipal, con un representante por núcleo; asesora y hace propuestas y presenta un informe anual al Pleno, preferentemente al empezar a elaborar los presupuestos. Comisiones municipales (art. 31): en los municipios de más de 5.000 habitantes existen órganos de estudio, informe y consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, con todos los grupos en proporción a sus concejales; si no se puede mantener la proporción, se reparten los puestos para reproducir las mayorías del Pleno o se hacen comisiones con igual número de miembros por grupo y voto ponderado. El Pleno fija número, denominación y funciones a propuesta del alcalde, y puede crear comisiones especiales temporales sin esa propuesta. Consejo Social (art. 32): los municipios de más de 5.000 habitantes pueden crearlo con las organizaciones ciudadanas más representativas, y emite informes, estudios y propuestas sobre presupuestos, urbanismo y medio ambiente.

Competencias (capítulo V). Los municipios pueden promover toda clase de actividades y prestar servicios que satisfagan las necesidades de los vecinos (art. 33.1), y sus competencias son propias o delegadas (33.2). La lista valenciana de competencias propias (33.3) es más larga que la del art. 25 LRBRL: seguridad en lugares públicos; tráfico en vías urbanas; protección civil, prevención y extinción de incendios (letra c); urbanismo y vivienda; patrimonio; medio ambiente; comercio local y consumo; salubridad; atención primaria; cementerios; servicios sociales e igualdad; agua, alumbrado, limpieza y residuos; transporte; cultura, deporte y turismo; educación; seguridad alimentaria, mataderos, ferias y abastos; recogida de animales vagabundos y abandonados; pastos; e infraestructuras agrarias a través de los Consejos Locales Agrarios. Las leyes sectoriales deben respetar los principios de descentralización y máxima proximidad (33.4).

Servicios mínimos (art. 34), por sí mismos o asociados. En todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua de consumo humano a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos, pavimentación y, como añadido valenciano, control de alimentos y bebidas y agencia de lectura. Más de 5.000 habitantes: parques públicos, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos y seguridad pública. Más de 20.000: protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y defensa de usuarios y consumidores. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. Compara con el art. 26 LRBRL: mercado y seguridad pública en el escalón de 5.000 y consumo en el de 20.000 son novedades de la ley valenciana.

Prestación homogénea y dispensa. Las diputaciones dirigen preferentemente su asistencia y cooperación a que los municipios presten estos servicios mínimos, con la coordinación y ayuda de la Comunitat, y el Consell, a través de la conselleria de administración local, fija estándares mínimos de calidad (art. 35). Si prestar un servicio mínimo es imposible o muy difícil, el municipio puede pedir la dispensa al Consell (art. 36), que es siempre provisional y por tiempo determinado; una vez autorizada, el Consell, de acuerdo con la diputación y oído el municipio, adopta medidas para que el servicio se preste cuanto antes. Procedimiento (art. 37): solicitud del ayuntamiento a la conselleria con informes y resultado de información pública, informe preceptivo de la diputación provincial y, en su caso, del Consejo Social, y resolución motivada del Consell.

La provincia (título II). Es una entidad local formada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia, autonomía y plena capacidad (art. 48.1). Sus fines: cooperar a que los servicios municipales obligatorios se presten de forma integral en toda la provincia, participar en la coordinación de la administración local con la Generalitat y el Estado y, en general, fomentar y administrar los intereses peculiares de la provincia (48.2). El término provincial es el ámbito donde la Diputación ejerce sus competencias (48.4). El gobierno y la administración autónoma corresponden a las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia (art. 49).

Competencias provinciales (art. 50): las de la legislación básica y demás leyes y, en todo caso, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a municipios y otras entidades locales, sobre todo las de menor capacidad; prestar servicios públicos que afecten a varios municipios cuando no los asuman fórmulas asociativas supramunicipales; y cooperar al desarrollo económico y social. La Generalitat, por ley de Les Corts, puede transferir o delegar en las diputaciones la ejecución de competencias que no sean de interés general de la Comunitat, y en ese caso las diputaciones actúan como instituciones de la Generalitat. La cooperación provincial se dirige preferentemente a los servicios obligatorios, en especial en los municipios de gestión compartida (art. 51). Coordinación (art. 52): la Generalitat coordina las funciones de interés general de las diputaciones por ley de Les Corts aprobada por mayoría absoluta, y cada año se celebra una cumbre de cohesión territorial entre la Generalitat y las tres diputaciones.

Claves para el examen

• Ley 8/2010, de 23 de junio (DOGV 24/06/2010; BOE 23/07/2010), de régimen local de la Comunitat Valenciana.
• El ROM debe hacer referencia a las responsabilidades en seguridad y prevención de riesgos laborales (art. 26.1).
• Denominaciones tradicionales «Casa de la Vila» y «Batle» (art. 26.4).
• ROM obligatorio en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art. 28.1).
• Defensor de los Vecinos: lo designa el Consejo Social o, en su defecto, el Pleno (art. 29.2).
• Consejo Territorial de Participación: núcleos que agrupen más del 20 % de la población (art. 30).
• Comisiones: si no cabe la proporcionalidad, mismas mayorías que el Pleno o voto ponderado (art. 31.2).
• Consejo Social: potestativo en municipios de más de 5.000 habitantes (art. 32).
• Competencia propia: protección civil, prevención y extinción de incendios (art. 33.3.c).
• Servicios mínimos en todos: además, control de alimentos y bebidas y agencia de lectura (art. 34.a).
• Más de 5.000: además mercado y seguridad pública (art. 34.b).
• Más de 20.000: incendios, protección civil, servicios sociales y defensa de consumidores (art. 34.c).
• Dispensa de servicios mínimos: la resuelve el Consell, siempre provisional y por tiempo determinado (arts. 36-37).
• Provincia: personalidad jurídica propia, autonomía y plena capacidad (art. 48.1).
• Coordinación de diputaciones: ley por mayoría absoluta; cumbre de cohesión territorial anual (art. 52).

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