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📑 Tema 5: Ley 39/2015 de procedimiento administrativo y Ley 3/2002 de Archivos de Cantabria

Gobierno de Cantabria · Servicio de Emergencias de Cantabria · Bombero/a (Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento)

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Epígrafe oficial

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: disposiciones generales (título preliminar), de los interesados en el procedimiento (título I), de la actividad de las Administraciones Públicas (título II), de los actos administrativos (título III), de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (título IV), de la revisión de los actos en vía administrativa (título V). La gestión de la documentación en los archivos de oficina: Ley 3/2002, de 28 de junio de Archivos de Cantabria (Título I. Capítulo IV del título II).

Resumen

Tema 5 de las materias comunes de la Orden PRE/76/2024 (BOC núm. 171, de 04/09/2024), que es el programa de tu convocatoria; aquí es el 5. El epígrafe oficial dice: «La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: disposiciones generales (título preliminar), de los interesados en el procedimiento (título I), de la actividad de las Administraciones Públicas (título II), de los actos administrativos (título III), de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (título IV), de la revisión de los actos en vía administrativa (título V). La gestión de la documentación en los archivos de oficina: Ley 3/2002, de 28 de junio de Archivos de Cantabria (Título I. Capítulo IV del título II).» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

Título I, los interesados. Tienen capacidad de obrar las personas con capacidad según las normas civiles, los menores para los derechos que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia y, si una ley lo dice, grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes (art. 3). Son interesados quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y quienes tengan intereses legítimos afectados y se personen antes de la resolución definitiva (art. 4). Se puede actuar mediante representante; la representación debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimientos y renuncias, y se presume para los actos de mero trámite; si falta, se concede un plazo de diez días para subsanar (art. 5). Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos valen como máximo cinco años (art. 6.6). Con varios interesados se actúa con el representante o interesado señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término (art. 7).

Identificación y firma (arts. 9 a 12). Los interesados se identifican electrónicamente con certificados cualificados de firma o de sello electrónico, o con otros sistemas que admita cada Administración con registro previo (por ejemplo, claves concertadas). La firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2); para lo demás basta identificarse. Las Administraciones asisten en el uso de medios electrónicos a quien lo pida, y un funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado que no tenga medios, con su consentimiento expreso (art. 12).

Título II, derechos y relación electrónica (arts. 13 a 20). Entre los derechos del art. 13: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistidos en el uso de medios electrónicos, usar las lenguas oficiales, acceder a la información pública y ser tratados con respeto. Las personas físicas eligen si se relacionan electrónicamente, pero están obligados a hacerlo, al menos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales de colegiación obligatoria en su actividad, sus representantes y los empleados públicos en los trámites por razón de su condición (art. 14). Cada Administración tiene un Registro Electrónico General; los documentos pueden presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, en Correos, en embajadas y consulados y en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16). La comparecencia solo es obligatoria si la prevé una norma con rango de ley (art. 19).

Obligación de resolver y silencio (arts. 21 a 25). La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo lo fija la norma del procedimiento y no puede superar seis meses salvo ley o Derecho de la Unión Europea; si no se fija, es de tres meses, contados desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro (a instancia de parte). El plazo puede suspenderse, por ejemplo, al pedir informes preceptivos (como máximo tres meses) o al requerir subsanación, y ampliarse excepcionalmente sin recurso. En procedimientos a solicitud del interesado, la regla es el silencio estimatorio, salvo que una ley diga otra cosa; es desestimatorio en el derecho de petición, cuando se transfieran facultades sobre el dominio o servicio público, en actividades que puedan dañar el medio ambiente, en responsabilidad patrimonial, en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio pedida por el interesado (aunque la alzada contra una desestimación por silencio se entiende estimada si no se resuelve). En los iniciados de oficio, si podían reconocer derechos el silencio es desestimatorio, y si eran sancionadores o de gravamen se produce la caducidad.

Documentos, copias y plazos (arts. 26 a 33). Las copias auténticas tienen la misma validez que los originales; el interesado puede pedirlas y deben expedirse en quince días. Hay derecho a no aportar documentos que ya tenga la Administración o hayan sido elaborados por otra (art. 28). Cómputo de plazos (art. 30): los plazos por horas son hábiles y no pueden superar veinticuatro horas; los de días son hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, y se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación; los de meses o años concluyen el mismo día del mes o año de vencimiento, o el último día del mes si no hay equivalente; si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente. El registro electrónico admite documentos todos los días las 24 horas, pero lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31). Los plazos pueden ampliarse hasta la mitad, nunca si ya han vencido (art. 32), y la tramitación de urgencia los reduce a la mitad, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, sin recurso contra ese acuerdo (art. 33).

Título III, requisitos, eficacia y notificación (arts. 34 a 46). Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, los de suspensión y medidas provisionales, los de urgencia o ampliación de plazos, los que rechacen pruebas, los sancionadores y los discrecionales (art. 35). Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos (art. 36), se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que se disponga otra cosa; excepcionalmente pueden ser retroactivos si sustituyen a actos anulados o son favorables al interesado (art. 39). La notificación se cursa en diez días desde que se dicta el acto e incluye el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos, órgano y plazo (art. 40).

Práctica de la notificación. Se hace preferentemente por medios electrónicos, y siempre cuando el interesado esté obligado (art. 41). En papel, si el interesado no está en su domicilio puede recogerla cualquier persona mayor de catorce años que se identifique; si nadie la recoge, se repite una sola vez en los tres días siguientes, a distinta hora (antes o después de las quince horas, con al menos tres horas de diferencia) (art. 42). La notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada si pasan diez días naturales sin acceder (art. 43). Si el interesado es desconocido o no se puede notificar, se publica un anuncio en el BOE (art. 44). Los actos se publican cuando se dirigen a una pluralidad indeterminada de personas o forman parte de procesos selectivos o de concurrencia competitiva, como una oposición (art. 45).

Ley de Cantabria 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria: título I, el Patrimonio Documental (arts. 1 a 6). La ley regula la organización y funcionamiento de los archivos y el acceso de los ciudadanos, articula el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma y protege, enriquece y difunde el Patrimonio Documental de Cantabria (art. 1), formado por todos los documentos, reunidos o no en archivos, que la ley considera integrantes (art. 2). Documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional, también gráfica, sonora o audiovisual, en cualquier soporte, incluidos los informáticos; se excluyen las obras de investigación o creación editadas o publicadas y las del Patrimonio Bibliográfico (art. 3). Archivo es el conjunto orgánico de documentos reunidos por una institución o persona en el ejercicio de sus actividades, y Centros de Archivo son los lugares donde se reúnen, custodian, conservan, ordenan, sirven y difunden (art. 4).

Qué documentos integran el Patrimonio Documental (art. 5). De cualquier época: los del Parlamento de Cantabria, el Gobierno y la Administración autonómica, las Administraciones locales y sus organismos autónomos, las sociedades de capital mayoritariamente autonómico y las gestoras de servicios públicos (en cuanto a esa gestión), la Universidad de Cantabria y los titulares de órganos públicos por el desempeño de sus cargos (art. 5.1). También, sin perjuicio de la legislación estatal, los de la Administración periférica del Estado, la Administración de Justicia, las Notarías y Registros, las corporaciones de derecho público y otros entes estatales en Cantabria (art. 5.2). Con más de cuarenta años: los de entidades eclesiásticas y confesiones religiosas, organizaciones políticas, sindicales y empresariales, entidades culturales y otras asociaciones y fundaciones radicadas en Cantabria (art. 5.3). Con más de cien años: los de cualquier otra entidad privada o persona física (art. 5.4). El Gobierno puede incluir otros por Acuerdo, con informe previo de la Comisión de Patrimonio Documental (art. 5.5), y fomenta la conservación de los del art. 5.3 que aún no tengan la antigüedad (art. 6).

Título II, capítulo IV: tratamiento archivístico (arts. 25 a 28). Los documentos de la Administración autonómica y sus organismos pasan por cuatro fases (art. 25): 1.ª archivo de oficina, donde la unidad los custodia cinco años salvo excepción razonada; 2.ª Archivo Central, al que se transfieren con carácter anual los actos firmes y cumplidos, junto con los documentos en que se basaron (el envío puede aplazarse por resolución motivada del órgano superior de la unidad); 3.ª Archivo Intermedio: a los diez años de su entrada en el Archivo Central pasan al Archivo de la Comunidad Autónoma (si hubo aplazamiento, desde la resolución; se puede adelantar por resolución motivada y previo informe de la Comisión); 4.ª archivo histórico: a los quince años de su incorporación al Archivo de la Comunidad Autónoma, los de valor permanente reciben ese tratamiento, previo informe de la Comisión. Los documentos se tratan y transfieren en series documentales, respetando los principios de procedencia y orden original (art. 26). La identificación y valoración de las series fija sus plazos de vigencia, acceso y conservación, con informe de la Comisión, y es requisito previo indispensable para el expurgo y eliminación (art. 27). La transferencia supone la entrega ordenada y el traspaso de responsabilidades, respetando los plazos y documentándose fehacientemente (art. 28).

Claves para el examen

💡 Truco

Los «dieces» de la Ley 39: 10 días para subsanar la representación (art. 5.6), 10 días para cursar la notificación (art. 40.2) y 10 días naturales para dar por rechazada la notificación electrónica (art. 43.2). Y el «6-3-3»: 6 meses como tope general para resolver, 3 meses si la norma no dice nada y 3 meses como máximo de suspensión por informe preceptivo.

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