⚖️ Tema 5: Fuentes del derecho administrativo

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 5 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Fuentes del derecho administrativo», del Grupo I · Materias comunes (1-15). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Concepto y punto de partida. El derecho administrativo es el que regula la organización y la actuación de las Administraciones públicas y sus relaciones con los ciudadanos. La Constitución lo fija en el artículo 103.1: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Ese sometimiento se garantiza porque «los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa» (art. 106.1 CE). La Ley 39/2015 regula, entre otras cosas, los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1.1).

Las fuentes y su jerarquía. El Código Civil dice que «las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho» (art. 1.1) y que «carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior» (art. 1.2). La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada (art. 1.3); los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento (art. 1.4). La jurisprudencia no es fuente, pero complementa el ordenamiento con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo (art. 1.6). Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE si no disponen otra cosa (art. 2.1), solo se derogan por otras posteriores y por la simple derogación no recobran vigencia las que esta hubiera derogado (art. 2.2). El orden escrito es: Constitución, normas con rango de ley (leyes y disposiciones con fuerza de ley) y reglamentos; los tratados válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE).

La Constitución como norma jurídica. No es solo un programa político: «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (art. 9.1). Garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3). Su supremacía la protege el Tribunal Constitucional, que conoce del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a); si un juez duda de la constitucionalidad de una ley aplicable al caso plantea la cuestión de inconstitucionalidad, que en ningún caso tiene efectos suspensivos (art. 163). La disposición derogatoria deja derogadas cuantas disposiciones se opongan a la Constitución.

La ley. Las aprueban las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1); su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). Las demás son leyes ordinarias. En Castilla y León, las leyes las aprueban las Cortes de Castilla y León (Estatuto, art. 24.1); las promulga en nombre del Rey el Presidente de la Junta, se publican en el BOCYL y en el BOE y, a efectos de su entrada en vigor, rige la fecha de publicación en el BOCYL (art. 25.5).

Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley. 1) Legislación delegada (arts. 82-85 CE): las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica; mediante ley de bases si se trata de formar textos articulados y mediante ley ordinaria si se trata de refundir varios textos en uno solo (art. 82.2). La delegación ha de ser expresa, para materia concreta y con plazo; se agota por su uso con la publicación de la norma y no puede concederse de modo implícito ni por tiempo indeterminado ni permitir la subdelegación (art. 82.3). Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas (art. 83). El resultado se llama Decreto Legislativo (art. 85). 2) Decreto-ley (art. 86): en caso de extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general; el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación, y las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por urgencia. En el Estado adoptan la forma de Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes (Ley 50/1997, art. 24.1.a).

Los Estatutos de Autonomía. Son «la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma» y el Estado los reconoce y ampara como parte de su ordenamiento (art. 147.1 CE); se aprueban por ley orgánica (art. 81.1) y su reforma exige siempre la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3). El de Castilla y León se aprobó por la Ley Orgánica 4/1983 y su texto vigente procede de la reforma de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. Su reforma la pueden iniciar un tercio de los procuradores o la Junta y requiere mayoría de dos tercios de las Cortes de Castilla y León y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 91). El Estatuto reparte materias: por ejemplo, la caza y la pesca fluvial son competencia exclusiva (art. 70.1.17.º) y los montes, la protección del medio ambiente y los espacios naturales protegidos, de desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado (art. 71.1.7.º y 8.º).

Las leyes de las Comunidades Autónomas y su relación con las del Estado. Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las comunidades por sus Estatutos; las no asumidas corresponden al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto en todo lo que no sea exclusivo de las comunidades, y «el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas» (art. 149.3 CE). El control se reparte: Tribunal Constitucional para sus disposiciones con fuerza de ley; Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, para las funciones delegadas del art. 150.2; jurisdicción contencioso-administrativa para la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y Tribunal de Cuentas para lo económico y presupuestario (art. 153). En Castilla y León, las Cortes pueden delegar en la Junta la potestad de dictar normas con rango de ley con los mismos requisitos (Estatuto, art. 25.3); ejemplo: el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental. La Junta puede dictar Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que no pueden afectar a la reforma del Estatuto, a la sede de las instituciones, al régimen electoral, presupuestario o tributario ni a los derechos del Estatuto, y que las Cortes deben convalidar o derogar en el plazo improrrogable de treinta días (art. 25.4); ejemplo: el Decreto-ley 1/2023, de 30 de marzo, de jornada de los empleados públicos.

El reglamento. Es la norma escrita dictada por la Administración, de rango inferior a la ley. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE). La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales (Ley 39/2015, art. 128.1). Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a las Cortes o a los parlamentos autonómicos y, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones ni crear tributos (art. 128.2); ninguna disposición administrativa puede vulnerar otra de rango superior (art. 128.3). Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129.1); ojo: la STC 55/2018 declaró los arts. 129, 130, 132 y 133 contrarios al orden constitucional de competencias en los términos que indica, por lo que en buena parte solo se aplican al Estado. Las normas deben publicarse en el diario oficial para entrar en vigor (art. 131). En el Estado, los Reales Decretos del Presidente o del Consejo de Ministros están por encima de las Órdenes Ministeriales (Ley 50/1997, art. 24.2).

El reglamento en Castilla y León. La Junta ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (Estatuto, art. 28.1) y aprueba los reglamentos de desarrollo de las leyes de las Cortes y de la legislación básica del Estado en todos los casos en que no esté atribuida al Presidente o a los Consejeros (Ley 3/2001, art. 16.e); los Consejeros ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias de su Consejería (art. 26.1.f). Forma: las disposiciones de carácter general de la Junta y de su Presidente adoptan la forma de Decreto (art. 70.1); las de los Consejeros, la de Orden (art. 71.1); las de los órganos inferiores, la de Resolución (art. 72). Su jerarquía es: Decretos de la Junta y de su Presidente, Órdenes de Consejería y otras disposiciones de órganos inferiores según su jerarquía (art. 69). Inderogabilidad singular: las resoluciones administrativas no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de órganos de igual o superior rango a los que la aprobaron (art. 73). Las disposiciones generales se publican en el BOCYL y entran en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que dispongan otra cosa (art. 74).

Claves para el examen

• Fuentes (CC art. 1.1): ley, costumbre y principios generales del derecho.
• La costumbre: en defecto de ley, no contraria a la moral ni al orden público y probada (CC 1.3).
• La jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo (CC 1.6).
• Vacatio legis general: veinte días desde la completa publicación (CC 2.1); en CyL, las disposiciones generales, veinte días desde el BOCYL (Ley 3/2001, art. 74).
• CE 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (CE 81.2).
• Delegación legislativa: ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para refundir (CE 82.2). Resultado: Decreto Legislativo (CE 85).
• Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; convalidación o derogación en 30 días (CE 86; Estatuto CyL 25.4).
• Estatuto de Autonomía = norma institucional básica de la Comunidad (CE 147.1); reforma del de CyL: dos tercios de sus Cortes y ley orgánica de las Cortes Generales (art. 91).
• El derecho estatal es, en todo caso, supletorio del autonómico (CE 149.3).
• Reglamentos autonómicos: los controla la jurisdicción contencioso-administrativa (CE 153.c).
• Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni establecer sanciones o tributos (Ley 39/2015, art. 128.2).
• Buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129.1).
• CyL: Junta y Presidente → Decreto; Consejero → Orden; órganos inferiores → Resolución (Ley 3/2001, arts. 70-72).
• Leyes de CyL: entran en vigor según la fecha de publicación en el BOCYL (Estatuto, art. 25.5).

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