📄 Tema 21: Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común

Diputación Provincial de Cuenca · Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias (SPEIN) · Mecánico/a Bombero/a Conductor/a

Resumen

Este tema es el 3 de la parte general del anexo III de las bases. Gira alrededor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), que entró en vigor al año de su publicación, aunque lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico y el archivo único electrónico produjo efectos desde el 2 de abril de 2021 (disposición final séptima). Tiene 133 artículos en siete títulos (el preliminar y seis más) y, en su texto consolidado, nueve disposiciones adicionales (nació con cinco; la sexta a la novena se añadieron entre 2019 y 2024), cinco transitorias, una derogatoria y siete finales. Su objeto (art. 1) es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento común a todas las Administraciones (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo por ley pueden añadirse trámites adicionales o distintos.

Ámbito de aplicación (art. 2). La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las comunidades autónomas, Entidades que integran la Administración Local (la Diputación de Cuenca, por ejemplo) y sector público institucional. Este último lo forman los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (sujetas a las normas de la ley que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas) y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Tienen la consideración de Administraciones Públicas las territoriales y los organismos y entidades de derecho público. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa y supletoriamente por la ley. Además, la disposición adicional primera deja con su normativa específica, y la ley como supletoria, materias como la tributaria, la Seguridad Social, los sancionadores de tráfico y extranjería.

Principios informadores. La Ley 39/2015 no los enumera en un artículo propio: la guía de la oposición los lleva al art. 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que desarrolla el art. 103 de la Constitución. Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deben respetar, entre otros, el servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, claridad y proximidad; la participación, objetividad y transparencia; la racionalización y agilidad de los procedimientos; la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; la responsabilidad por la gestión pública; la eficacia, economía y eficiencia; y la cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Para las normas, el art. 129 de la Ley 39/2015 fija los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Los interesados: capacidad de obrar (art. 3). Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones las personas físicas o jurídicas que la tengan según las normas civiles; los menores de edad para los derechos e intereses cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Son interesados (art. 4) quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden verse afectados, y quienes tienen intereses legítimos afectados y se personan mientras no haya resolución definitiva. Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos, y si la condición de interesado es transmisible, el derecho-habiente sucede cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Representación (arts. 5-8). Cualquier interesado con capacidad de obrar puede actuar por medio de representante. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. Vale cualquier medio que deje constancia fidedigna, y en particular el apoderamiento apud acta (comparecencia personal o electrónica) o la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Si falta o es insuficiente, se da un plazo de diez días para subsanar. Los poderes inscritos pueden ser generales, ante una Administración concreta o para trámites determinados, y valen como máximo cinco años. Con varios interesados, las actuaciones se entienden con el representante o interesado que hayan señalado y, si no, con el que figure en primer término (art. 7). Si aparecen personas afectadas en un procedimiento sin publicidad, se les comunica su tramitación (art. 8).

Identificación y firma (arts. 9-12). La Administración debe verificar la identidad de los interesados; electrónicamente sirven los certificados cualificados de firma o de sello y otros sistemas con registro previo. Por regla general basta con identificarse, y la firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2). Las Administraciones deben asistir en el uso de medios electrónicos a quienes no estén obligados a usarlos, y si no tienen medios puede firmar por ellos un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado (art. 12).

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones (art. 13): comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidas en el uso de medios electrónicos; usar las lenguas oficiales de su comunidad; acceder a la información pública, archivos y registros según la Ley 19/2013; ser tratadas con respeto y deferencia; exigir responsabilidades; obtener y usar medios de identificación y firma electrónica; la protección de sus datos personales; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes. Las personas físicas eligen si se relacionan electrónicamente o no (art. 14.1), pero están obligadas en todo caso las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales de colegiación obligatoria en su actividad, quienes representen a un obligado y los empleados públicos en los trámites que hagan por su condición de tales.

Garantías en el desarrollo del procedimiento. El capítulo I del título IV se titula «Garantías del procedimiento» y está formado por el art. 53, derechos del interesado: conocer en cualquier momento el estado de tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y los actos de trámite, y obtener copia de los documentos; identificar a las autoridades y al personal responsables; no presentar documentos originales salvo excepción (y, si hay que presentarlos, obtener copia autenticada); no aportar datos o documentos no exigidos o que ya tenga la Administración; formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia; obtener información y orientación; actuar asistido de asesor; y pagar por medios electrónicos. En los procedimientos sancionadores, el presunto responsable tiene además derecho a ser notificado de los hechos, infracciones, posibles sanciones, instructor y autoridad competente, y a la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario.

Claves para el examen

• Ley 39/2015, de 1 de octubre: 133 artículos en 7 títulos. Entró en vigor al año de publicarse en el BOE.
• Sector público (art. 2): AGE, CCAA, Administración Local y sector público institucional.
• Universidades públicas: su normativa específica y la Ley 39/2015 como supletoria.
• Principios (art. 3 Ley 40/2015): eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
• Buena regulación (art. 129): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
• Grupos de afectados y entes sin personalidad: capacidad de obrar solo si la ley lo declara expresamente.
• Interesado que se persona: mientras no haya resolución definitiva.
• Representación obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistir y renunciar; se presume en el mero trámite.
• Subsanar la representación: 10 días.
• Poderes del registro de apoderamientos: validez máxima de 5 años.
• Varios interesados sin designación: se actúa con el que figure en primer término.
• Firma obligatoria (art. 11.2): solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia.
• Obligados a lo electrónico: personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos.
• Art. 53: alegaciones y documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.
• Sancionador: presunción de no existencia de responsabilidad.

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