⚖️ Tema 57: Ley Orgánica 3/2007 de igualdad de mujeres y hombres

Consorci Provincial de Bombers de València (Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de València) · Bombero/a conductor/a

Resumen

Este es el tema 13 de los temas propios del Consorci en las bases generales de 2025 (tema 57 de la web). La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23 de marzo) entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 24 de marzo de 2007 (disposición final octava). Tiene 78 artículos repartidos en un título preliminar y ocho títulos. El epígrafe pide tres partes: el título preliminar («Objeto y ámbito de la Ley», arts. 1 y 2), el título I («El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación», arts. 3 a 13) y el título II («Políticas públicas para la igualdad», arts. 14 a 35). Se estudia sobre el texto consolidado del BOE (última actualización publicada el 02/08/2024, comprobado el 11/10/2026): ninguna de las reformas de la Ley ha modificado los artículos 1 a 35, que siguen con su redacción original.

Objeto y ámbito (arts. 1 y 2). Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, derechos y deberes. La Ley quiere hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los arts. 9.2 y 14 de la Constitución. Para ello fija principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra toda discriminación por razón de sexo en los sectores público y privado. Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad, y las obligaciones de la Ley alcanzan a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia.

El principio de igualdad (arts. 3 a 5). La igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). Es un principio informador del ordenamiento jurídico, que se integra en la interpretación y aplicación de las normas (art. 4). En el empleo privado y público se garantiza en el acceso (incluido el trabajo por cuenta propia), la formación y promoción profesional, las condiciones de trabajo (también retribuciones y despido) y la afiliación a sindicatos y organizaciones profesionales (art. 5). Solo no es discriminación una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando sea un requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Conceptos clave (arts. 6 a 8). Discriminación directa: una persona es, ha sido o pudiera ser tratada, por su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva por una finalidad legítima con medios necesarios y adecuados. Toda orden de discriminar es discriminatoria. Acoso sexual: comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad, sobre todo si crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo: comportamiento realizado en función del sexo de una persona con ese propósito o efecto. Ambos son siempre discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho a aceptar el acoso. Todo trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa.

Garantías y acciones positivas (arts. 9 a 11). La indemnidad frente a represalias protege a quien presenta una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso: cualquier trato adverso que sufra por ello también es discriminación. Los actos y cláusulas discriminatorios son nulos y sin efecto y dan lugar a reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y, en su caso, a sanciones eficaces y disuasorias. Los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho; solo duran mientras subsistan esas situaciones y deben ser razonables y proporcionadas. También pueden adoptarlas las personas físicas y jurídicas privadas.

Tutela judicial y prueba (arts. 12 y 13). Cualquier persona puede pedir a los tribunales la tutela del derecho a la igualdad, conforme al art. 53.2 de la Constitución, incluso después de terminar la relación en la que se produjo la discriminación. Están legitimadas las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, pero en los litigios sobre acoso la única legitimada es la persona acosada. Cuando la demanda se basa en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, es la persona demandada quien debe probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de sus medidas; el juez, a instancia de parte, puede pedir informe a organismos públicos. Esta inversión de la carga de la prueba no se aplica en los procesos penales.

Título II, capítulo I: principios generales (arts. 14 a 22). El art. 14 enumera doce criterios generales de actuación de los poderes públicos: compromiso con la efectividad de la igualdad, integración en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, colaboración entre Administraciones, participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones, erradicación de la violencia de género y del acoso, atención a las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad (para las que también caben acciones positivas), protección de la maternidad, conciliación y corresponsabilidad, colaboración con agentes sociales y asociaciones de mujeres, igualdad en las relaciones entre particulares, lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y cooperación al desarrollo. El principio informa con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos (art. 15), que procurarán la presencia equilibrada en los nombramientos de cargos de responsabilidad (art. 16).

Instrumentos del capítulo I. El Gobierno aprueba periódicamente, en materias de competencia del Estado, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17) y elabora un informe periódico del que da cuenta a las Cortes Generales (art. 18). Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de Ministros deben llevar un informe de impacto por razón de género (art. 19). Los poderes públicos incluirán sistemáticamente la variable de sexo en estadísticas, encuestas y recogida de datos, y solo excepcionalmente, con informe motivado aprobado por el órgano competente, pueden incumplirlo (art. 20). Estado y comunidades autónomas cooperan, con planes conjuntos en la Conferencia Sectorial de la Mujer, y las entidades locales integran la igualdad en sus competencias (art. 21); las corporaciones locales pueden aprobar Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad (art. 22).

Título II, capítulo II: acción administrativa para la igualdad (arts. 23 a 35). Recorre las políticas sectoriales: educación (el sistema educativo incluye entre sus fines la igualdad; currículos, libros de texto sin contenidos sexistas, formación del profesorado, presencia equilibrada en los órganos de los centros y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia), educación superior, creación artística e intelectual, salud (datos desagregados por sexo siempre que sea posible, y el acoso sexual y por razón de sexo dentro de la salud laboral), sociedad de la información, deportes, desarrollo rural (figura de la titularidad compartida), políticas urbanas y vivienda y cooperación para el desarrollo. Las Administraciones pueden fijar condiciones especiales de ejecución en sus contratos para promover la igualdad (art. 33); el Consejo de Ministros determina cada año los contratos de la Administración General del Estado que deben incluirlas (art. 34), y los planes estratégicos de subvenciones pueden valorar las actuaciones de igualdad de las entidades solicitantes (art. 35).

Claves para el examen

• LO 3/2007, de 22 de marzo; en vigor el 24 de marzo de 2007. Desarrolla los arts. 9.2 y 14 de la Constitución.
• Título preliminar: arts. 1-2; título I: arts. 3-13; título II: arts. 14-35 (capítulo I, arts. 14-22; capítulo II, arts. 23-35).
• Obligaciones para toda persona física o jurídica que esté o actúe en España, sea cual sea su nacionalidad, domicilio o residencia.
• Igualdad de trato: sin discriminación por maternidad, obligaciones familiares o estado civil; principio informador del ordenamiento (art. 4).
• Excepción del art. 5: requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y proporcionado.
• Indirecta: disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen en desventaja a un sexo.
• Acoso sexual: naturaleza sexual; acoso por razón de sexo: en función del sexo. Los dos, siempre discriminatorios.
• Embarazo o maternidad: discriminación directa (art. 8). Represalias por reclamar: también discriminación (art. 9).
• Actos y cláusulas discriminatorios: nulos y sin efecto (art. 10).
• Acciones positivas: mientras subsista la desigualdad, razonables y proporcionadas; también las privadas.
• Acoso: solo la persona acosada está legitimada. Carga de la prueba en la parte demandada, salvo en procesos penales.
• Art. 14: doce criterios generales, entre ellos el lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
• Art. 15, transversalidad; art. 16, presencia equilibrada en los nombramientos («procurarán»).
• Gobierno: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17) e informe periódico a las Cortes Generales (art. 18).
• Informe de impacto de género en lo que aprueba el Consejo de Ministros (art. 19); variable de sexo en las estadísticas (art. 20).

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• Título II 📖 LEY ORGÁNICA 3/2007, IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES 📖 - 🎧 Audiolibro 🎧
• ➡️ LEY ORGÁNICA 3/2007: sobre la IGUALDAD 【TODO Con EJEMPLOS y SENCILLO】

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