📜 Tema 1: Constitución de 1978: derechos, Defensor del Pueblo, Corona, Cortes, Poder Judicial y Gobierno

Concello de Ourense · Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento · Bombero/a-Conductor/a

Resumen

Tema 1 de la parte general del anexo I de tus bases (BOP de Ourense núm. 177, de 16/09/2025). El epígrafe oficial dice: «La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. El Defensor del Pueblo. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Gobierno y la Administración del Estado.» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

La Constitución española de 1978 es la norma suprema: el artículo 9.1 dice que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Sus antecedentes inmediatos son la Transición: la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política abrió el camino a las elecciones de 1977 y a unas Cortes que redactaron el texto. Las fechas que caen: el proyecto se aprobó en sesiones plenarias del Congreso y del Senado el 31 de octubre de 1978; se sometió a referéndum de la Nación el 6 de diciembre de 1978 (Real Decreto 2560/1978); el Rey la sancionó ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311 el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día (disposición final). La disposición derogatoria deroga expresamente la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del franquismo.

Título preliminar (arts. 1 a 9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El art. 2 une la indisoluble unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. Partidos (art. 6) y sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos; las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8).

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

El capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52: familia, salud, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda, personas con discapacidad tras la reforma de 2024, consumidores...). El capítulo IV fija las garantías (art. 53): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respete su contenido esencial, se regula su ejercicio; el art. 14 y la sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30) se protegen por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen. El art. 54 regula el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, por ley orgánica. El capítulo V (art. 55) permite suspender determinados derechos solo en los estados de excepción o de sitio, no en el de alarma.

Título VIII (arts. 137 a 158), organización territorial. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137), y rigen la solidaridad y la igualdad de derechos en todo el territorio (arts. 138-139).

Capítulo III, comunidades autónomas. La iniciativa del art. 143.2 corresponde a las Diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo de cada provincia, en seis meses; si fracasa, solo se reitera pasados cinco años. No cabe la federación de comunidades (art. 145). Los Estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad y se reforman con aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147). El art. 148 enumera las competencias que pueden asumir (ampliables pasados cinco años) y el art. 149.1 las exclusivas del Estado; entre ellas la 29.ª, seguridad pública, en la que se apoya la Ley 17/2015 de protección civil. El control de las comunidades se reparte entre Tribunal Constitucional, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas (art. 153), y el art. 155 permite al Gobierno, previo requerimiento y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, obligar a una comunidad a cumplir. Los arts. 156 a 158 regulan la financiación, con el Fondo de Compensación interterritorial.

La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3): el Rey reina pero no gobierna, y la soberanía reside en el pueblo español.

La Corona (título II, arts. 56-65). El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos han de ser refrendados (por el Presidente del Gobierno, los Ministros o, en la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99, por el Presidente del Congreso) y carecen de validez sin refrendo, salvo la distribución de la dotación de su Casa y el nombramiento de sus miembros civiles y militares (arts. 56.3, 64 y 65). De los actos del Rey responden quienes los refrendan.

Claves para el examen

• Aprobada por las Cortes el 31/10/1978, referéndum el 6/12/1978, sancionada el 27/12/1978, BOE y vigor el 29/12/1978.
• 169 artículos: título preliminar + 10 títulos; 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final.
• Cuatro reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026).
• Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1).
• Forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
• Bandera: roja, amarilla y roja; la amarilla, de doble anchura (art. 4).
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2).
• Domicilio: solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2).
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por ley.
• Amparo: art. 14 + sección 1.ª del capítulo II + objeción de conciencia (art. 53.2).
• Suspensión de derechos (art. 55): estados de excepción y sitio, no el de alarma.
• Referéndum 6/12/1978; BOE y entrada en vigor 29/12/1978.
• Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Sección 1.ª del capítulo II: arts. 15-29; sección 2.ª: arts. 30-38; principios rectores: arts. 39-52.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 100 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. ¿En qué fecha se celebró el referéndum en el que el pueblo español ratificó la Constitución?

   1. El 6 de diciembre de 1978
   2. El 31 de octubre de 1978
   3. El 27 de diciembre de 1978
   4. El 29 de diciembre de 1978
   Ver la respuesta

   a) El 6 de diciembre de 1978. El Real Decreto 2560/1978 fijó el referéndum para el 6 de diciembre de 1978. El 31 de octubre se aprobó el proyecto en los plenos del Congreso y del Senado, el 27 de diciembre lo sancionó el Rey y el 29 de diciembre se publicó en el BOE.

2. Según el artículo 117.6 de la Constitución:

   1. Se permiten tribunales especiales en estado de alarma
   2. La jurisdicción militar puede juzgar a civiles
   3. Se prohíben los tribunales de excepción
   4. Los tribunales consuetudinarios están prohibidos
   Ver la respuesta

   c) Se prohíben los tribunales de excepción. CE, art. 117.6: «Se prohíben los Tribunales de excepción». El art. 117.5 limita la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio, y el art. 125 admite los tribunales consuetudinarios y tradicionales.

3. Según el artículo 20.2 de la Constitución, el ejercicio de las libertades de expresión e información:

   1. Requiere inscripción previa del medio en un registro público
   2. Puede someterse a autorización gubernativa en tiempo electoral
   3. Queda sujeto a la censura previa que establezca una ley orgánica
   4. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa
   Ver la respuesta

   d) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Artículo 20.2 CE: el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El secuestro de publicaciones solo puede acordarse por resolución judicial (art. 20.5).

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