🗺️ Tema 23: Montes de Castilla y León: clasificación, utilidad pública y deslindes

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 23 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Montes de Castilla y León: clasificación, utilidad pública y deslindes», del Grupo II · Materias específicas (16-56). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Clasificación por titularidad (Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León, art. 8, que reproduce el art. 11 de la Ley 43/2003). Los montes son públicos o privados. Públicos: los del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y otras entidades de derecho público. Privados: los de personas físicas o jurídicas de derecho privado, solas o en copropiedad. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial por su propiedad en común (sin asignación de cuotas, precisa la ley estatal) y están sujetos a indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; salvo su legislación especial, se rigen por lo dispuesto para los montes privados.

Clasificación por régimen jurídico (art. 9). Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal: por razones de servicio público, los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública; los montes comunales de las entidades locales, mientras su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos, y los afectados a un uso o servicio público. Son patrimoniales los de propiedad pública que no son demaniales. Por sus especiales características, los montes pueden clasificarse además en protectores y con otras figuras de especial protección (art. 10). Los montes demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo que grave su titularidad (Ley 43/2003, art. 14); los patrimoniales solo se adquieren por usucapión con posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante 30 años (Ley 43/2003, art. 19).

Montes catalogados de utilidad pública (arts. 11-21). Lo son los ya incluidos en el Catálogo, los declarados de utilidad pública antes de la ley, los que se incluyan por concurrir las causas legales (las de los arts. 13, 24 y 24 bis de la Ley 43/2003: protección frente a la erosión, cabeceras de cuenca y regulación hidrológica, defensa frente a desprendimientos, conservación de la biodiversidad y del paisaje, etc.) y los destinados a restauración, repoblación o mejora con fines de protección. El Catálogo es un registro público de carácter administrativo de los montes demaniales declarados de utilidad pública, reseñados correlativamente por provincias con nombre, pertenencia, límites, especies principales, inscripción registral, carácter comunal y cargas; lo gestiona la consejería, y las inclusiones y exclusiones se aprueban por orden, previos informe de la entidad titular e información pública, y se publican en el BOCYL (art. 12).

Efectos de la inclusión: el monte adquiere la condición de bien de dominio público (acto expreso de afectación) y se presume la posesión a favor de la entidad a cuyo nombre figura (art. 15). La titularidad asignada en el Catálogo solo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, siendo parte demandada la comunidad autónoma (Ley 43/2003, art. 18). Los montes catalogados se inscriben en el Registro de la Propiedad (art. 17). Dividir un monte catalogado en proindiviso exige acuerdo de los copropietarios e informe previo favorable de la consejería (art. 18). Exclusión del Catálogo (art. 19): pérdida de la titularidad pública por sentencia firme, desaparición de las causas de utilidad pública, expropiación por un interés prevalente, concentración parcelaria o permuta; comporta la desafectación. La permuta de una parte no significativa se admite si mejora los linderos, la gestión o la conservación (art. 20). Si concurre otra declaración demanial y hay discrepancia entre administraciones, resuelve la Junta de Castilla y León; si afecta a obras de interés general del Estado y hay discrepancia, el Consejo de Ministros (art. 21).

Defensa de la propiedad pública (arts. 22-28). Potestades sobre montes demaniales: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo; sobre los patrimoniales, la entidad propietaria tiene investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 22). En los catalogados, la consejería y la entidad propietaria ejercen investigación, deslinde y recuperación, y el desahucio corresponde a la consejería (art. 23). La investigación se inicia de oficio (por iniciativa propia o denuncia de particulares) y el acuerdo se publica en el BOCYL y en el tablón del ayuntamiento (art. 25). La recuperación posesoria de montes demaniales puede hacerse en cualquier tiempo; en los patrimoniales hay que notificar el inicio antes de un año desde que se conoce la usurpación; se da al ocupante un plazo de 15 días como máximo y caben multas coercitivas de hasta 3.000 € reiteradas cada 15 días (art. 27). El desahucio administrativo procede cuando decae el título que legitimaba la ocupación de un monte catalogado (art. 28).

Deslinde y amojonamiento (art. 26). Los montes públicos deben deslindarse y amojonarse. Si hay peligro de intrusiones o indicios de usurpación, se puede declarar el monte en estado de deslinde (se publica en el BOCYL y permite señalar zonas de defensa con intervención en los aprovechamientos de los predios privados colindantes) y debe incoarse sin demora el expediente. El deslinde se inicia de oficio o a instancia de titulares o particulares, se anuncia en el BOCYL y por edictos en los ayuntamientos, se notifica a colindantes e interesados y se anota preventivamente en el Registro de la Propiedad. En el apeo de montes demaniales solo valen los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad; en los patrimoniales valen también las pruebas de posesión pública, pacífica, no interrumpida y en concepto de dueño durante más de 30 años. El deslinde aprobado y firme declara con carácter definitivo el estado posesorio, a reserva de juicio declarativo de propiedad. Plazo máximo para resolver: 24 meses desde el acuerdo de iniciación, y después caduca. Recursos: contencioso-administrativo por competencia o procedimiento; jurisdicción ordinaria si se discute el dominio o la posesión. Firme el deslinde, se amojona.

Consolidación de la propiedad pública (arts. 29-33). La Comunidad y las entidades locales tienen derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) en las ventas de montes de más de 150 hectáreas, de fincas del mismo dueño colindantes o separadas menos de 500 metros que sumen más de 150 hectáreas y de montes protectores o con otras figuras de especial protección; la Comunidad tiene preferencia (art. 30). Caben la refundición de suelo y vuelo, la extinción de servidumbres incompatibles con la utilidad pública y la concentración parcelaria, en la que la superficie resultante de un monte catalogado no puede ser inferior a la aportada. Las extensiones de montes de 25 hectáreas o menos son indivisibles (disp. adic. 7.ª).

Convenios de gestión forestal (art. 101). La Comunidad puede acordar con los propietarios de montes privados y, en su caso, de los patrimoniales, mediante convenios o contratos, actuaciones de gestión, protección y mejora: la gestión pública de los terrenos forestales; la reforestación, regeneración y mejora, y la forestación de terrenos que puedan llegar a ser monte; trabajos de restauración forestal; prevención de incendios y protección fitosanitaria, y protección de hábitats forestales. En los montes con convenio que atribuya la gestión a la consejería, los aprovechamientos se rigen por el convenio y por el régimen de los montes catalogados (art. 45.2). Los antiguos convenios y consorcios de repoblación sobre montes catalogados, protectores o con régimen especial de protección se resuelven anticipadamente, quedando liquidada la cuenta sin contraprestación económica entre las partes y con conformidad del propietario (disp. adic. 1.ª).

Claves para el examen

• Montes públicos: Estado, comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades de derecho público.
• Montes vecinales en mano común: privados de naturaleza especial; indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
• Demaniales: catalogados, comunales (mientras el aprovechamiento sea del común de los vecinos) y afectados a un uso o servicio público. El resto de públicos, patrimoniales.
• Dominio público forestal: inalienable, imprescriptible, inembargable y sin tributos sobre la titularidad.
• Catálogo: registro público de carácter administrativo; inclusión = afectación al dominio público y presunción posesoria.
• La titularidad del Catálogo solo se impugna en juicio declarativo ordinario de propiedad ante la jurisdicción civil.
• Potestades sobre demaniales: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio; en los catalogados, el desahucio es de la consejería.
• Recuperación posesoria: demaniales en cualquier tiempo; patrimoniales, iniciar antes de un año desde que se conoce la usurpación.
• Estado de deslinde: por peligro de intrusiones o indicios de usurpación; se publica en el BOCYL.
• Apeo: en demaniales solo valen títulos inscritos en el Registro de la Propiedad; en patrimoniales, también la posesión de más de 30 años.
• Deslinde: 24 meses para resolver o caduca; el amojonamiento, cuando el deslinde es firme.
• Adquisición preferente: montes de más de 150 ha; preferencia de la Comunidad sobre la entidad local.
• Montes de 25 ha o menos: indivisibles.
• Convenios de gestión forestal (art. 101): con propietarios de montes privados y, en su caso, patrimoniales.

Vídeos recomendados

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