🦺 Tema 14: Prevención de riesgos laborales y su aplicación a los bomberos
Ayuntamiento de Sevilla · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a
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La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación (arts. 2 a 4); Derechos y obligaciones (arts. 14 a 29); Responsabilidad y sanciones (arts. 44 a 52). Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los servicios operativos de protección civil y bomberos: Informe de la Dirección General del Trabajo de 30 de marzo de 2007.
De dónde sale: Anexo IV de las bases, BOP de Sevilla núm. 257 (07/11/2023) (Bases específicas del último proceso: BOP de Sevilla núm. 257, 07/11/2023 (CVE BOP-SE-2023-257038)).
Resumen
Es el tema 14 de la parte I del anexo IV. Tiene dos partes: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL, BOE núm. 269 de 10/11/1995), solo en su objeto y ámbito (arts. 2 a 4), sus derechos y obligaciones (capítulo III, arts. 14 a 29) y su capítulo VII de responsabilidades y sanciones (arts. 44 a 52); y el Informe de la Dirección General de Trabajo de 30 de marzo de 2007 sobre la aplicación de la LPRL a los servicios operativos de protección civil y bomberos. Aviso importante: los arts. 46 a 52 que cita el epígrafe están derogados desde el 1 de enero de 2001 por el Real Decreto Legislativo 5/2000 (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS), que es donde hoy se tipifican las infracciones y sanciones.
Objeto y ámbito (arts. 2-3). Su objeto es promover la seguridad y la salud de los trabajadores, y sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, que los convenios colectivos pueden mejorar y desarrollar (art. 2). Se aplica a las relaciones laborales y también al personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas, con sus peculiaridades, y a los socios trabajadores de cooperativas (art. 3.1).
Ojo a esto, que nos afecta de lleno: según el art. 3.2, la ley no se aplica en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; de los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Pero la exclusión solo alcanza a esas actividades concretas (no a toda la profesión), y la propia ley «inspirará» la normativa específica que se dicte para ellas. En el día a día del parque, la formación, los EPI o la vigilancia de la salud, la LPRL se aplica al bombero como a cualquier empleado público.
Definiciones del art. 4 que caen seguro: prevención (actividades o medidas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos); riesgo laboral (posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo; su gravedad se valora con la probabilidad del daño y su severidad); daños derivados del trabajo (enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo); riesgo grave e inminente (el que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave); equipo de trabajo (cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación); condición de trabajo; y equipo de protección individual (el destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de riesgos, con sus complementos y accesorios).
Capítulo III, derechos y obligaciones. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en seguridad y salud, y eso supone un deber del empresario, que también tiene la Administración respecto de su personal (art. 14). El coste de las medidas de seguridad nunca puede recaer sobre los trabajadores (14.5). Los principios de la acción preventiva (art. 15) son nueve: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, anteponer la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones. Las medidas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador (15.4). El art. 16 regula el plan de prevención, la evaluación de riesgos (inicial y actualizada cuando cambien las condiciones) y la planificación; el 17, los equipos de trabajo y los EPI, que se usan cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar con protección colectiva u organización del trabajo.
Siguen: información, consulta y participación (art. 18); formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, al contratar y al cambiar de funciones o equipos, dentro de la jornada o descontando el tiempo y sin coste para el trabajador (art. 19); medidas de emergencia en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, organizando la relación con servicios externos de salvamento y lucha contra incendios (art. 20). Riesgo grave e inminente (art. 21): el trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, y si el empresario no actúa, los representantes pueden acordar por mayoría la paralización, que se comunica a la empresa y a la autoridad laboral, que la anula o ratifica en 24 horas. Vigilancia de la salud (art. 22): voluntaria, salvo excepciones con informe previo de los representantes (evaluar efectos de las condiciones de trabajo, peligro para el propio trabajador u otros, o previsión legal), respetando intimidad y confidencialidad.
Más del capítulo III: documentación a disposición de la autoridad laboral (art. 23), incluida la relación de accidentes y enfermedades que causen incapacidad superior a un día de trabajo; coordinación entre empresas en un mismo centro (art. 24); trabajadores especialmente sensibles (art. 25), protección de la maternidad, con suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses (art. 26), menores de 18 años (art. 27) y trabajadores temporales y de ETT, con el mismo nivel de protección (art. 28). Obligaciones del trabajador (art. 29): velar por su seguridad y la de los demás, usar bien máquinas y EPI, no inutilizar los dispositivos de seguridad, informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier riesgo y cooperar; si incumple, en un funcionario es falta disciplinaria (29.3).
Responsabilidades (arts. 44-45). Si el Inspector de Trabajo comprueba que el incumplimiento de la normativa implica un riesgo grave e inminente, puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos; la empresa la cumple, la comunica a los trabajadores y a sus representantes, y puede impugnarla ante la autoridad laboral en tres días hábiles, que resuelve en veinticuatro horas (art. 44). En el personal civil de las Administraciones Públicas, las infracciones no se castigan con multas: la autoridad competente impone la realización de las medidas correctoras, en un procedimiento que inicia la Inspección de Trabajo (art. 45.1). Los arts. 46 a 52 (infracciones leves, graves y muy graves, sanciones, reincidencia, prescripción y competencias) están derogados y su contenido está en la LISOS; siguen vigentes la suspensión o cierre del centro de trabajo por el Gobierno o la comunidad autónoma en casos de excepcional gravedad (art. 53) y las limitaciones para contratar con la Administración (art. 54).
El informe de la Dirección General de Trabajo de 30/03/2007. No se ha localizado publicado el texto oficial íntegro; lo conocemos por la reseña que publicó la revista Ambienta del Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2007. El escrito respondía a una consulta del subgrupo de Incendios Forestales de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, apoyándose en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sostiene que el ámbito de la Directiva marco 89/391/CEE se entiende de manera amplia, que sus excepciones se interpretan restrictivamente y que no se excluyen los servicios de protección civil en cuanto tales, sino solo determinadas actividades específicas. Conclusión: la LPRL se aplica a la actividad de los bomberos, y su exclusión solo cede ante un grave riesgo colectivo, en el que la Directiva exige igualmente velar por la seguridad y la salud «en la medida de lo posible».
Claves para el examen
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10/11/1995); el tema pide los arts. 2-4, 14-29 y 44-52.
- Sus normas laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por convenio (art. 2.2).
- Art. 3.2: fuera de la ley solo las actividades cuyas particularidades lo impidan (policía, servicios operativos de protección civil en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, Fuerzas Armadas); no toda la profesión.
- Riesgo laboral: su gravedad se valora por probabilidad y severidad del daño (art. 4.2).
- Riesgo grave e inminente: probable racionalmente en un futuro inmediato y con daño grave (art. 4.4).
- El coste de la seguridad y salud nunca recae sobre los trabajadores (art. 14.5).
- 9 principios preventivos; el primero, evitar los riesgos; anteponer lo colectivo a lo individual (art. 15).
- EPI: cuando los riesgos no se eviten o limiten con protección colectiva u organización (art. 17.2).
- Paralización por los representantes: la autoridad laboral la anula o ratifica en 24 horas (art. 21.3).
- Vigilancia de la salud: voluntaria salvo excepciones, con informe previo de los representantes (art. 22.1).
- Paralización por el Inspector: impugnación en tres días hábiles, resolución en 24 horas (art. 44).
- En las Administraciones, las infracciones se corrigen con medidas correctoras, no con multas (art. 45.1).
- Arts. 46 a 52 derogados por el RDLeg 5/2000 (LISOS).
- Informe DGT de 30/03/2007: la LPRL se aplica a los bomberos; las excepciones se interpretan restrictivamente.
💡 Truco
Para los nueve principios del art. 15: «Evita, Evalúa y Combate; Adapta, Técnica y Sustituye; Planifica, Colectiva e Instruye». Y para el art. 3.2: la ley no se cae para el bombero, solo «se aparta» en la actividad concreta de una catástrofe en curso.
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