⚖️ Tema 8: Incompatibilidades y responsabilidad del empleado público

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante · Bombero/a

Resumen

Tema G8 de las bases, con dos mitades: la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y la responsabilidad civil, penal y administrativa del empleado público. Para la segunda no hay una sola ley: la patrimonial y la de regreso contra el empleado están en la Ley 40/2015 (arts. 32 a 37), el plazo para reclamar en la Ley 39/2015 (art. 67), la penal y la civil derivada de delito en el Código Penal (arts. 24, 116, 121 y título XIX del libro II) y la disciplinaria en el TREBEP (título VII, arts. 93 a 98).

Principios de la Ley 53/1984 (arts. 1 y 2). La idea base es dedicarse a un solo puesto: no se puede compatibilizar un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público salvo en los casos de la ley, ni cobrar más de una remuneración con cargo a presupuestos públicos, y cualquier cargo o actividad, pública o privada, es incompatible si impide o menoscaba el estricto cumplimiento de los deberes o compromete la imparcialidad o independencia. Se aplica a todo el personal, sea cual sea su relación de empleo, de todas las administraciones (también las corporaciones locales y sus organismos) y, entre otros, a los consorcios y fundaciones cuyos presupuestos se financien ordinariamente en más de un 50 % con fondos públicos.

Actividades públicas (arts. 3 a 10). Solo cabe un segundo puesto público en los casos docentes y sanitarios, en los cargos electivos del art. 5 y por interés público declarado, siempre con autorización previa y expresa que no cambia la jornada ni el horario de ninguno de los dos puestos. Ocupar un puesto público es incompatible con cobrar pensión de jubilación, que queda en suspenso mientras tanto (art. 3.2). Se puede ser concejal, salvo con cargo retribuido en dedicación exclusiva, y en general solo se cobra la retribución de una de las dos actividades, más las dietas o asistencias de la otra; quien tiene dedicación parcial en el ayuntamiento (art. 75.2 LRBRL) sí puede cobrar por ella (art. 5.2). La suma de lo percibido no puede superar el sueldo de director general ni el del puesto principal incrementado en un 30 % (grupo A), 35 % (B), 40 % (C), 45 % (D) o 50 % (E) (art. 7). El segundo puesto no cuenta para trienios ni derechos pasivos, y las pagas extra y prestaciones familiares solo se cobran por uno. Si accedes a un puesto incompatible, eliges en el plazo de toma de posesión; si no eliges, se entiende que optas por el nuevo y pasas a excedencia voluntaria en el anterior, y si es compatible con autorización, la pides en los diez primeros días de ese plazo (art. 10).

Actividades privadas (arts. 11 a 16 y 19). Prohibidas las relacionadas directamente con las que desarrolla tu departamento u organismo, las que afecten a asuntos en los que intervengas o hayas intervenido en los dos últimos años, pertenecer a consejos de administración de empresas relacionadas, ocupar cargos en concesionarias o contratistas y tener más del 10 % de su capital (art. 12). Cualquier actividad privada exige previo reconocimiento de compatibilidad, que se resuelve en dos meses y, en la Administración local, lo acuerda el Pleno de la Corporación (art. 14). No se puede reconocer si el complemento específico incluye el factor de incompatibilidad, salvo que no supere el 30 % de la retribución básica sin antigüedad (art. 16). Quedan fuera del régimen, entre otras, la administración del patrimonio personal o familiar, los cursos en centros de formación de funcionarios que no pasen de 75 horas al año, formar parte de tribunales de oposiciones, la creación literaria, artística o científica y la colaboración ocasional en medios o congresos (art. 19). Incumplir la ley se sanciona conforme al régimen disciplinario (art. 20.1), y la actividad compatible no excusa el deber de residencia, la asistencia al trabajo ni la negligencia en el puesto: si esas faltas se califican de graves o muy graves, la autorización o reconocimiento de compatibilidad queda revocado automáticamente (art. 20.2).

Responsabilidad patrimonial y civil. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión en sus bienes y derechos causada por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar; el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32 Ley 40/2015). El derecho a reclamar prescribe al año del hecho o de la manifestación del daño; en daños personales, desde la curación o la fijación de las secuelas (art. 67.1 Ley 39/2015). El perjudicado reclama directamente a la Administración, no al empleado (art. 36.1). Después, la Administración que ha pagado exige de oficio a su personal la responsabilidad cuando haya actuado con dolo, o culpa o negligencia graves, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional; el procedimiento tiene alegaciones de quince días, prueba de quince, audiencia de diez, propuesta en cinco y resolución en cinco, y pone fin a la vía administrativa (art. 36.2 a 36.5).

Responsabilidad penal. Se exige conforme al Código Penal y no suspende el procedimiento de responsabilidad patrimonial salvo que haga falta fijar antes los hechos (art. 37 Ley 40/2015). A efectos penales es funcionario todo el que, por disposición de la ley, elección o nombramiento, participa en el ejercicio de funciones públicas (art. 24.2 CP). Quien es responsable penal lo es también civilmente si hay daños (art. 116 CP), y las administraciones responden subsidiariamente de los daños causados por sus funcionarios penalmente responsables en el ejercicio de sus cargos cuando la lesión es consecuencia directa del servicio público (art. 121 CP).

Delitos contra la Administración pública (título XIX del CP). Prevaricación: dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en asunto administrativo, con inhabilitación especial de nueve a quince años (art. 404). Abandono de destino (art. 407) y omisión del deber de perseguir delitos (art. 408). Desobediencia: negarse abiertamente a cumplir resoluciones judiciales u órdenes superiores, aunque no hay delito si el mandato es una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley (art. 410). Denegación de auxilio (art. 412): muy relevante para un bombero, porque castiga al funcionario que, requerido por un particular, no presta el auxilio al que le obliga su cargo para evitar un delito contra la vida (multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de tres a seis años). Siguen la infidelidad en la custodia de documentos y la revelación de secretos (arts. 413 a 418), el cohecho (art. 419 y ss.), el tráfico de influencias (art. 428), la malversación (art. 432), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436 y ss.) y las negociaciones prohibidas (art. 439).

Responsabilidad disciplinaria (TREBEP, arts. 93 a 98). Responden también quienes inducen a cometer faltas y quienes encubren faltas muy graves o graves si causan daño grave. La potestad disciplinaria se rige por legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; si aparecen indicios fundados de delito, se suspende el expediente y se comunica al Ministerio Fiscal, y los hechos probados por sentencia firme vinculan a la Administración (art. 94). Las faltas son muy graves, graves y leves; entre las muy graves están el abandono del servicio, la desobediencia abierta, el acoso laboral, no atender los servicios esenciales en huelga y el incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad (art. 95).

Sanciones y plazos. Separación del servicio (solo por faltas muy graves; en interinos, revocación del nombramiento), despido disciplinario del laboral, suspensión firme de funciones hasta seis años, traslado forzoso, demérito, apercibimiento y las que fije la ley (art. 96). Prescriben las faltas muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos y por leves al año (art. 97). Las faltas muy graves y graves exigen procedimiento con separación entre instrucción y resolución; las leves, procedimiento sumario con audiencia. La suspensión provisional no puede pasar de seis meses salvo paralización imputable al interesado, y durante ella se cobran las retribuciones básicas (art. 98).

Claves para el examen

• Principio: un solo puesto en el sector público y una sola remuneración pública (art. 1).
• Consorcios y fundaciones: incluidos si más del 50 % de su presupuesto es público (art. 2.1.g).
• Puesto público + pensión de jubilación: la pensión queda en suspenso (art. 3.2).
• Concejal: compatible salvo cargo retribuido con dedicación exclusiva; una sola retribución, salvo dedicación parcial (art. 5).
• Tope del segundo puesto: principal + 30/35/40/45/50 % según grupo A/B/C/D/E (art. 7).
• Sin opción en plazo de toma de posesión: se entiende el nuevo puesto; excedencia voluntaria en el otro (art. 10).
• Privadas: prohibidas en asuntos de los dos últimos años y con más del 10 % en contratistas (art. 12).
• Compatibilidad privada: previa, resuelta en dos meses; en la Administración local, por el Pleno (art. 14).
• Complemento específico: compatibilidad privada solo si no supera el 30 % de la básica (art. 16.4).
• Exceptuados: cursos hasta 75 h/año, tribunales de oposición, creación literaria o científica (art. 19).
• Patrimonial: funcionamiento normal o anormal; salvo fuerza mayor; daño efectivo, evaluable e individualizado.
• Se reclama a la Administración, en un año; regreso contra el empleado por dolo, culpa o negligencia graves.
• Prevaricación: 404; denegación de auxilio: 412; cohecho: 419; malversación: 432.
• Indicios de delito en expediente disciplinario: se suspende y se comunica al Fiscal (art. 94.3 TREBEP).
• Prescripción de faltas: muy graves 3 años, graves 2, leves 6 meses; sanciones leves, 1 año.

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• Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
• LEY 40/2015 - Principios Responsabilidad - OPOSICIONES - Art 32
• TREBEP. Régimen disciplinario de las empleadas y los empleados públicos

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