🗂️ Tema 6: Régimen jurídico del sector público: órganos y competencias

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 6 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Régimen jurídico del sector público: órganos y competencias», del Grupo I · Materias comunes (1-15). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Concepto y ámbito. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad y de la potestad sancionadora y la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional (art. 1). Se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional (art. 2.1); este último lo forman los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes y las Universidades públicas (art. 2.2). Tienen la consideración de Administraciones Públicas las tres Administraciones territoriales y los organismos públicos y entidades de derecho público (art. 2.3). Se dicta al amparo del art. 149.1.18.ª CE (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas), pero la subsección de órganos colegiados de la AGE (arts. 19-22) y el título I no son básicos (disposición final decimocuarta). En Castilla y León la completa la Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.

Principios de actuación y funcionamiento (art. 3). Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Además deben respetar: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de resultados; eficacia en el cumplimiento de objetivos; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Se relacionan entre sí por medios electrónicos (art. 3.2) y cada Administración actúa con personalidad jurídica única (art. 3.4). Al intervenir en una actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva (art. 4.1).

Los órganos administrativos (arts. 5-7). Son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo (art. 5.1). Crear un órgano exige al menos determinar su forma de integración y su dependencia jerárquica, delimitar sus funciones y competencias y dotar los créditos necesarios (art. 5.3); no pueden crearse órganos que dupliquen otros existentes sin suprimir o restringir la competencia de estos (art. 5.4). Los órganos dirigen a los dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria (art. 6). La Administración consultiva puede articularse con órganos específicos con autonomía orgánica y funcional o con los servicios de asistencia jurídica (art. 7).

La competencia (art. 8). Es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida como propia, salvo delegación o avocación. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad de la competencia, aunque sí los elementos determinantes de su ejercicio. Desconcentración: la titularidad y el ejercicio de las competencias pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes en los términos de las normas de atribución (art. 8.2). Si una norma atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano, instruyen y resuelven los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio y, si hay varios, su superior jerárquico común (art. 8.3). Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y sobre asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado (art. 14.3).

Delegación y avocación (arts. 9-10). Se puede delegar el ejercicio de competencias en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en sus organismos públicos y entidades de derecho público. No se delegan nunca: las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno autonómicos y las Asambleas Legislativas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos que dictaron los actos recurridos; y las materias que diga una ley (art. 9.2). La delegación y su revocación se publican en el boletín oficial que corresponda; las resoluciones por delegación lo indican expresamente y se consideran dictadas por el delegante; salvo autorización expresa de una ley no se delega lo que se ejerce por delegación; la delegación es revocable en cualquier momento. Avocación: los órganos superiores pueden avocar para sí asuntos de sus órganos dependientes por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales, mediante acuerdo motivado notificado a los interesados antes o a la vez que la resolución final; contra él no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución (art. 10).

Encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia (arts. 11-13). La encomienda traslada la realización de actividades de carácter material o técnico a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o por falta de medios técnicos idóneos; no cede la titularidad de la competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio y no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos; entre Administraciones distintas se formaliza por convenio, y su instrumento se publica para su eficacia. La delegación de firma se hace en los titulares de órganos o unidades dependientes, dentro de los límites del art. 9; no altera la competencia y no necesita publicación, pero en los actos se hace constar la circunstancia y la autoridad de procedencia. La suplencia cubre temporalmente vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; si no se designa suplente, ejerce la competencia quien designe el órgano inmediato superior; tampoco altera la competencia ni requiere publicación.

Órganos colegiados: normas comunes (arts. 15-18). Tienen un Secretario, que puede ser miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración, y que vela por la legalidad formal y material de sus actuaciones y certifica sus actos (art. 16). Pueden constituirse, convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos de forma presencial o a distancia (art. 17.1). Quórum: Presidente y Secretario (o sus suplentes) y al menos la mitad de los miembros (art. 17.2); sin convocatoria previa, si están reunidos el Secretario y todos los miembros y así lo deciden todos. No puede tratarse ningún asunto fuera del orden del día salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por mayoría (art. 17.4). Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos (art. 17.5) y quienes votan en contra o se abstienen quedan exentos de la responsabilidad que pueda derivarse (art. 17.6). El Secretario levanta acta de cada sesión, que puede aprobarse en la misma reunión o en la siguiente; las sesiones pueden grabarse (art. 18). En la AGE los órganos colegiados son los integrados por tres o más personas (art. 20.1), los miembros reciben la convocatoria con dos días de antelación y el voto particular se presenta en dos días (art. 19).

Órganos colegiados en Castilla y León (Ley 3/2001, arts. 52-58). Se rigen por las normas básicas, por ese capítulo, por sus normas o convenios de creación y por sus reglamentos de régimen interior; la norma de creación fija fines, adscripción, composición, funciones y créditos (art. 53). Son miembros el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, los vocales y, en su caso, el Secretario (art. 54). El Presidente dirime con su voto los empates (salvo en órganos con organizaciones representativas de intereses sociales, si sus normas no lo establecen) y le sustituye el Vicepresidente o el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad (art. 55). Los miembros reciben la convocatoria con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas (art. 56.1.a). El Secretario asiste con voz y voto si es miembro y con voz pero sin voto si actúa como funcionario, y le sustituye el miembro de menor jerarquía, antigüedad y edad (art. 57). El voto particular por escrito se presenta en cuarenta y ocho horas (art. 58.2). Este régimen no se aplica a la propia Junta de Castilla y León (disposición adicional segunda).

Competencias en Castilla y León (Ley 3/2001, arts. 46-49). Las competencias se atribuyen por Decreto de la Junta, a propuesta del consejero competente (art. 46.1). Desconcentración en órganos jerárquicamente dependientes, centrales de categoría superior a Servicio y periféricos de categoría igual o superior a Departamento Territorial, aprobada por Decreto de la Junta y publicada en el BOCYL (art. 47). Delegación en órganos de igual o inferior categoría, aunque no sean dependientes (centrales igual o superior a Servicio, periféricos igual o superior a Sección), con autorización previa del Consejero o Consejeros de quienes dependan y publicación en el BOCYL; no se delegan, entre otras, las competencias atribuidas por la Constitución y el Estatuto, las propias de la Junta, la creación de Consejerías y Viceconsejerías ni la firma de los Decretos (art. 48). La encomienda de gestión entre órganos de una misma consejería la autoriza su titular, y la que se hace a otra consejería o a otra Administración, la Junta (art. 48 bis.4). Suplencia: los órganos directivos centrales, por el de igual rango de la Consejería con mayor antigüedad; los periféricos (Delegados Territoriales), por el Secretario Territorial (art. 49).

Claves para el examen

• Sector público (art. 2.1): AGE, Administraciones autonómicas, Administración Local y sector público institucional.
• Principios constitucionales: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 3.1).
• Cada Administración actúa con personalidad jurídica única (art. 3.4).
• Órgano administrativo: funciones con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva (art. 5.1).
• La competencia es irrenunciable (art. 8.1).
• Delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia NO alteran la titularidad (art. 8.1).
• Indelegable: disposiciones de carácter general y resolver recursos contra los propios actos (art. 9.2).
• No se delega lo delegado, salvo ley expresa (art. 9.5); la delegación es revocable en cualquier momento (art. 9.6).
• Avocación: acuerdo motivado, sin recurso propio (art. 10).
• Encomienda: actividades materiales o técnicas; sin cesión de titularidad (art. 11).
• Delegación de firma y suplencia: no necesitan publicación (arts. 12.2 y 13.2).
• Quórum: Presidente + Secretario + la mitad al menos de los miembros (art. 17.2).
• Votar en contra o abstenerse exime de responsabilidad (art. 17.6).
• CyL: convocatoria con 48 horas y voto particular en 48 horas (Ley 3/2001, arts. 56 y 58); en la AGE, dos días.
• CyL: desconcentración por Decreto de la Junta; delegación con autorización del Consejero; ambas en el BOCYL (arts. 47-48).

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