📜 Tema 1: Constitución: título preliminar, derechos fundamentales, Cortes y organización territorial

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Resumen

Tema 1 de la parte común del anexo II de tus bases (el 1 aquí). El epígrafe oficial, en gallego, dice: «A Constitución Española. Título preliminar. Os dereitos fundamentais e as liberdades públicas. As Cortes Xerais. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A organización territorial do Estado». Aquí lo tienes explicado en castellano; el cuestionario lo haces en gallego o en castellano, según marcaste en la solicitud (no se puede cambiar después).

La Constitución española de 1978 es la norma suprema: el artículo 9.1 dice que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Sus antecedentes inmediatos son la Transición: la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política abrió el camino a las elecciones de 1977 y a unas Cortes que redactaron el texto. Las fechas que caen: el proyecto se aprobó en sesiones plenarias del Congreso y del Senado el 31 de octubre de 1978; se sometió a referéndum de la Nación el 6 de diciembre de 1978 (Real Decreto 2560/1978); el Rey la sancionó ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311 el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día (disposición final). La disposición derogatoria deroga expresamente la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del franquismo.

Estructura: un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos (I derechos y deberes fundamentales; II la Corona; III las Cortes Generales; IV Gobierno y Administración; V relaciones Gobierno-Cortes; VI Poder Judicial; VII Economía y Hacienda; VIII Organización territorial; IX Tribunal Constitucional; X reforma constitucional), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Se ha reformado cuatro veces: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria), 2024 (art. 49, personas con discapacidad) y 2026 (art. 69.3, circunscripciones de Ibiza y Formentera para el Senado). El epígrafe pide tres partes: título preliminar, título I y título VIII.

Título preliminar (arts. 1 a 9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El art. 2 une la indisoluble unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. Partidos (art. 6) y sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos; las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8).

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

El capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52: familia, salud, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda, personas con discapacidad tras la reforma de 2024, consumidores...). El capítulo IV fija las garantías (art. 53): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respete su contenido esencial, se regula su ejercicio; el art. 14 y la sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30) se protegen por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen. El art. 54 regula el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, por ley orgánica. El capítulo V (art. 55) permite suspender determinados derechos solo en los estados de excepción o de sitio, no en el de alarma.

Título VIII (arts. 137 a 158), organización territorial. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137), y rigen la solidaridad y la igualdad de derechos en todo el territorio (arts. 138-139).

Capítulo III, comunidades autónomas. La iniciativa del art. 143.2 corresponde a las Diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo de cada provincia, en seis meses; si fracasa, solo se reitera pasados cinco años. No cabe la federación de comunidades (art. 145). Los Estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad y se reforman con aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147). El control de las comunidades se reparte entre Tribunal Constitucional, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas (art. 153), y el art. 155 permite al Gobierno, previo requerimiento y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, obligar a una comunidad a cumplir. Los arts. 156 a 158 regulan la financiación, con el Fondo de Compensación interterritorial.

La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3): el Rey reina pero no gobierna, y la soberanía reside en el pueblo español.

La Corona (título II, arts. 56-65). El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos han de ser refrendados (por el Presidente del Gobierno, los Ministros o, en la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99, por el Presidente del Congreso) y carecen de validez sin refrendo, salvo la distribución de la dotación de su Casa y el nombramiento de sus miembros civiles y militares (arts. 56.3, 64 y 65). De los actos del Rey responden quienes los refrendan.

Sucesión y Regencia. La Corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I por orden de primogenitura y representación: línea anterior sobre las posteriores, en la misma línea el grado más próximo, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad (art. 57.1). Abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias se resuelven por ley orgánica (57.5). Si no hay persona a quien corresponda la Regencia, la nombran las Cortes y la forman una, tres o cinco personas (59.3). Funciones del art. 62: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones y referéndum, proponer el candidato a Presidente del Gobierno, expedir decretos, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el derecho de gracia, que no puede autorizar indultos generales.

Las Cortes Generales (título III, arts. 66-96) representan al pueblo español, están formadas por el Congreso y el Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan al Gobierno y son inviolables (art. 66). El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados elegidos por cuatro años (art. 68); el Senado es la Cámara de representación territorial, con cuatro senadores por provincia y los designados por las comunidades autónomas (uno más otro por cada millón de habitantes, art. 69). Diputados y senadores gozan de inviolabilidad por sus opiniones e inmunidad (solo detención en flagrante delito y suplicatorio para procesarlos; los juzga la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, art. 71). Períodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio (73.1);

Elaboración de las leyes. Leyes orgánicas: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81). Decretos-leyes: el Congreso los convalida o deroga en 30 días (86.2). Iniciativa legislativa popular: al menos 500.000 firmas, excluidas materias orgánicas, tributarias, internacionales y la gracia (87.3). El Senado tiene dos meses para vetar o enmendar (veinte días naturales si el proyecto es urgente) y el Congreso levanta el veto por mayoría absoluta o, pasados dos meses, simple (90). El Rey sanciona las leyes en quince días (91).

El Gobierno y la Administración (títulos IV y V, arts. 97-116). El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97); lo forman el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (98). Investidura: mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas después (99). Cesa tras elecciones generales, pérdida de confianza, dimisión o fallecimiento del Presidente (101); su responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (102). Responsabilidad política: cuestión de confianza (mayoría simple, 112) y moción de censura constructiva (propuesta por una décima parte de los diputados y aprobada por mayoría absoluta, 113). No cabe nueva disolución antes de un año (115.3).

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1); el acceso a la función pública se rige por el mérito y la capacidad (103.3). Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad protegen el libre ejercicio de los derechos y garantizan la seguridad ciudadana (104). La ley regula la audiencia de los ciudadanos, el acceso a archivos y registros y el procedimiento de los actos (105). Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (106.1).

El Poder Judicial (título VI, arts. 117-127). La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (117.1); la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales (117.3) y se prohíben los tribunales de excepción (117.6). Las sentencias son siempre motivadas y se pronuncian en audiencia pública (120.3); el error judicial lo indemniza el Estado (121). El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno: Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales nombrados por el Rey por cinco años (122.3). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior salvo en garantías constitucionales y su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ (123). El Ministerio Fiscal actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a la legalidad e imparcialidad, y el Fiscal General lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (124).

Claves para el examen

• Aprobada por las Cortes el 31/10/1978, referéndum el 6/12/1978, sancionada el 27/12/1978, BOE y vigor el 29/12/1978.
• 169 artículos: título preliminar + 10 títulos; 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final.
• Cuatro reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026).
• Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1).
• Forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
• Bandera: roja, amarilla y roja; la amarilla, de doble anchura (art. 4).
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2).
• Domicilio: solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2).
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por ley.
• Amparo: art. 14 + sección 1.ª del capítulo II + objeción de conciencia (art. 53.2).
• Suspensión de derechos (art. 55): estados de excepción y sitio, no el de alarma.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 138 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. ¿En qué fecha se celebró el referéndum en el que el pueblo español ratificó la Constitución?

   1. El 31 de octubre de 1978
   2. El 27 de diciembre de 1978
   3. El 29 de diciembre de 1978
   4. El 6 de diciembre de 1978
   Ver la respuesta

   d) El 6 de diciembre de 1978. El Real Decreto 2560/1978 fijó el referéndum para el 6 de diciembre de 1978. El 31 de octubre se aprobó el proyecto en los plenos del Congreso y del Senado, el 27 de diciembre lo sancionó el Rey y el 29 de diciembre se publicó en el BOE.

2. ¿Qué artículo de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo?

   1. El artículo 35.2
   2. El artículo 40.2
   3. El artículo 43.2
   4. El artículo 28.1
   Ver la respuesta

   b) El artículo 40.2. CE, art. 40.2, dentro de los principios rectores: los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Es el fundamento constitucional de la prevención de riesgos laborales.

3. ¿Qué atribuye el artículo 66.2 de la Constitución a las Cortes Generales?

   1. La potestad reglamentaria, la dirección de la Administración y la defensa del Estado
   2. La sanción y promulgación de las leyes y la convocatoria de referéndum
   3. La potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus Presupuestos y el control de la acción del Gobierno
   4. El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Fiscal General del Estado
   Ver la respuesta

   c) La potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus Presupuestos y el control de la acción del Gobierno. CE, art. 66.2: las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Sancionar y promulgar las leyes corresponde al Rey (art. 62.a).

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