🏴 Tema 6: Estatuto de Autonomía de Galicia: Parlamento, Xunta y competencias

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Resumen

Tema 6 de la parte común del anexo III de tus bases (el 6 aquí). El epígrafe oficial, en gallego, dice: «Estatuto de Autonomía de Galicia: As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. Das competencias de Galicia». Aquí lo tienes explicado en castellano; en el examen puedes elegir el cuestionario en gallego o en castellano (lo marcaste en la solicitud).

El tema une la organización territorial del Estado (título VIII de la Constitución) con las normas básicas de Galicia. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, que tienen autonomía para gestionar sus intereses (art. 137 CE). Se basa en los principios de solidaridad entre territorios y de igualdad de derechos de los españoles en todo el territorio (arts. 138 y 139). La Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2) y fija las vías de acceso (arts. 143 y 151). Los Estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad, y el Estado los reconoce y ampara como parte de su ordenamiento (art. 147.1). El art. 147.2 fija su contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones y competencias. Las competencias se reparten entre los arts. 148 y 149, y el control de la actividad autonómica corresponde al Tribunal Constitucional, al Gobierno, a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas (art. 153).

Galicia accedió a la autonomía por la vía del art. 151 y la disposición transitoria segunda de la Constitución, por haber plebiscitado un Estatuto en 1936. Su Estatuto es la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (BOE-A-1981-9564). Tiene un título preliminar y cinco títulos: I, del poder gallego; II, de las competencias; III, de la Administración pública gallega; IV, de la economía y la hacienda, y V, de la reforma. Los cierran disposiciones adicionales y transitorias. Apenas se ha modificado: el art. 2 se ajustó en 1998 a los nombres oficiales A Coruña y Ourense (Ley 2/1998), y la disposición adicional primera, sobre los tributos cedidos, se actualizó en 2022. El texto castellano del BOE llama «Junta» a la Xunta, que es su nombre oficial en las leyes gallegas posteriores.

El título preliminar contiene las disposiciones generales. Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma para acceder a su autogobierno, y su Estatuto es su norma institucional básica (art. 1.1). Sus poderes emanan de la Constitución, del Estatuto y del pueblo (1.3). Su territorio lo forman las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (art. 2). Tienen la condición política de gallegos los españoles con vecindad administrativa en un municipio gallego y los residentes en el extranjero cuya última vecindad fue gallega (art. 3). Los derechos y deberes son los de la Constitución, y es principio rector el derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra (art. 4). La lengua propia es el gallego; gallego y castellano son oficiales, todos tienen derecho a conocerlos y usarlos y nadie puede ser discriminado por la lengua (art. 5). La bandera es blanca con una banda diagonal azul, y Galicia tiene himno y escudo propios (art. 6). Las comunidades gallegas del exterior pueden pedir el reconocimiento de su «galleguidad», sin derechos políticos (art. 7). La sede de las instituciones la fija una ley aprobada por dos tercios del Parlamento (art. 8).

Las instituciones (título I, «Del poder gallego») son el Parlamento, la Xunta y su Presidente (art. 9). El Parlamento ejerce la potestad legislativa, que solo puede delegar en la Xunta en los términos de los arts. 82-84 CE. Controla a la Xunta, aprueba los presupuestos, designa a los senadores autonómicos de forma proporcional a los grupos, elige al Presidente, exige responsabilidad política y puede interponer recursos de inconstitucionalidad (art. 10.1). Es inviolable (10.2). Lo forman diputados elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, por cuatro años y con representación proporcional (art. 11). La circunscripción es la provincia y el número de diputados está entre 60 y 80. La Ley 8/1985, de elecciones al Parlamento de Galicia, los fija en 75, con un mínimo de 10 por provincia (art. 9). Los diputados son inviolables por sus votos y opiniones, no están sujetos a mandato imperativo y solo pueden ser detenidos en flagrante delito. Decide sobre ellos el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o, fuera de Galicia, el Tribunal Supremo (art. 11.3).

Su Reglamento se aprueba por mayoría absoluta, fija su propio presupuesto y funciona en Pleno y en Comisiones (art. 12). La iniciativa legislativa corresponde a los diputados, al Parlamento y a la Xunta, y existe iniciativa popular regulada por ley (art. 13.1). Las leyes de Galicia las promulga en nombre del Rey el Presidente de la Xunta y se publican en el Diario Oficial de Galicia y en el BOE. Su entrada en vigor se cuenta desde la publicación en el DOG (13.2), y su constitucionalidad la controla el Tribunal Constitucional (13.3). El artículo 14 permite crear por ley un órgano similar al Defensor del Pueblo: el Valedor del Pueblo.

El Presidente de la Xunta dirige y coordina la acción de la Xunta y ostenta la representación de la comunidad y la ordinaria del Estado en Galicia (art. 15.1). Lo elige el Parlamento de entre sus miembros y lo nombra el Rey (15.2). El Presidente del Parlamento, tras consultar a las fuerzas políticas y oír a la Mesa, propone un candidato, que presenta su programa. Necesita mayoría absoluta en la primera votación; si no la obtiene, se vota de nuevo veinticuatro horas después y basta la mayoría simple. Si tampoco la obtiene, se tramitan nuevas propuestas (15.3). Es políticamente responsable ante el Parlamento (15.4). La Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, desarrolla su estatuto.

La Xunta es el órgano colegiado de gobierno de Galicia. La componen el Presidente, el vicepresidente o los vicepresidentes, en su caso, y los conselleiros, que nombra y cesa el Presidente (art. 16 del Estatuto). Responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad de cada miembro por su gestión. Cesa tras las elecciones, por pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y sigue en funciones hasta que toma posesión la nueva (art. 17). El Presidente y los conselleiros tienen el mismo fuero que los diputados ante el TSJ de Galicia (art. 18). La Xunta puede interponer recursos de inconstitucionalidad (art. 19).

La Administración de Justicia en Galicia ocupa el capítulo III del título I. La comunidad ejerce las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del CGPJ atribuyen al Gobierno y fija las demarcaciones judiciales (art. 20). El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que integró la antigua Audiencia Territorial, es el órgano en que culmina la organización judicial en Galicia (art. 21, conforme al art. 152 CE). Su competencia se extiende a todas las instancias del orden civil, incluidos casación y revisión en Derecho Civil gallego; a todas las del orden penal y social, salvo casación y revisión; y al contencioso-administrativo en los términos del art. 22. Su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ (art. 23). En los concursos para jueces, fiscales y funcionarios de justicia en Galicia son mérito preferente la especialización en Derecho gallego y el conocimiento del idioma (art. 25).

El Valedor del Pueblo es la institución gallega equivalente al Defensor del Pueblo. Lo regula la Ley 6/1984, de 5 de junio, al amparo del art. 14 del Estatuto. Es el alto comisionado del Parlamento de Galicia para defender, en el ámbito de la comunidad, los derechos fundamentales y las libertades públicas, y también los derechos del Estatuto. Para ello supervisa a la Administración autonómica, a sus entes y a la Administración local en las materias de competencia gallega (art. 1). Lo elige el Parlamento por cinco años, a propuesta de la Comisión de Peticiones, con el voto de tres quintas partes de sus miembros (art. 2). Debe tener la condición política de gallego, el pleno disfrute de sus derechos y conocer los idiomas oficiales (art. 3). Toma posesión ante la Mesa en los quince días siguientes a la publicación de su nombramiento. Se relaciona con el Parlamento a través de la Comisión de Peticiones (art. 4).

El Valedor cesa por renuncia, por expiración del mandato, por muerte o incapacidad, por notorio incumplimiento de sus deberes, por condena firme por delito doloso o por perder la condición política de gallego (art. 5). No está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones, y actúa con autonomía (art. 6). Su cargo es incompatible con cualquier mandato representativo, cargo político, actividad pública en activo o afiliación a un partido (art. 7). Lo auxilia un adjunto en quien puede delegar y que lo sustituye; el adjunto lo propone la Comisión de Peticiones y lo nombra el propio Valedor (arts. 8 y 9, en la redacción de la Ley 10/2012). Para el examen conviene recordar la diferencia de mayorías: el Valedor se elige por tres quintas partes, la sede de las instituciones se fija por dos tercios y el Reglamento del Parlamento se aprueba por mayoría absoluta.

El tema 8 trata de lo que puede hacer la Comunidad Autónoma de Galicia (sus competencias), de cómo se relaciona con el Estado y con otras comunidades y de cómo se reforma su Estatuto, la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril. Hay que leerlo junto con la Constitución. Su artículo 148 enumera las materias que pueden asumir las comunidades, y el 149.1 las que son exclusivas del Estado, como la legislación penal, la defensa, las relaciones internacionales o la seguridad pública, sin perjuicio de las policías autonómicas. Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden asumirlas los Estatutos; las demás corresponden al Estado. Su derecho prevalece en caso de conflicto en lo que no sea exclusivo de las comunidades, y es supletorio del autonómico (art. 149.3 CE). El Estatuto gallego distingue entre competencias exclusivas (arts. 27 y 30), de desarrollo legislativo y ejecución (arts. 28, 33 y 34), de ejecución (art. 29) y la competencia «plena» sobre enseñanza (art. 31).

El artículo 27 enumera 32 competencias exclusivas. Entre ellas están la organización de las instituciones de autogobierno; las comarcas y parroquias rurales y el régimen local en el marco del art. 149.1.18.ª CE; la ordenación del territorio y del litoral, el urbanismo y la vivienda; y el Derecho civil gallego y las normas procesales derivadas de él. También las estadísticas propias; las obras públicas, ferrocarriles y carreteras que no son del Estado; los puertos y aeropuertos no calificados de interés general; los montes y aprovechamientos forestales; el régimen jurídico de los montes vecinales en mano común; y la pesca en rías y aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura y la caza.

Completan esa lista las ferias y mercados interiores; la artesanía; el patrimonio histórico, archivos, bibliotecas y museos no estatales; el fomento de la cultura; la promoción y enseñanza de la lengua gallega; el turismo; el deporte y el ocio; y la asistencia social. Está también, y es importante para un policía, la creación de una Policía Autónoma conforme a la ley orgánica del art. 149.1.29.ª CE (art. 27.25). Siguen las fundaciones de interés gallego; los casinos, juegos y apuestas, salvo las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas; las cofradías de pescadores y las cámaras; las normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje; la publicidad, y las demás materias que se transfieran por ley orgánica.

Así ocurre con el régimen jurídico de la Administración gallega y el estatuto de sus funcionarios, la expropiación forzosa, los contratos y concesiones, el régimen minero y energético, la ordenación del sector pesquero, los puertos pesqueros, las cooperativas y los establecimientos farmacéuticos (art. 28). Lo mismo vale para la sanidad interior, la Seguridad Social (salvo su régimen económico, aunque Galicia gestiona ese régimen sin perjuicio de la Caja Única) y la radio, la televisión y la prensa. En esos medios Galicia puede crear su propia televisión, radio y prensa (arts. 33 y 34). Solo tiene la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral (con la alta inspección estatal), propiedad industrial e intelectual, salvamento marítimo y vertidos en las aguas territoriales del litoral gallego (art. 29).

El artículo 31 atribuye a Galicia la competencia plena sobre la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados. Respeta el art. 27 CE y sus leyes orgánicas, las facultades estatales del art. 149.1.30.ª y la alta inspección del Estado. El artículo 32 encarga a la comunidad la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego y prevé, por ley del Parlamento, un Fondo Cultural Gallego y el Consejo de la Cultura Gallega. Todas las competencias se refieren al territorio de Galicia (art. 37.1). En las materias exclusivas, la potestad legislativa es del Parlamento y la reglamentaria y la ejecutiva, de la Xunta (37.2). Las competencias de ejecución llevan implícitas la potestad reglamentaria organizativa, la administración y la inspección (37.3).

Relaciones con el Estado y primacía del Derecho. En las materias de competencia exclusiva, el Derecho propio de Galicia se aplica en su territorio con preferencia a cualquier otro; a falta de Derecho gallego, se aplica supletoriamente el del Estado. Además, el Estado debe respetar las normas del Derecho civil gallego al determinar las fuentes del Derecho civil (art. 38). Galicia puede solicitar al Estado la transferencia o delegación de competencias no asumidas en el Estatuto, y esa solicitud la formula el Parlamento de Galicia (art. 36). El cauce constitucional son las leyes marco y las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.1 y 150.2 CE), y el Estado puede dictar leyes de armonización cuando lo exija el interés general (150.3).

El control de la actividad de las comunidades autónomas se reparte entre varios órganos (art. 153 CE). El Tribunal Constitucional controla sus normas con fuerza de ley. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, controla las funciones delegadas. La jurisdicción contencioso-administrativa controla la administración autonómica y sus reglamentos, y el Tribunal de Cuentas, lo económico y presupuestario. Como medida extrema, si una comunidad no cumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla (art. 155 CE). El Estatuto encomienda a la propia Xunta las funciones administrativas, que puede delegar en las provincias, municipios y demás entidades locales (art. 41). También permite reconocer por ley la comarca y la parroquia rural como entidades con personalidad jurídica (art. 40).

Relaciones con otras comunidades autónomas. La Constitución prohíbe en todo caso la federación de comunidades autónomas y distingue dos instrumentos: los convenios para gestionar y prestar servicios propios y los acuerdos de cooperación (art. 145 CE). El Estatuto lo concreta en su artículo 35. Galicia puede celebrar convenios con otras comunidades para servicios de su exclusiva competencia, comunicándolos a las Cortes Generales antes de que entren en vigor. Si en treinta días las Cortes o una de sus Cámaras ponen reparos, el convenio sigue el trámite de los acuerdos de cooperación; si no, entra en vigor (35.1). Los acuerdos de cooperación necesitan la autorización previa de las Cortes Generales (35.2). Por sus vínculos culturales y lingüísticos con otros Estados, Galicia puede pedir al Gobierno que celebre y someta a las Cortes tratados para establecer relaciones culturales con ellos (35.3); las relaciones internacionales siguen siendo competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3.ª CE).

La reforma del Estatuto (título V) tiene dos vías. Por el procedimiento general (art. 56), la iniciativa corresponde a la Xunta, al Parlamento a propuesta de una quinta parte de sus miembros o a las Cortes Generales. La propuesta exige en todo caso la aprobación del Parlamento gallego por dos tercios, la de las Cortes Generales mediante ley orgánica y un referéndum positivo de los electores. La ley orgánica de aprobación incluye la autorización del Estado para convocar ese referéndum (56.3). Si la propuesta no se aprueba en el Parlamento o en las Cortes, o no se confirma en referéndum, no puede volver a debatirse en el Parlamento hasta que pase un año (56.2).

El procedimiento abreviado (art. 57) sirve cuando la reforma solo altera la organización de los poderes de la comunidad y no afecta a sus relaciones con el Estado. El Parlamento elabora el proyecto y lo consulta a las Cortes Generales. Si en treinta días estas no se declaran afectadas, se convoca un referéndum sobre el texto, con la debida autorización, y al final se aprueba por ley orgánica. Si las Cortes se declaran afectadas, se sigue el procedimiento general y se da por cumplida la iniciativa. Hasta hoy el Estatuto gallego no se ha reformado por estas vías. Solo cambiaron el nombre de las provincias de A Coruña y Ourense (Ley 2/1998, que afecta al art. 2) y la disposición adicional sobre tributos cedidos, que modifican las leyes estatales de cesión de tributos (actualizada en 2022).

Claves para el examen

• Art. 137 CE: municipios, provincias y comunidades autónomas; Estatuto = norma institucional básica (art. 147.1 CE).
• Estatuto de Galicia: Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril; Galicia, «nacionalidad histórica» (art. 1).
• Territorio: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (art. 2); condición política de gallego = vecindad administrativa (art. 3).
• Lengua propia: el gallego; cooficial con el castellano; nadie discriminado por la lengua (art. 5).
• Bandera blanca con banda diagonal azul (art. 6); sede de las instituciones: ley por 2/3 del Parlamento (art. 8).
• Poderes: Parlamento, Xunta y su Presidente (art. 9).
• Parlamento: 4 años, circunscripción provincial, entre 60 y 80 diputados (art. 11); la Ley 8/1985 los fija en 75.
• Aforamiento de diputados y miembros de la Xunta: TSJ de Galicia (dentro) y Tribunal Supremo (fuera) (arts. 11.3 y 18).
• Leyes gallegas: promulga el Presidente en nombre del Rey; entran en vigor según su publicación en el DOG (art. 13.2).
• Presidente: elegido por el Parlamento de entre sus miembros y nombrado por el Rey; mayoría absoluta o simple a las 24 h (art. 15).
• Xunta: órgano colegiado de gobierno; vicepresidentes y conselleiros los nombra y cesa el Presidente (art. 16).
• Responsabilidad solidaria de la Xunta ante el Parlamento; sigue en funciones hasta la nueva (art. 17).

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