📄 Tema 7: El acto administrativo, su revisión y los recursos

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 7 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «El acto administrativo, su revisión y los recursos», del Grupo I · Materias comunes (1-15). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

El acto administrativo: características generales. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (título III, arts. 34-52), regula sus requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad. Los actos se dictan por el órgano competente, de oficio o a instancia del interesado, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, y su contenido ha de ser determinado y adecuado a sus fines (art. 34). Los actos sujetos al derecho administrativo son ejecutivos (art. 38), se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). La eficacia se demora cuando lo exige el contenido del acto o está supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2).

Requisitos. Motivación (art. 35): con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho deben motivarse, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan revisiones de oficio, recursos y arbitrajes; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión y de medidas provisionales; los de tramitación de urgencia y ampliación de plazos; los que rechacen pruebas; las propuestas de resolución y resoluciones sancionadoras y de responsabilidad patrimonial; y los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales. Forma (art. 36): los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma; si el órgano actúa de forma verbal, la constancia escrita la firma quien la recibe; los actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias) pueden refundirse en un único acto.

Validez y eficacia: inderogabilidad singular. Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición, y son nulas las que vulneren una disposición reglamentaria (art. 37; en Castilla y León, Ley 3/2001, art. 73). Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva cuando los actos se dictan en sustitución de actos anulados o producen efectos favorables al interesado, si los supuestos de hecho existían ya y no se lesionan derechos de otras personas (art. 39.3). Notificación (arts. 40-46): se cursa en diez días desde que se dicta el acto, con el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo; se practica preferentemente por medios electrónicos; en papel puede recogerla cualquier persona mayor de catorce años que esté en el domicilio y, si nadie la recoge, se repite una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 42.2); la electrónica se entiende rechazada a los diez días naturales sin acceder a su contenido (art. 43.2); si es infructuosa, se publica un anuncio en el BOE (art. 44).

Nulidad de pleno derecho (art. 47.1). Son nulos los actos: a) que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) de contenido imposible; d) constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta; e) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento o de las reglas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales; g) los que establezca una ley. Son nulas las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2).

Anulabilidad (art. 48). Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El defecto de forma solo anula cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a indefensión; la actuación fuera de plazo solo anula cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo. Límites y salvamento (arts. 49-52): la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes; los actos viciados que contengan los elementos de otro distinto producen los efectos de este (conversión); se conservan los actos y trámites cuyo contenido no habría cambiado; y la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando sus vicios, con efecto desde la fecha de la convalidación; si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, convalida el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto.

Revisión de oficio (arts. 106-111). Actos nulos: en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad (en Castilla y León, el Consejo Consultivo, superior órgano consultivo de la Junta según el art. 33 del Estatuto), la Administración declara la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no se hayan recurrido en plazo; si el procedimiento se inició de oficio caduca a los seis meses. Actos anulables favorables: la Administración los declara lesivos para el interés público y los impugna ante la jurisdicción contencioso-administrativa; la declaración de lesividad no cabe pasados cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia de los interesados; el procedimiento caduca a los seis meses. La revocación de actos de gravamen o desfavorables cabe mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, y los errores materiales, de hecho o aritméticos se rectifican en cualquier momento (art. 109). Límite general: no se revisa cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes (art. 110).

Revisión en Castilla y León (Ley 3/2001, arts. 62-65). La revisión de oficio de actos nulos la inicia el órgano autor y la resuelve el jerárquicamente superior o, si no lo hay, el mismo órgano autor (art. 63). La lesividad la declara el titular de la Consejería competente por razón de la materia, salvo los actos de la Junta, que la declara esta (art. 64). La revocación y la rectificación de errores corresponden al propio órgano que dictó el acto (art. 65), y el recurso extraordinario de revisión lo conoce el órgano que dictó el acto (art. 62). Para resolver recursos y revisiones de oficio es preceptivo el informe previo de los Servicios Jurídicos (art. 67).

Los recursos administrativos (arts. 112-126). Proceden contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados (que deciden el fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable), por cualquier motivo de nulidad o anulabilidad; contra las disposiciones de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112). La interposición no suspende la ejecución, salvo disposición en contrario; el órgano puede suspender si hay perjuicios de imposible o difícil reparación o causa de nulidad del art. 47.1, y la suspensión se entiende producida si en un mes no se resuelve la solicitud (art. 117). La resolución no puede agravar la situación inicial del recurrente (art. 119.3). Alzada: contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico; puede presentarse ante el órgano que dictó el acto, que lo remite en diez días; plazo de un mes si el acto es expreso (si no, en cualquier momento desde el silencio); resolución en tres meses, y si no, se entiende desestimado; contra su resolución solo cabe el extraordinario de revisión (arts. 121-122). Reposición: potestativa, contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano; plazo de un mes; resolución en un mes; no cabe reponer la resolución de una reposición (arts. 123-124).

Recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126) y vía administrativa en Castilla y León. Cabe contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano que los dictó, por: error de hecho que resulte de los documentos del expediente (plazo de cuatro años desde la notificación); aparición de documentos de valor esencial que evidencien el error; documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme; o prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia firme (en estos tres casos, tres meses desde el conocimiento de los documentos o la firmeza de la sentencia); se entiende desestimado a los tres meses sin resolución. En la Administración de Castilla y León ponen fin a la vía administrativa, entre otras, las resoluciones de la Junta y de su Presidente, las de los Consejeros (salvo que una ley dé alzada ante la Junta), las de Viceconsejeros, Secretarios generales y Directores generales en materia de personal y las de los recursos de alzada (Ley 3/2001, art. 61.1); el órgano superior a efectos de alzada lo fija el art. 60 (por ejemplo, los Consejeros respecto de los Directores generales no dependientes de una Viceconsejería, y los Delegados Territoriales respecto de los Jefes de Departamento Territoriales).

Claves para el examen

• Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1).
• Motivados: los que limitan derechos, los discrecionales, los que se apartan del criterio previo, los sancionadores (art. 35).
• Forma: por escrito y por medios electrónicos (art. 36.1).
• Inderogabilidad singular: una resolución particular no puede vulnerar un reglamento, aunque la dicte un órgano superior (art. 37.1).
• Notificación: en diez días; en papel, mayor de 14 años; segundo intento en tres días; electrónica rechazada a los diez días naturales.
• Nulidad: órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, prescindir total y absolutamente del procedimiento (art. 47.1).
• Anulabilidad: cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder (art. 48.1).
• Convalidación: solo de actos anulables; efectos desde su fecha (art. 52).
• Revisión de nulos: en cualquier momento, con dictamen favorable del órgano consultivo; caducidad a los seis meses si es de oficio (art. 106).
• Lesividad: máximo cuatro años desde el acto; luego, impugnación judicial (art. 107).
• Contra disposiciones generales no hay recurso administrativo (art. 112.3).
• Alzada: un mes para interponer, tres meses para resolver (art. 122).
• Reposición: potestativa, un mes para interponer y un mes para resolver (art. 124).
• Extraordinario de revisión: cuatro años por error de hecho; tres meses en los demás casos (art. 125.2).
• CyL: las resoluciones de los Consejeros ponen fin a la vía administrativa (Ley 3/2001, art. 61.1.b).

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