🟰 Tema 12: Ley Orgánica 3/2007 de igualdad de mujeres y hombres

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

Objeto y ámbito (título preliminar, arts. 1 y 2). La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, parte de que mujeres y hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los arts. 9.2 y 14 de la Constitución. Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, y las obligaciones de la ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. Se publicó en el BOE el 23 de marzo de 2007 y entró en vigor al día siguiente (disposición final octava). Estructura. Tras el título preliminar, la ley tiene ocho títulos: I, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación; II, políticas públicas para la igualdad; III, igualdad y medios de comunicación; IV, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades; V, el principio de igualdad en el empleo público; VI, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro; VII, la igualdad en la responsabilidad social de las empresas, y VIII, disposiciones organizativas.

El principio de igualdad y sus conceptos (título I, arts. 3 a 9). El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). Es un principio informador del ordenamiento jurídico, que se integra y observa en la interpretación y aplicación de las normas (art. 4). Discriminación directa: la situación de una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que se justifique objetivamente por una finalidad legítima y con medios necesarios y adecuados (art. 6). Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con ese mismo propósito o efecto; ambos son siempre discriminatorios (art. 7). Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad es discriminación directa (art. 8), y también es discriminación la represalia por haber reclamado (art. 9).

Consecuencias y tutela (arts. 10 a 13). Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo son nulos y sin efecto y dan lugar a responsabilidad mediante reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio (art. 10). Los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres, las acciones positivas, para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho; se aplican mientras subsistan esas situaciones y deben ser razonables y proporcionadas (art. 11). Cualquier persona puede recabar la tutela judicial del derecho a la igualdad, incluso terminada la relación en la que se produjo la discriminación; en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo la única legitimada es la persona acosada (art. 12). En los procedimientos en que se aleguen actuaciones discriminatorias por razón de sexo corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas, regla que no rige en los procesos penales (art. 13).

Políticas públicas (título II). El art. 14 fija los criterios generales de actuación de los poderes públicos, entre ellos la integración de la igualdad en el conjunto de las políticas, la participación equilibrada en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones, la erradicación de la violencia de género, la protección de la maternidad, la conciliación y la corresponsabilidad, y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. La igualdad informa con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos (art. 15), que procurarán la presencia equilibrada en los nombramientos de cargos de responsabilidad (art. 16). El Gobierno aprueba periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17), y los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de Ministros deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género (art. 19). Las entidades locales integran el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaboran con las demás Administraciones (art. 21.2). El título sigue con educación, salud, sociedad de la información, deportes, desarrollo rural, vivienda, contratos y subvenciones públicas (arts. 23 a 35).

Igualdad y medios de comunicación (título III, arts. 36 a 41). Los medios de comunicación social de titularidad pública velan por transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres y promueven el conocimiento del principio de igualdad (art. 36). La Corporación RTVE y la Agencia EFE persiguen cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, utilizar el lenguaje en forma no sexista, adoptar mediante la autorregulación códigos de conducta que transmitan el principio de igualdad y colaborar con las campañas institucionales de fomento de la igualdad y de erradicación de la violencia contra las mujeres; además promueven la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional (arts. 37 y 38). Todos los medios, también los privados, respetan la igualdad y evitan cualquier forma de discriminación, y las Administraciones promueven acuerdos de autorregulación (art. 39). Las autoridades audiovisuales adoptan las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales (art. 40). La publicidad que comporte una conducta discriminatoria conforme a la ley se considera publicidad ilícita (art. 41).

El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (título IV, arts. 42 a 50). La negociación colectiva puede establecer medidas de acción positiva (art. 43) y los derechos de conciliación se reconocen de forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares (art. 44). Todas las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación laboral; las de cincuenta o más trabajadores deben elaborar y aplicar un plan de igualdad, negociado con la representación legal de los trabajadores (art. 45). El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar la discriminación por razón de sexo; el diagnóstico cubre selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo con auditoría salarial, corresponsabilidad, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso, y el plan se inscribe en un registro (art. 46). La representación legal de la plantilla tiene garantizado el acceso a la información sobre el contenido del plan y la consecución de sus objetivos (art. 47). Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital (art. 48). Para las demás empresas el plan es voluntario, y el Gobierno fomenta su adopción, sobre todo en las pequeñas y medianas (arts. 45.5 y 49). Existe un distintivo empresarial en materia de igualdad para las empresas que destaquen por sus políticas de igualdad, que pueden usar en el tráfico comercial y con fines publicitarios y que se retira si dejan de aplicarlas (art. 50).

Empleo público (título V). Las Administraciones públicas deben remover los obstáculos que mantengan cualquier discriminación en el acceso al empleo público y en la carrera profesional, facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas frente al acoso sexual y por razón de sexo y frente a la discriminación retributiva, y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad (art. 51). En la Administración General del Estado, los tribunales y órganos de selección responden al principio de presencia equilibrada, salvo razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 53). La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público debe acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia (art. 55), y las pruebas de acceso contemplan el estudio y la aplicación del principio de igualdad (art. 61). Quien se incorpore tras un permiso de maternidad o paternidad o reingrese de una excedencia por guarda legal o cuidado de mayores dependientes o personas con discapacidad tiene preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas en cursos de formación; y en los cursos para promoción y acceso a puestos directivos se reserva al menos un 40 % de las plazas a las empleadas públicas que reúnan los requisitos (art. 60). Cuando las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, se disfrutan en fecha distinta (art. 59). Las Administraciones negocian con la representación legal del personal un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, que incluye el compromiso de prevenirlo y no tolerarlo, la instrucción a todo el personal, el tratamiento reservado de las denuncias y la identificación de las personas responsables de atenderlas (art. 62). El Gobierno aprueba, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64).

Bienes y servicios y responsabilidad social de las empresas (títulos VI y VII). Quien, en el sector público o en el privado, suministre bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, debe cumplir el principio de igualdad de trato; ello no afecta a la libertad de contratación, siempre que la elección de la otra parte no venga determinada por su sexo, y se admiten las diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo y con medios adecuados y necesarios (art. 69). Ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de bienes o servicios, salvo por razones de protección de su salud (art. 70). Se prohíben los contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que considerar el sexo como factor de cálculo genere diferencias en primas y prestaciones, y los costes del embarazo y el parto tampoco las justifican (art. 71). Quien sufra una conducta discriminatoria tiene derecho a indemnización, y en los seguros puede reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose el contrato en lo demás (art. 72). En el título VII, las empresas pueden asumir voluntariamente acciones de responsabilidad social (medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza) para promover la igualdad en su seno o en su entorno social; pueden concertarlas con la representación de la plantilla, las organizaciones de consumidores, las asociaciones de defensa de la igualdad y los organismos de igualdad, y deben informar a los representantes de los trabajadores de las que no concierten con ellos (art. 73). Pueden hacer uso publicitario de esas acciones conforme a la legislación general de publicidad, y el Instituto de la Mujer o los órganos autonómicos equivalentes están legitimados para ejercer la acción de cesación si aprecian publicidad engañosa (art. 74). Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada, objetivo para el que la ley fijó un plazo de ocho años desde su entrada en vigor (art. 75).

Disposiciones organizativas (título VIII) y composición equilibrada. La ley crea tres piezas organizativas: la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, órgano colegiado que coordina las políticas de los ministerios (art. 76); las Unidades de Igualdad, un órgano directivo en cada ministerio (art. 77), y el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de consulta y asesoramiento (art. 78). Y define la composición equilibrada: la presencia de mujeres y hombres de forma que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento (disposición adicional primera).

Claves para el examen

• Desarrolla los arts. 9.2 y 14 de la Constitución (art. 1.1) y obliga a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en España (art. 2.2).
• Igualdad de trato: ausencia de toda discriminación por razón de sexo, especialmente por maternidad, obligaciones familiares y estado civil (art. 3).
• Directa: trato menos favorable en atención al sexo. Indirecta: disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pone en desventaja a un sexo (art. 6).
• Acoso sexual: comportamiento de naturaleza sexual. Acoso por razón de sexo: comportamiento en función del sexo de la persona (art. 7).
• Trato desfavorable por embarazo o maternidad: discriminación directa (art. 8).
• Actos y cláusulas discriminatorios: nulos y sin efecto (art. 10).
• Acciones positivas: medidas específicas en favor de las mujeres, mientras subsista la desigualdad, razonables y proporcionadas (art. 11).
• En los litigios por acoso solo está legitimada la persona acosada (art. 12.3). La persona demandada prueba la ausencia de discriminación, salvo en los procesos penales (art. 13).
• Medios: RTVE y la Agencia EFE usan el lenguaje en forma no sexista (arts. 37 y 38); la publicidad discriminatoria es publicidad ilícita (art. 41).
• Plan de igualdad obligatorio en empresas de cincuenta o más trabajadores (art. 45.2).
• Empleo público: informe de impacto de género en las convocatorias de acceso, salvo urgencia (art. 55); Plan de Igualdad de la Administración General del Estado al inicio de cada legislatura (art. 64).
• Formación: preferencia durante un año tras maternidad, paternidad o excedencia; reserva de al menos el 40 % de plazas para empleadas públicas (art. 60).
• Bienes y servicios: no se puede indagar sobre el embarazo, salvo para proteger la salud de la mujer (art. 70); en los seguros, asimilación a las primas y prestaciones del sexo más beneficiado (art. 72.2).
• Responsabilidad social: voluntaria (art. 73); acción de cesación del Instituto de la Mujer si la publicidad es engañosa (art. 74); consejos de administración: procurar la presencia equilibrada (art. 75).
• Composición equilibrada: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 % (disposición adicional primera).

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