🤝 Tema 11: Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación

Ayuntamiento de Oviedo · Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) · Agente Técnico/a Conductor/a Especialista del SEIS

Resumen

Objeto y estructura. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los arts. 9.2, 10 y 14 de la Constitución (art. 1). Regula derechos y obligaciones de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, fija principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado. Se organiza en un título preliminar y cinco títulos: I, el derecho y sus ámbitos; II, defensa y promoción; III, la Autoridad Independiente; IV, infracciones y sanciones, y V, atención, apoyo e información a las víctimas. Se publicó en el BOE el 13 de julio de 2022 y entró en vigor al día siguiente (disposición final décima).

A quién protege y a quién obliga (art. 2). El derecho se reconoce a toda persona, con independencia de su nacionalidad, de si es menor o mayor de edad y de si disfruta o no de residencia legal. Nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La enfermedad no puede amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio tratamiento, de las limitaciones objetivas que imponga para determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública. Las obligaciones de la ley se aplican al sector público (Estado, comunidades autónomas, entidades locales, Administración de Justicia y sector público institucional) y a las personas físicas o jurídicas privadas que residan, se encuentren o actúen en territorio español. Dónde se aplica (art. 3). En el empleo por cuenta ajena y propia; en el acceso, la promoción, las condiciones de trabajo y la formación en el empleo público; en la afiliación a organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales; en educación, sanidad, transporte, cultura, seguridad ciudadana y Administración de Justicia; en la protección social y los servicios sociales; en el acceso a bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda; en el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y el uso de la vía pública; en publicidad, medios de comunicación, Internet, redes sociales y aplicaciones móviles; en las actividades deportivas, y en la inteligencia artificial y la gestión masiva de datos. La ley fija mínimos: no perjudica los regímenes más favorables de otras normas estatales o autonómicas.

Qué es discriminar (art. 4). El derecho implica la ausencia de toda discriminación por las causas del art. 2. Son vulneraciones: la discriminación directa o indirecta, por asociación y por error, la múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias, el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, y la inacción, dejación de funciones o incumplimiento de deberes. No es discriminación la diferencia de trato que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. La igualdad de trato es un principio informador del ordenamiento jurídico, y en las políticas contra la discriminación se tiene en cuenta la perspectiva de género.

Definiciones (art. 6). Discriminación directa: una persona o grupo es, ha sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable; también lo es denegar ajustes razonables a las personas con discapacidad. Indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar una desventaja particular. Por asociación: se discrimina a alguien por su relación con otra persona en la que concurre la causa. Por error: se funda en una apreciación incorrecta sobre las características de la persona discriminada. Múltiple: de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas. Interseccional: concurren o interactúan varias causas y generan una forma específica de discriminación. Acoso discriminatorio: conducta por alguna de las causas, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Represalia: trato adverso por haber reclamado o colaborado en un procedimiento contra una discriminación. Acciones positivas: diferencias de trato para prevenir, eliminar o compensar desventajas, aplicables mientras subsistan las situaciones que las justifican y siempre razonables y proporcionadas. Segregación escolar: separar al alumnado por motivos socioeconómicos o por las causas del art. 2.1 sin justificación objetiva y razonable.

La igualdad en cada ámbito (título I, capítulo II, arts. 9 a 24). Empleo: no caben limitaciones, segregaciones o exclusiones en el acceso, la selección, la formación, la promoción, la retribución, la jornada ni el despido; el empleador no puede preguntar por las condiciones de salud del aspirante; vigila la Inspección de Trabajo y, en el empleo público, la inspección general de servicios, y reglamentariamente se puede exigir a las empresas de más de 250 trabajadores que publiquen información salarial (art. 9). La negociación colectiva tampoco puede fijar esas limitaciones y sí medidas de acción positiva (art. 10); lo mismo rige en el trabajo por cuenta propia (art. 11) y en la afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales (art. 12). Educación: los centros que excluyan del ingreso discriminando no pueden acogerse a ninguna forma de financiación pública, y administraciones y centros deben prevenir y revertir la segregación escolar (art. 13); en la educación no formal se promueven los valores democráticos y los derechos humanos (art. 14). Sanidad: nadie puede ser excluido de un tratamiento por discapacidad, sinhogarismo, edad, sexo o enfermedades preexistentes o intercurrentes, salvo razones médicas debidamente acreditadas (art. 15.2). Servicios sociales: atención prioritaria a los grupos especialmente vulnerables (art. 16). Bienes y servicios: quien los ofrezca al público no puede discriminar en el acceso, tampoco en los seguros y servicios financieros (art. 17) ni en la venta o el alquiler de viviendas y locales de negocio (art. 20). Seguridad ciudadana: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la seguridad privada evitarán los perfiles discriminatorios sin justificación objetiva (art. 18). Justicia: supresión de estereotipos y accesibilidad para los grupos especialmente vulnerables (art. 19). Establecimientos, espacios y espectáculos abiertos al público: sus titulares u organizadores dan a conocer en un espacio visible los criterios y limitaciones del derecho de admisión (art. 21.3). Medios y publicidad: la comunicación publicitaria, comercial o institucional, con elementos de discriminación es publicidad ilícita (art. 22.3). Inteligencia artificial: las administraciones favorecerán que los algoritmos que usen para tomar decisiones tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, y se promoverá un sello de calidad de los algoritmos (art. 23). Y en toda actividad cultural o deportiva se evita la discriminación (art. 24).

Garantías (título II, capítulo I, arts. 25 a 32). Son nulos de pleno derecho las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación (art. 26). Quien discrimina repara el daño con una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior cuando sea posible; acreditada la discriminación, se presume la existencia de daño moral (art. 27). Carga de la prueba: cuando quien reclama alega discriminación y aporta indicios fundados, corresponde a la parte demandada aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad; esta regla no rige en los procesos penales ni en los procedimientos administrativos sancionadores (art. 30). Partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de consumidores y asociaciones de defensa de los derechos humanos pueden defender en juicio civil, contencioso-administrativo y social a sus afiliados, asociados o usuarios si cuentan con su autorización expresa; a las asociaciones de derechos humanos se les exige, como regla, estar constituidas al menos dos años antes de iniciarse el proceso (art. 29). La autoridad pública que conozca un supuesto de discriminación debe incoar el procedimiento administrativo si es competente o, si no lo es, comunicarlo de forma inmediata a la Administración competente (art. 31). Las secciones especializadas en delitos de odio y discriminación de las fiscalías provinciales promueven y coordinan las actuaciones penales (art. 32).

Promoción de la igualdad y atención a las víctimas (título II, capítulo II, y título V). Los poderes públicos adoptan medidas de acción positiva e impulsan políticas de fomento de la igualdad de trato en las relaciones entre particulares (art. 33). La Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es el instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado: la prepara, sigue y evalúa la Conferencia Sectorial de Igualdad, la aprueba el Consejo de Ministros y es cuatrienal (art. 34). El Estado, las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales cooperan entre sí para integrar la igualdad de trato y la lucha contra la intolerancia en el ejercicio de sus competencias (art. 35). Los poderes públicos elaboran estudios y estadísticas, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recaban los datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias (art. 36). Las administraciones no subvencionan ni dan ayudas a quien haya sido sancionado por resolución administrativa firme por una infracción muy grave (art. 37.3). Los poderes públicos contemplan en los procesos selectivos y en la formación de su personal el estudio y la aplicación de la igualdad de trato y la no discriminación, con formación teórica y práctica (art. 38), y fomentan el diálogo con las organizaciones no gubernamentales (art. 39). Las víctimas tienen derecho a información completa y comprensible y a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia (art. 5). El título V añade que los poderes públicos les garantizan información por servicios telemáticos y presenciales y una atención integral que comprende asesoramiento, asistencia, en especial la sanitaria, y medidas sociales para su recuperación, con tratamiento específico cuando la agresión se comete con las nuevas tecnologías o en las redes sociales (art. 53); y que hacen campañas de sensibilización, garantizan la asistencia a las víctimas aunque no se interponga denuncia y ponen en marcha en los centros escolares, dentro del Plan de Convivencia, un protocolo específico frente al acoso escolar discriminatorio (art. 54).

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (título III, arts. 40 a 45). Se crea en el ámbito de la Administración del Estado para proteger y promover la igualdad de trato en los sectores público y privado (art. 40). Entre sus funciones: asistir y orientar a las víctimas y tramitar sus quejas, mediar o conciliar con el consentimiento expreso de las partes (salvo en lo penal y lo laboral), investigar de oficio o a instancia de terceros, ejercitar acciones judiciales y elaborar un informe anual que remite al Congreso, al Gobierno y al Defensor del Pueblo. Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que actúa con plena independencia y autonomía funcional. Su presidencia la nombra el Gobierno mediante real decreto, entre personalidades de reconocido prestigio, y su mandato es de cinco años sin posibilidad de renovación (art. 41). Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y su Estatuto lo aprueba el Consejo de Ministros por real decreto (art. 41). Su personal es, con carácter general, funcionario de carrera, y entre sus recursos están las asignaciones anuales de los Presupuestos Generales del Estado (art. 42). El Estatuto asegura la participación en sus actividades de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales y de las administraciones (art. 43). Administraciones y particulares deben colaborar con sus investigaciones y darle la información que pida en diez días, salvo que se fije motivadamente otro plazo (art. 44). Ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos autonómicos similares, con los que puede celebrar convenios de colaboración (art. 45).

Infracciones y sanciones (título IV). Las infracciones son leves, graves o muy graves (art. 47). Leves: irregularidades formales sin efecto ni motivación discriminatorios. Graves: la discriminación directa o indirecta, por asociación o por error, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias, el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico y la tercera leve en un año. Muy graves: la discriminación múltiple, el acoso discriminatorio, la presión grave sobre la autoridad o el personal público y la tercera grave en dos años. Multas (art. 48): leves, de 300 a 10.000 euros; graves, de 10.001 a 40.000; muy graves, de 40.001 a 500.000; lo recaudado se invierte en sensibilización. Si la infracción la comete un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la sanción se aplica en su grado máximo (art. 49.3). Las infracciones prescriben al año, a los tres y a los cuatro años; las sanciones, al año, a los cuatro y a los cinco (art. 51). La resolución del procedimiento sancionador se notifica en un máximo de seis meses (art. 52.2). En las infracciones que no sean muy graves, la multa puede sustituirse, con consentimiento de la persona sancionada, por cooperación personal no retribuida en actividades de utilidad pública (art. 50.2).

Claves para el examen

• Desarrolla los arts. 9.2, 10 y 14 de la Constitución y protege a toda persona, con independencia de nacionalidad, edad o residencia legal (arts. 1.1 y 2.1).
• Obliga al sector público, incluidas las entidades locales, y a los particulares que residan, se encuentren o actúen en España (art. 2.4).
• No es discriminación la diferencia de trato con finalidad legítima y medio adecuado, necesario y proporcionado (art. 4.2).
• Denegar ajustes razonables a personas con discapacidad es discriminación directa (art. 6.1.a).
• Indirecta: disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que causa desventaja particular (art. 6.1.b).
• Por asociación: por la relación con otra persona. Por error: apreciación incorrecta. Múltiple: dos o más causas, simultáneas o consecutivas. Interseccional: las causas interactúan y crean una forma específica (art. 6.2 y 6.3).
• El empleador no puede preguntar por la salud del aspirante (art. 9.5).
• Derecho de admisión: criterios y limitaciones a la vista, en un espacio visible (art. 21.3). Publicidad con elementos discriminatorios: ilícita (art. 22.3). Algoritmos públicos: minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas (art. 23.1).
• Actos y cláusulas discriminatorios: nulos de pleno derecho (art. 26). Acreditada la discriminación, se presume el daño moral (art. 27.1).
• Con indicios fundados, la carga de la prueba pasa a la parte demandada; no en lo penal ni en lo sancionador (art. 30).
• Procesos selectivos y formación del personal público incluyen la igualdad de trato (art. 38). Víctimas: asistencia garantizada aunque no se interponga denuncia (art. 54.1) y asesoramiento jurídico gratuito justo antes de denunciar (art. 5.4).
• Autoridad Independiente: presidencia de cinco años, sin renovación (art. 41.4); administraciones y particulares le dan la información pedida en diez días (art. 44.3).
• Multas: leves 300 a 10.000 euros; graves 10.001 a 40.000; muy graves 40.001 a 500.000 (art. 48.1).
• Muy graves: discriminación múltiple y acoso discriminatorio (art. 47.4).
• Prescripción de infracciones: 1, 3 y 4 años; de sanciones: 1, 4 y 5 años (art. 51). Funcionario en ejercicio del cargo: sanción en grado máximo (art. 49.3).

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