🗂️ Tema 7: Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía

Diputación de Granada · Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI) · Bombero/a

Resumen

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía se publicó en el BOJA núm. 112, de 14 de junio de 2023, y entró en vigor a los seis meses, el 14 de diciembre de 2023; el título IX (acceso al empleo público) y algunas disposiciones lo hicieron al día siguiente de la publicación (disposición final quinta). Deroga la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Su objeto es definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta y determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía incluido en su ámbito (art. 1). Tiene trece títulos; el epígrafe apunta a dos bloques: el personal al servicio de la Administración pública (título I, capítulo III, arts. 12 a 18, con el personal directivo del título II) y la estructura y ordenación del empleo público (título VIII, arts. 89 a 104). Ha sido modificada varias veces (entre otras normas, por el Decreto-ley 10/2023, la Ley 12/2023, los Decretos-leyes 3/2024 y 5/2024 y la Ley 3/2025): aquí se usa el texto consolidado vigente.

A quién se aplica (arts. 2 y 3). Al personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta, al contratado por sus entidades instrumentales y al personal directivo público profesional. También, con su normativa específica por delante, al docente no universitario y al estatutario del Servicio Andaluz de Salud, al de Justicia, al de las Universidades públicas y, lo que te afecta como bombero municipal, al personal al servicio de las Administraciones locales de Andalucía, «con respeto en todo caso a la autonomía local y a la legislación básica estatal» (art. 3.1.d). Quedan excluidos los altos cargos (salvo lo previsto para la dirección pública profesional) y quienes contratan con el sector público y su personal (art. 3.2). Los órganos superiores en materia de recursos humanos son el Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de Función Pública (art. 7); al Consejo de Gobierno le corresponde, entre otras cosas, aprobar la oferta de empleo público (art. 8.2.f), y a la persona titular de la Consejería, imponer la sanción de separación del servicio y nombrar al personal funcionario de carrera (art. 9.1).

Clases de personal (art. 12). Es personal al servicio de la Administración pública el que desempeña funciones retribuidas al servicio de los intereses generales. El personal empleado público se clasifica en: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y eventual. Además, también es personal al servicio de la Administración el directivo público profesional (título II). Funcionario de carrera (art. 13): el que, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a la Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Funcionario interino (art. 14): por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se le nombra con carácter temporal para funciones propias del funcionario de carrera en cuatro supuestos: a) plazas vacantes que no puedan cubrirse con funcionarios de carrera, por un máximo de tres años; b) sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario; c) ejecución de programas de carácter temporal, de duración no superior a tres años, ampliable hasta doce meses más; d) exceso o acumulación de tareas, por un máximo de nueve meses dentro de un período de dieciocho. Debe ser personal ajeno a la función pública de la Junta y su nombramiento en ningún caso da lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera (art. 14.4). Su cese solo da lugar a indemnización en los casos de la legislación básica estatal (art. 14.7).

Funciones reservadas y personal laboral (arts. 15 y 16). Corresponden exclusivamente al personal funcionario las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales (art. 15.1); la ley enumera algunas: la fe pública administrativa, la constatación de hechos con presunción de veracidad, la emanación de órdenes de policía, la adopción de medidas cautelares, el control interno económico-financiero o el reintegro de subvenciones (art. 15.2). Los puestos de la Junta se desempeñan con carácter general por funcionarios (art. 15.3), pero pueden ocuparse por laborales, por ejemplo, los de naturaleza no permanente, los de oficios, vigilancia, custodia, porteo, conducción de vehículos, mantenimiento de edificios e instalaciones o protección civil (art. 15.4). Personal laboral (art. 16) es el que presta servicios retribuidos en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito; por la duración del contrato puede ser fijo (tras superar un proceso selectivo), por tiempo indefinido (por sentencia judicial firme o según la normativa básica estatal) o temporal (por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, por tiempo determinado); por la jornada, a tiempo completo o a tiempo parcial (art. 16.3), y su clasificación profesional se fija en la negociación colectiva (art. 16.4).

Personal eventual y directivo (arts. 17 a 24). El eventual es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, y cobra de los créditos presupuestarios consignados para ese fin; no puede hacer actividades ordinarias de gestión ni funciones reservadas a funcionarios (art. 17.1). En la Junta pueden tener personal eventual las personas titulares de la Presidencia, las Vicepresidencias, las Consejerías, las instituciones estatutarias y las entidades a las que una ley reconozca autonomía e independencia funcional (art. 17.2). Su número máximo, características y retribuciones los fija el Consejo de Gobierno y son públicos (art. 17.3). Nombramiento y cese son libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que asesora, sin derecho a indemnización, y esa condición no es mérito para el acceso a la función pública, la promoción interna ni la contratación laboral (art. 18). El personal directivo público profesional ocupa los puestos así catalogados en la relación de puestos de dirección pública profesional y puede ser alto cargo o funcionario de carrera o laboral fijo (art. 19); se le selecciona con mérito, capacidad, publicidad e idoneidad (art. 22), a través de una Comisión independiente de selección adscrita a la Consejería de Función Pública (art. 23), y firma un acuerdo de gestión con objetivos, que es público (art. 21.2).

Planificación del empleo público (arts. 89 a 99). Los instrumentos de planificación son tres: los planes de ordenación de recursos humanos, la oferta de empleo público o instrumento similar y los registros de personal (art. 89.2). Los planes los aprueba el Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, y pueden incluir medidas de movilidad, promoción interna, teletrabajo o incentivos a la jubilación voluntaria (art. 90). La oferta de empleo público recoge las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso; se aprueba anualmente, previa negociación colectiva; obliga a convocar los procesos selectivos, con posibilidad de hasta un diez por ciento adicional de plazas, y debe ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años (art. 91). No pueden convocarse pruebas para plazas no comprometidas en la oferta (art. 91.5). Cada Administración y sus entidades instrumentales tienen un registro de personal (art. 92); en la Junta existe el Registro General de Personal, adscrito a la Consejería de Función Pública, y la inscripción es requisito de eficacia de los actos de reconocimiento de derechos, aunque no convalida sus vicios (art. 93).

Estructura del empleo público (arts. 100 a 104). El personal funcionario se agrupa en cuerpos, escalas y especialidades y, en su caso, opciones, que se crean, modifican y suprimen por ley (art. 100). Grupos de clasificación según la titulación de acceso (art. 101): grupo A, con los subgrupos A1 (Doctor, Máster, Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente) y A2 (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente); grupo B (Técnico Superior); y grupo C, con los subgrupos C1 (Bachiller, Técnico o equivalente) y C2 (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente). Los cuerpos de la Junta son generales, con funciones comunes de la actividad administrativa (Superior de Administración, A1; de Gestión Administrativa, A2; Técnico de Gestión Administrativa, B; Administrativo, C1; Auxiliar Administrativo, C2), o especiales, con actividades de una peculiar carrera o especialidad (art. 102). El personal laboral se clasifica según la legislación laboral y el convenio colectivo (art. 103). El puesto de trabajo es la unidad básica de la estructura del empleo público, y su ordenación se basa en los principios de eficacia, jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, eficiencia, racionalidad organizativa, coordinación y trabajo en equipo (art. 104.1); las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento con el que la Administración General de la Junta planifica, racionaliza y ordena su personal; son públicas e indican, como mínimo, la denominación del puesto, la clase de personal, el cuerpo o grupo, el sistema de provisión, la adscripción orgánica, las retribuciones complementarias y los requisitos (art. 104).

Claves para el examen

• Ley 5/2023, de 7 de junio: BOJA de 14/06/2023; en vigor a los seis meses (14/12/2023). Deroga la Ley 6/1985.
• Se aplica al personal de las Administraciones locales andaluzas con respeto a la autonomía local y a la legislación básica estatal (art. 3.1.d).
• Órganos superiores en recursos humanos: Consejo de Gobierno y Consejería competente en Función Pública (art. 7).
• Clases de empleados públicos: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral (fijo, indefinido o temporal) y eventual (art. 12.2).
• Funcionario de carrera: nombramiento legal, relación estatutaria de Derecho Administrativo, servicios de carácter permanente (art. 13).
• Interino por vacante: máximo tres años. Por programa temporal: hasta tres años, más doce meses. Por acumulación de tareas: nueve meses en dieciocho (art. 14.1).
• El nombramiento de interino nunca da lugar a la condición de funcionario de carrera (art. 14.4).
• Potestades públicas e intereses generales: funciones reservadas en exclusiva al personal funcionario (art. 15.1).
• Eventual: confianza o asesoramiento especial; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que presta esa función, sin indemnización, y no es mérito (arts. 17 y 18).
• Directivo público profesional: alto cargo, o funcionario de carrera o laboral fijo; con acuerdo de gestión público (arts. 19 y 21).
• Instrumentos de planificación: planes de ordenación de recursos humanos, oferta de empleo público y registros de personal (art. 89.2).
• Oferta de empleo público: anual, previa negociación colectiva; hasta un 10 % adicional; ejecución en tres años improrrogables (art. 91).
• Cuerpos, escalas, especialidades y opciones: se crean, modifican y suprimen por ley (art. 100.2).
• Grupos: A (A1 y A2), B (Técnico Superior) y C (C1: Bachiller o Técnico; C2: ESO) (art. 101).
• El puesto de trabajo es la unidad básica de la estructura del empleo público; las relaciones de puestos de trabajo son públicas (art. 104).

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