⚖️ Tema 6: Ley 40/2015: disposiciones generales y órganos administrativos

Gobierno de Cantabria · Servicio de Emergencias de Cantabria · Bombero/a (Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento)

Resumen

Tema 6 de las materias comunes de la Orden PRE/76/2024 (BOC núm. 171, de 04/09/2024), que es el programa de tu convocatoria; aquí es el 6. El epígrafe oficial dice: «La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones generales (capítulo I del título preliminar), de los órganos de las Administraciones Públicas (capítulo II del título preliminar).» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

Ámbito y principios (arts. 2 a 4). La ley se aplica al sector público, formado por la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas. El artículo 3 repite el mandato del artículo 103 de la Constitución: servir con objetividad los intereses generales con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y añade una lista de principios (servicio efectivo a los ciudadanos, buena fe y confianza legítima, transparencia, eficiencia, cooperación entre Administraciones...). Cada Administración actúa con personalidad jurídica única y las Administraciones se relacionan entre sí por medios electrónicos. El artículo 4 obliga a elegir la medida menos restrictiva cuando se limitan derechos.

Órganos y competencia (arts. 5 a 14). Es órgano administrativo la unidad a la que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva; crearlo exige fijar su integración y dependencia, sus funciones y los créditos para funcionar, y no se pueden duplicar órganos. La competencia es irrenunciable. Técnicas que la mueven sin cambiar su titularidad: la delegación (art. 9: nunca en relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno o Cortes, disposiciones generales, resolución de recursos contra actos del propio órgano ni materias excluidas por ley; se publica en el boletín oficial y es revocable en cualquier momento; lo delegado no se vuelve a delegar salvo ley), la avocación (el superior asume un asunto mediante acuerdo motivado, sin recurso directo), la encomienda de gestión (solo actividades materiales o técnicas), la delegación de firma (no necesita publicarse) y la suplencia por vacante, ausencia o enfermedad (tampoco se publica).

Potestad sancionadora (arts. 25 a 31): legalidad (reconocida por norma con rango de ley), irretroactividad salvo lo favorable, tipicidad (infracciones leves, graves y muy graves fijadas por ley, sin analogía), responsabilidad a título de dolo o culpa, proporcionalidad (ninguna sanción administrativa puede privar de libertad; la reincidencia es cometer en un año más de una infracción de la misma naturaleza declarada firme) y non bis in idem (no se sanciona dos veces si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento). Si la ley sectorial no dice otra cosa, las infracciones prescriben a los 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 6 meses (leves), y las sanciones a los 3 años, 2 años y 1 año. Estas reglas se extienden a la potestad disciplinaria sobre el propio personal.

Responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37): el particular tiene derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tenga el deber jurídico de soportar; el daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Se reclama siempre a la Administración, no al empleado; después la Administración repite contra su personal si hubo dolo, culpa o negligencia graves. Cuando actúan varias Administraciones de forma conjunta responden de forma solidaria. El capítulo V regula el funcionamiento electrónico (sede electrónica, portal de internet, sello electrónico, actuación administrativa automatizada sin intervención directa de un empleado público, código seguro de verificación y archivo electrónico) y el capítulo VI los convenios (arts. 47 a 53): acuerdos con efectos jurídicos para un fin común, de duración no superior a cuatro años prorrogables hasta cuatro más por acuerdo unánime, y que se remiten al Tribunal de Cuentas si superan 600.000 euros.

Los consorcios (arts. 118 a 127) son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones o entidades del sector público institucional (con o sin participación privada) para actividades de interés común; su denominación debe llevar «consorcio» o la abreviatura «C». Se rigen por la Ley 40/2015, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos; la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local es supletoria para los consorcios locales. Los estatutos fijan la Administración de adscripción, que se decide cada ejercicio por criterios ordenados por prioridad (el primero, disponer de la mayoría de votos en los órganos de gobierno); un cambio de adscripción obliga a modificar los estatutos en seis meses. Su personal puede ser funcionario o laboral y procede de las Administraciones participantes, con el régimen jurídico de la de adscripción y sin cobrar más que en puestos equivalentes de esta; solo excepcionalmente se autoriza contratar personal propio. Se someten al régimen presupuestario, contable y de control de la Administración de adscripción, cuyo órgano de control interno audita sus cuentas si se dan dos de tres circunstancias (activo o ingresos de más de 2.400.000 euros, más de 50 trabajadores de media).

Órganos administrativos (art. 5). Son órganos las unidades administrativas a las que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Para crear un órgano hace falta determinar su integración y dependencia jerárquica, delimitar sus funciones y competencias y dotarlo de créditos; no pueden crearse órganos que dupliquen otros existentes sin suprimir o restringir la competencia de estos.

Competencia y técnicas de alteración (arts. 8-13). La competencia es irrenunciable y la ejerce el órgano que la tiene atribuida, salvo delegación o avocación; la delegación, la encomienda, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad. Si una norma atribuye la competencia a una Administración sin decir el órgano, instruyen y resuelven los inferiores competentes por materia y territorio. Delegación (art. 9): en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en sus organismos públicos; nunca se delegan las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes, las Presidencias autonómicas y sus Asambleas, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto recurrido ni lo que diga una ley; se publica en el boletín oficial correspondiente; lo resuelto por delegación se considera dictado por el delegante; no se delega lo delegado salvo ley. Avocación (art. 10): el superior asume un asunto de un dependiente por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales, mediante acuerdo motivado y notificado, sin recurso. Encomienda de gestión (art. 11): actividades materiales o técnicas, por eficacia o falta de medios, sin cesión de la titularidad. Delegación de firma (art. 12): en los titulares de órganos dependientes, sin alterar la competencia y sin necesidad de publicarse. Suplencia (art. 13): en vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; si no hay suplente designado, lo designa el inmediato superior; tampoco altera la competencia ni se publica.

Claves para el examen

• Ley 40/2015 = organización y régimen jurídico; Ley 39/2015 = procedimiento.
• Epígrafe: título preliminar (arts. 1-53) + consorcios (arts. 118-127).
• La competencia es irrenunciable; delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no cambian la titularidad.
• No se delega: relaciones con Jefatura del Estado y Cortes, disposiciones generales, resolver recursos contra los propios actos.
• Delegación de competencias: se publica. Delegación de firma y suplencia: no se publican.
• Colegiado: presidente + secretario + mitad de los miembros. Fuera del orden del día: todos presentes y urgencia por mayoría.
• Abstención: consanguinidad hasta 4.º grado, afinidad hasta 2.º, servicios al interesado en los dos últimos años.
• Recusación: el recusado responde al día siguiente; el superior resuelve en 3 días; sin recurso.
• Prescripción supletoria: infracciones 3 años / 2 años / 6 meses; sanciones 3 años / 2 años / 1 año.
• Responsabilidad patrimonial: funcionamiento normal o anormal; se reclama a la Administración, que repite si hay dolo o culpa grave.
• Convenios: máximo 4 años + prórroga de hasta 4 más; al Tribunal de Cuentas si pasan de 600.000 euros.
• Adscripción: primer criterio, la mayoría de votos en los órganos de gobierno; cambio = estatutos en 6 meses.

Vídeos recomendados

• ART 118-120 | DE LOS CONSORCIOS | Ley 40 / 2015 | Régimen Jurídico del Sector Público
• ART 125-127 | DE LOS CONSORCIOS | Ley 40/2015 | Régimen Jurídico del Sector Público
• LEY 40/2015 - Principios Generales - OPOSICIONES - Art 3

← Tema 5 · Tema 7 →

📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace