♻️ Tema 47: Residuos: normativa, jerarquía, competencias y traslados

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 47 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Residuos: normativa, jerarquía, competencias y traslados», del Grupo II · Materias específicas (16-56). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Normativa aplicable. La norma básica es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que regula la prevención, producción y gestión de residuos, los instrumentos económicos (impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito de residuos), la responsabilidad ampliada del productor y los suelos contaminados (art. 1). Los traslados dentro de España se rigen por su art. 31 y por el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio; los traslados entre Estados y con terceros países, por el Reglamento (UE) 2024/1157, aplicable desde el 21 de mayo de 2026, que deroga el Reglamento (CE) 1013/2006 (las referencias a este se entienden hechas al nuevo, art. 85.8). En Castilla y León, la planificación y gestión de residuos y suelos contaminados corresponde a la Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente y Energía (Decreto 14/2026, art. 8).

Conceptos (Ley 7/2022, art. 2). Residuo es «cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar». Residuo peligroso es el que presenta alguna característica de peligrosidad del anexo I (también los envases con restos de sustancias peligrosas). Poseedor es el productor u otra persona que tenga los residuos; el titular catastral de la parcela donde haya residuos abandonados o basura dispersa se considera poseedor y responsable, salvo que se identifique al autor del abandono. Reutilización es usar de nuevo productos que no son residuos; la preparación para la reutilización es la comprobación, limpieza o reparación de productos que ya son residuos. Reciclado es transformar los materiales de residuo en nuevos productos (no incluye la valorización energética); valorización es cualquier operación en que el residuo cumple una finalidad útil sustituyendo a otros materiales, y eliminación es cualquier operación que no sea valorización, aunque se aprovechen materiales si no superan el 50 % en peso del residuo tratado.

Jerarquía de residuos (art. 8). Las autoridades aplican este orden de prioridad: a) prevención; b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y e) eliminación. Solo cabe apartarse de él en flujos concretos si lo justifica un enfoque de ciclo de vida. Además rigen los principios de autosuficiencia y proximidad (art. 9) y «quien contamina paga»: los costes de gestión los soporta el productor inicial o el poseedor (art. 11). Los residuos tienen siempre un responsable: el productor inicial, otro poseedor o el gestor (art. 104).

Competencias (art. 12). Al Gobierno, los reglamentos y los planes estatales; al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otras, el Programa estatal de prevención, el Plan estatal marco de gestión y la autorización de traslados desde o hacia terceros países no pertenecientes a la UE. A las comunidades autónomas: aprobar los programas de prevención y los planes autonómicos de gestión; autorizar, vigilar, inspeccionar y sancionar la producción y gestión de residuos y los suelos contaminados; autorizar los traslados desde o hacia países de la UE y los traslados en el interior del Estado; y cualquier competencia no atribuida a otros. A las entidades locales: como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos, con puntos limpios; programas de gestión si tienen más de 5.000 habitantes; y la vigilancia, inspección y sanción en su ámbito.

Vigilancia e infracciones. La inspección la hace personal funcionario con condición de agente de la autoridad; sus actas tienen presunción de certeza y, previa ratificación si el denunciado niega los hechos, pueden dar lugar al expediente (art. 105). Infracciones muy graves (art. 108.2), entre otras: actividad sin autorización o comunicación con peligro grave, daño grave o en espacios protegidos; el abandono, incluida la basura dispersa, el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos (y de otros residuos si hay peligro grave, daño grave o se produce en espacios protegidos); y el traslado de residuos peligrosos sin cumplir las obligaciones. Graves (108.3): el abandono o vertido de residuos no peligrosos sin peligro grave, la obstrucción a la inspección, la falta de etiquetado de envases de residuos peligrosos o el traslado de no peligrosos sin documentación. Leves (108.4): el retraso en entregar documentación o la entrega de residuos domésticos contraviniendo las ordenanzas locales.

Sanciones y procedimiento (arts. 109-117). Muy graves: multa de 100.001 a 3.500.000 € (de 600.001 a 3.500.000 € si son residuos peligrosos o suelos contaminados), inhabilitación de uno a diez años, clausura y revocación. Graves: de 2.001 a 100.000 € (de 20.001 a 600.000 € con residuos peligrosos). Leves: hasta 2.000 € (hasta 20.000 € con peligrosos). Si el beneficio es mayor, la multa puede subir hasta el doble del beneficio. Las infracciones y sanciones prescriben al año (leves), a los tres años (graves) y a los cinco años (muy graves). Las entidades locales sancionan el abandono o vertido de los residuos cuya gestión les corresponde (art. 111.3). Plazo para resolver: un año desde la incoación. Las medidas provisionales previas al procedimiento no pueden superar quince días y, excepcionalmente, las pueden adoptar los agentes de la autoridad para evitar un daño grave, dando cuenta al órgano competente (art. 115.2). Las multas coercitivas no superan un tercio de la multa impuesta (art. 117).

Traslados en el interior del Estado (Ley 7/2022, art. 31, y RD 553/2020). Todo traslado va acompañado de un documento de identificación y exige un contrato de tratamiento previo con el gestor de destino. Requieren notificación previa ante la comunidad autónoma de origen los traslados destinados a eliminación (peligrosos y no peligrosos) y los de residuos peligrosos o de residuos domésticos mezclados (LER 20 03 01) destinados a valorización. La notificación se presenta al menos diez días antes; las comunidades de origen y destino tienen diez días desde el acuse de recibo para oponerse y, si no lo hacen, el traslado se entiende autorizado (plazo reducible a dos días en urgencias). La notificación general sirve para varios traslados y dura como máximo tres años. El gestor de destino tiene treinta días para remitir el documento de identificación con la aceptación o rechazo, y los documentos se conservan al menos tres años. No se permiten más de dos almacenamientos sucesivos.

Traslados transfronterizos (Reglamento (UE) 2024/1157). Los traslados de residuos destinados a eliminación están prohibidos salvo autorización y siguen el procedimiento de notificación y autorización previas por escrito, igual que los de residuos peligrosos, los del anexo IV o las mezclas no incluidas en el anexo IIIA destinados a valorización (art. 4). Los residuos de la «lista verde» (anexos III y IIIB) destinados a valorización solo están sujetos a los requisitos de información general (documento del anexo VII y contrato) si superan los 20 kg (arts. 4.4 y 18). Las autoridades deciden en 30 días y la autorización escrita no puede abarcar más de un año (art. 9). Se prohíben las exportaciones fuera de la Unión de residuos destinados a eliminación, salvo a países de la AELC que sean Parte en el Convenio de Basilea (art. 37).

Claves para el examen

• Residuo: lo que su poseedor desecha o tiene intención u obligación de desechar.
• Jerarquía: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otra valorización (incluida la energética) y eliminación.
• Eliminación: aunque se aprovechen materiales, si no superan el 50 % en peso del residuo tratado.
• El titular catastral de la parcela con residuos abandonados es poseedor y responsable, salvo que se identifique al autor.
• Entidades locales: recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos como servicio obligatorio; programa de gestión si más de 5.000 habitantes.
• CCAA: autorizan traslados con países de la UE y en el interior del Estado; el Ministerio, los de terceros países.
• Castilla y León: residuos, en la DG de Infraestructuras y Economía Circular (Consejería de Medio Ambiente y Energía).
• Abandono, vertido o gestión incontrolada de residuos peligrosos: siempre muy grave.
• Multas: leves hasta 2.000 € (20.000 € peligrosos); graves 2.001-100.000 € (20.001-600.000 €); muy graves 100.001-3.500.000 € (desde 600.001 € peligrosos).
• Prescripción en residuos: 1, 3 y 5 años; plazo para resolver: 1 año.
• Medidas provisionales previas: máximo 15 días; excepcionalmente las adoptan los agentes de la autoridad.
• Multa coercitiva: hasta un tercio de la multa.
• Notificación previa: traslados a eliminación y de peligrosos o LER 20 03 01 a valorización; 10 días antes, 10 días para oponerse.
• Notificación general: máximo 3 años; documentos de identificación: se guardan 3 años; el destino tiene 30 días para remitirlos.
• Reglamento (UE) 2024/1157: aplicable desde el 21/05/2026; lista verde a valorización con información general si pasa de 20 kg.

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