🔎 Tema 8: Ley 1/2018 de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria

Gobierno de Cantabria · Servicio de Emergencias de Cantabria · Bombero/a (Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento)

Resumen

Tema 8 de las materias comunes de la Orden PRE/76/2024 (BOC núm. 171, de 04/09/2024), que es el programa de tu convocatoria. El epígrafe oficial dice: «Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública (Títulos de I a III).» Se estudia con el texto consolidado del BOE de la Ley 1/2018; el título IV (régimen sancionador) queda fuera del programa.

Objeto y principios (título I, cap. I). La ley regula la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, además de su reutilización. Entre sus principios están el de transparencia (toda la información pública es en principio accesible y solo puede retenerse para proteger otros derechos), libre acceso, accesibilidad universal, responsabilidad, veracidad (información cierta y exacta), utilidad (ajustada a lo pedido), gratuidad, simplicidad, interoperabilidad, reutilización, neutralidad tecnológica (software de código abierto), calidad y seguridad.

Definiciones y sujetos. Información pública son los contenidos o documentos, sea cual sea su soporte, en poder de los sujetos obligados y elaborados o adquiridos en sus funciones. La publicidad activa es la obligación de publicar de forma permanente, veraz y objetiva. Quien solicita información adquiere la condición de interesado. Están obligados la Administración General, sus organismos y entidades, la Universidad de Cantabria, el Parlamento y las corporaciones de Derecho público y clubes y federaciones deportivas (en lo sujeto a Derecho administrativo), los consorcios y la Administración Local. Partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y ciertas entidades subvencionadas solo quedan sujetos a la publicidad activa. Quienes prestan servicios públicos deben suministrar información, previo requerimiento, en quince días hábiles.

El derecho de acceso (título I, cap. II). Se ejerce sin declarar interés alguno y sin obligación de motivar la solicitud. Los límites son los del artículo 14 de la Ley 19/2013 y se interpretan en sentido favorable al acceso; si se aplica un límite, se da acceso parcial siempre que se pueda. La solicitud oral se recoge en formato electrónico. Si es imprecisa, hay diez días hábiles para concretarla o se archiva por desistimiento. Se inadmiten, entre otras, las referidas a información auxiliar (pero los informes preceptivos no lo son) o que exijan reelaboración (no lo es el tratamiento informatizado de uso corriente).

Plazos y resolución. La resolución se notifica en un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad; el silencio es desestimatorio. Los terceros afectados tienen quince días hábiles para alegar; el traslado no revela la identidad del solicitante, suspende el plazo y, si el tercero calla, se presume que no está conforme. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa; contra las del Parlamento solo cabe recurso contencioso-administrativo. Si la información no puede adjuntarse, el acceso se da en un plazo no superior a diez días hábiles, y en soporte electrónico en estándar abierto. El acceso es gratuito; las copias pueden llevar una tasa que no supere su coste real.

Reclamación, reutilización y estadística. Contra las resoluciones de acceso cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia de Cantabria, previa a la vía contencioso-administrativa: en un mes desde el día siguiente a la notificación o sin plazo frente al silencio; se resuelve en tres meses y, si no, se entiende desestimada. La información publicada es reutilizable sin licencia previa, citando la fuente, sin alterar el contenido ni desnaturalizar su sentido y mencionando la fecha de última actualización. La información estadística debe indicar fuentes, notas metodológicas y modelos.

Publicidad activa (título II). Las obligaciones son mínimas y generales y se redactan con lenguaje no sexista. Se publica la información organizativa (organigrama con perfil y trayectoria de los responsables), las agendas institucionales con antelación diaria, la información de altos cargos (cuyo Registro de Actividades e Intereses está depositado en la Inspección General de Servicios, omitiendo la localización concreta de los inmuebles), los contratos (los menores, trimestralmente), los convenios, encomiendas y subvenciones, los saldos de las cuentas bancarias (mensualmente), la ejecución presupuestaria trimestral, la información de urbanismo y medio ambiente y la normativa vigente consolidada.

Control de la transparencia (título III). La ley prevé que una Ley de Cantabria cree el Consejo de Transparencia de Cantabria, con personalidad jurídica propia y plena independencia, que resuelve las reclamaciones, asesora, controla la publicidad activa y presenta una memoria anual ante el Parlamento. En el Gobierno, la Dirección General competente en atención a la ciudadanía diseña y coordina las políticas de transparencia y es titular del Portal de Transparencia de Cantabria, punto de acceso gratuito dentro del portal web institucional; las Secretarías Generales coordinan la transparencia en cada Consejería. El Gobierno publica trimestralmente el grado de cumplimiento de los acuerdos del Parlamento y le presenta un informe anual.

Claves para el examen

• Doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso (más la reutilización).
• Principio de transparencia: toda la información es en principio accesible.
• Solicitante = interesado; no hay que declarar interés ni motivar.
• Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales: solo publicidad activa.
• Servicios públicos y adjudicatarios: suministran información en 15 días hábiles.
• Límites del art. 14 Ley 19/2013, interpretados a favor del acceso; si cabe, acceso parcial.
• Solicitud imprecisa: 10 días hábiles para concretarla o desistimiento.
• Resolver: 1 mes, ampliable 1 mes más; silencio desestimatorio.
• Terceros: 15 días hábiles; si no contestan, se presume que no están conformes.
• Contra las resoluciones del Parlamento, solo recurso contencioso-administrativo.
• Reclamación potestativa al Consejo de Transparencia: 1 mes (sin plazo si hay silencio); resuelve en 3 meses.
• Reutilización sin licencia previa: citar fuente y fecha de última actualización.
• Contratos menores, trimestral; cuentas bancarias, mensual; ejecución presupuestaria, trimestral.
• Registro de intereses de altos cargos: Inspección General de Servicios.
• Portal de Transparencia: titular el órgano competente en transparencia; Secretarías Generales coordinan en cada Consejería.

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