📚 Tema 9: Fuentes del derecho administrativo

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante · Bombero/a

Resumen

Tema G9 de las bases: las fuentes del derecho administrativo, su jerarquía, la ley, las normas del Gobierno con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento y las demás fuentes, y cierra con el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, que es donde vas a ver publicadas las bases y las listas de tu propia oposición. Las normas que lo sostienen son la Constitución (arts. 9.3, 81 a 86, 96 y 97), el Código Civil (arts. 1 y 2), la Ley 39/2015 (título VI y art. 47.2), la Ley 50/1997 del Gobierno (art. 24), la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local (arts. 49 y 70.2) y la Ley 5/2002, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

Fuentes y jerarquía. Según el art. 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada; los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre y además informan todo el ordenamiento; la jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; y los tratados se aplican directamente cuando se publican íntegramente en el BOE (art. 1.5 CC y art. 96.1 CE). La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

La ley. Es la norma que aprueban las Cortes Generales (o los parlamentos autonómicos, como Les Corts). Las leyes orgánicas se reservan al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, a los Estatutos de Autonomía, al régimen electoral general y a las demás materias previstas en la Constitución, y su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE); el resto son leyes ordinarias. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y las asambleas autonómicas pueden pedirla o remitir proposiciones (art. 87 CE). Salvo que digan otra cosa, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, solo se derogan por otras posteriores y no tienen efecto retroactivo si no lo disponen (art. 2 CC).

Decreto legislativo (arts. 82 a 85 CE). Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias concretas no reservadas a ley orgánica. Para textos articulados se usa una ley de bases; para refundir varios textos legales en uno, una ley ordinaria. La delegación debe ser expresa, para materia concreta y con plazo; se agota cuando el Gobierno publica la norma; no puede ser implícita ni por tiempo indeterminado y no permite subdelegar en autoridades distintas del Gobierno. Las leyes de bases no pueden autorizar a modificar la propia ley de bases ni permitir normas retroactivas. El resultado se llama decreto legislativo: el TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015) o la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) son textos refundidos aprobados así.

Decreto-ley (art. 86 CE). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. El Congreso debe convalidarlos o derogarlos en los treinta días siguientes a su promulgación, y durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por urgencia. Los gobiernos autonómicos pueden aprobar normas equivalentes en su territorio (art. 127 de la Ley 39/2015); el Consell, por ejemplo, ha modificado la ley valenciana de función pública mediante el Decreto-ley 12/2022.

El reglamento: concepto y titulares. Es una norma escrita dictada por el poder ejecutivo o la Administración, de rango inferior a la ley. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE), y la Ley 39/2015 (art. 128.1) la reparte entre el Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y los órganos de gobierno locales. Por su origen hay reglamentos estatales, autonómicos y locales (ordenanzas); por su forma, en el Estado, se ordenan así: primero las disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros y después las aprobadas por orden ministerial (art. 24 de la Ley 50/1997). Las habilitaciones para desarrollar una ley se dan, en general, al Gobierno, y solo excepcionalmente y justificándolo en la propia ley a los ministros (art. 129.4 Ley 39/2015; la STC 55/2018 anuló las menciones al «Consejo de Gobierno respectivo» y a las consejerías, porque eso lo decide cada comunidad autónoma).

Límites del reglamento. No puede vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a los parlamentos autonómicos, ni tipificar delitos, faltas o infracciones, establecer penas o sanciones, ni crear tributos u otras prestaciones patrimoniales de carácter público; además, las disposiciones administrativas se ajustan a la jerarquía que fijen las leyes (art. 128.2 y 3 Ley 39/2015). Si incumple estos límites o establece la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, es nulo de pleno derecho (art. 47.2). Al elaborar normas hay que respetar los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), hacer consulta pública previa en el portal web y publicar un plan normativo anual (arts. 129, 132 y 133, que la STC 55/2018 declaró aplicables al Estado pero no, en su mayor parte, a las comunidades autónomas); y para entrar en vigor todo reglamento debe publicarse en el diario oficial (art. 131).

Otras fuentes y normas locales. Además de costumbre, principios generales, jurisprudencia y tratados, forman parte del sistema las normas de la Unión Europea. En el ámbito local, las ordenanzas se aprueban inicialmente por el Pleno, se someten a información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días y se aprueban definitivamente por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo inicial se entiende definitivo (art. 49 LRBRL). Después se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se ha publicado completo su texto y han pasado los quince días hábiles del art. 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales, que tienen su propio régimen (art. 70.2 LRBRL).

El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. La Ley 5/2002 lo define como el periódico oficial en el que se publican las disposiciones generales, ordenanzas, actos, edictos, anuncios y resoluciones de las administraciones y de la Administración de Justicia de ámbito provincial, y sus textos son oficiales y auténticos (art. 1). Es un servicio público provincial, competencia propia de la Diputación, que lo edita y gestiona y regula por ordenanza, con tasas por insertar anuncios (art. 2; también art. 132.2 de la Ley de Haciendas Locales). La suscripción es obligatoria para los entes locales, sale como mínimo tres veces por semana, en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial; los originales se publican por orden de llegada en un plazo máximo de quince días hábiles (seis si son urgentes), son reservados y las erratas se corrigen de inmediato; las disposiciones y anuncios de inserción obligatoria están exentos de tasa (arts. 3 a 11). El de Alicante se consulta en la sede electrónica de la Diputación y se divide en secciones (I Administración Central, II Autonómica, III Local, IV Justicia y V otras entidades y anuncios particulares); los anuncios del Consorcio salen en la III. Según la base 4.ª de tu convocatoria, las bases se publican íntegras en el BOP y en el DOGV y en extracto en el BOE.

Claves para el examen

• Fuentes (art. 1.1 CC): ley, costumbre y principios generales del derecho.
• Costumbre: en defecto de ley, no contraria a moral u orden público y probada.
• Jurisprudencia: complementa con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo (art. 1.6 CC).
• Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad sancionadora, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.
• Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE).
• Leyes: en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo otra cosa (art. 2.1 CC).
• Textos articulados: ley de bases. Textos refundidos: ley ordinaria (art. 82.2 CE).
• Delegación: expresa, materia concreta y plazo; se agota por el uso; sin subdelegación.
• Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; convalidación del Congreso en 30 días.
• Límites del decreto-ley: instituciones básicas, derechos del título I, régimen de las CC. AA., derecho electoral general.
• Potestad reglamentaria: Gobierno, órganos de gobierno autonómicos y locales (art. 128.1 Ley 39/2015).
• Real decreto > orden ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997).
• Reglamento que vulnera la ley o invade la reserva de ley: nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).
• Ordenanza: información pública mínima de 30 días; vigor tras publicación completa en el BOP + 15 días hábiles.
• BOP: edita la Diputación; mínimo 3 veces por semana; publicación en 15 días hábiles (6 si es urgente).

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