💶 Tema 7: Haciendas locales: recursos, tasas, precios públicos y presupuestos

Concello de Santiago de Compostela · Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento · Bombero/a conductor/a especialista

Resumen

Tema 7 de la parte común del anexo III de tus bases (el 7 aquí). El epígrafe oficial, en gallego, dice: «Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais. Recursos das facendas locais: Enumeración. Taxas. Prezos Públicos. Os orzamentos: Contido e aprobación». Aquí lo tienes explicado en castellano; en el examen puedes elegir el cuestionario en gallego o en castellano (lo marcaste en la solicitud).

La norma básica es el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que desarrolla el art. 142 de la Constitución: las haciendas locales deben disponer de medios suficientes y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.

Recursos y clasificación (art. 2 TRLRHL): ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas; subvenciones; precios públicos; operaciones de crédito; multas y sanciones; y demás prestaciones de derecho público. La hacienda provincial tiene los mismos recursos con sus especialidades (art. 131): tasas y contribuciones especiales propias (arts. 132-133), recargo sobre el IAE (art. 134) y participación en los tributos del Estado. Los ayuntamientos exigen obligatoriamente IBI, IAE e IVTM (art. 59.1) y pueden establecer el ICIO y la plusvalía municipal (59.2).

Las tasas (arts. 20-27): se exigen por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y por la prestación de servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria o no los preste el sector privado (art. 20.1). Entre los servicios que pueden gravarse están los de prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección de personas y bienes (art. 20.4.k). No pueden exigirse por abastecimiento de agua en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública general, protección civil, limpieza de la vía pública ni enseñanza obligatoria (art. 21). En las tasas por extinción de incendios son sustitutos del contribuyente las entidades aseguradoras del riesgo (art. 23.2.c). Su importe no puede superar en conjunto el coste real o previsible del servicio (art. 24.2).

Las contribuciones especiales (arts. 28-37): su hecho imponible es la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o un aumento de valor de sus bienes por obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos locales (art. 28). Lo recaudado solo puede destinarse a la obra o servicio que las motivó (art. 29.3). En las de extinción de incendios son especialmente beneficiadas, además de los propietarios, las compañías de seguros del ramo en el término municipal (art. 30.2.c). La base imponible es como máximo el 90 % del coste soportado (art. 31.1) y exigen acuerdo de imposición y de ordenación en cada caso (art. 34).

Los precios públicos (arts. 41-47): se establecen por servicios o actividades de competencia local cuando no concurren las circunstancias que obligan a la tasa (art. 41) y nunca por los servicios del art. 21 (art. 42). Pagan quienes se benefician del servicio (art. 43). Su importe debe cubrir como mínimo el coste, salvo razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, consignando la diferencia en el presupuesto (art. 44). Los establece o modifica el Pleno, que puede delegar (art. 47).

Los presupuestos (arts. 162-171): son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse y de los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio (art. 162), que coincide con el año natural (art. 163). El presupuesto general integra el de la propia entidad, los de sus organismos autónomos y las previsiones de las sociedades mercantiles íntegramente suyas (art. 164), con estados de gastos e ingresos y bases de ejecución, y debe aprobarse sin déficit inicial (art. 165). Lo forma el Presidente y lo remite al Pleno antes del 15 de octubre (art. 168); tras la aprobación inicial se expone al público 15 días, el Pleno resuelve las reclamaciones en un mes y la aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre; entra en vigor al publicarse resumido por capítulos en el BOP, y si no está vigente el 1 de enero se prorroga automáticamente el anterior (art. 169). Modificaciones: créditos extraordinarios y suplementos de crédito, aprobados por el Pleno (art. 177), y transferencias (art. 179).

Su artículo 2 hace la lista de recursos: ingresos de su patrimonio y de derecho privado; tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de otras administraciones; participaciones en tributos del Estado y las CCAA; subvenciones; precios públicos; operaciones de crédito; multas y sanciones; y otras prestaciones de derecho público. Para cobrarlos, la hacienda local tiene las mismas prerrogativas que la del Estado.

Las tasas (arts. 20, 21 y 23) se cobran por usar de forma privativa o aprovechar especialmente el dominio público local (una terraza, un vado, un andamio en la acera...) o por un servicio o actividad administrativa que te afecte o beneficie de modo particular, cuando no es voluntario o no lo presta el sector privado. Ojo, que la propia ley cita entre los servicios que pueden llevar tasa los de prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección de personas y bienes. Pero hay servicios por los que nunca se puede cobrar tasa (art. 21): agua en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza obligatoria.

¿Quién paga la tasa? El contribuyente es quien disfruta del dominio público o recibe el servicio. Pero el art. 23.2 pone sustitutos: el propietario del inmueble en servicios a ocupantes de viviendas o locales; constructores y contratistas en las licencias urbanísticas; los dueños de las fincas en los vados; y, muy de bombero, en las tasas por prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección de personas y bienes, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

Las contribuciones especiales (arts. 28 a 30) se pagan cuando una obra pública o el establecimiento o ampliación de un servicio local te da un beneficio o aumenta el valor de tus bienes. Lo recaudado solo puede ir a pagar esa obra o servicio. Pagan los especialmente beneficiados: los propietarios de inmuebles afectados, los titulares de explotaciones empresariales, las empresas suministradoras que usen galerías subterráneas y, cuando se establece o amplía el servicio de extinción de incendios, además de los propietarios, las compañías de seguros que operan en ese ramo en el municipio.

Los precios públicos (arts. 41 a 44) se cobran por servicios o actividades cuando NO se dan las circunstancias que obligarían a que fuese tasa (es decir, son voluntarios y también los presta el sector privado). No caben por los servicios del art. 21. Los pagan quienes se benefician, y como regla deben cubrir como mínimo el coste; se pueden fijar por debajo por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, consignando en el presupuesto la diferencia.

Ya en el Título II (arts. 56 a 59), la hacienda municipal usa esos mismos recursos con sus especialidades: los ayuntamientos pueden establecer tasas y contribuciones especiales, y en impuestos hay dos grupos. Obligatorios (se exigen siempre): Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Potestativos (el ayuntamiento decide si los establece): Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la «plusvalía»).

Claves para el examen

• Tributos propios: tasas, contribuciones especiales e impuestos (art. 2.1.b).
• Los precios públicos son un recurso distinto de los tributos (art. 2.1.e).
• Sin tasa: agua en fuentes públicas, alumbrado, vigilancia, protección civil, limpieza viaria y enseñanza obligatoria (art. 21).
• Sí cabe tasa por prevención y extinción de incendios y salvamentos (art. 20.4.k).
• Sustituto del contribuyente en la tasa de incendios: la aseguradora (art. 23.2.c).
• Tasa por servicio: no más del coste real o previsible (art. 24.2).
• Contribuciones especiales: beneficio o aumento de valor; base máxima, el 90 % del coste.
• En contribuciones especiales de incendios pagan también las aseguradoras del ramo (art. 30.2.c).
• Precio público: cubre como mínimo el coste; lo fija el Pleno (arts. 44 y 47).
• Diputaciones: recargo sobre el IAE (art. 134).
• Ejercicio presupuestario = año natural (art. 163).
• Al Pleno antes del 15 de octubre; exposición 15 días; aprobación definitiva antes del 31 de diciembre.

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