📋 Tema 46: Procedimiento sancionador: denuncia, ratificación, decomiso y embargo

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 46 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Procedimiento sancionador: denuncia, ratificación, decomiso y embargo», del Grupo II · Materias específicas (16-56). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, arts. 25-31). Solo se ejerce cuando la reconoce expresamente una norma con rango de ley y por los órganos que la tengan atribuida (art. 25). Solo responden quienes actúen con dolo o culpa, y la sanción es compatible con la obligación de reponer la situación alterada y de indemnizar los daños, que fija el mismo órgano sancionador (art. 28). Las sanciones nunca pueden suponer privación de libertad y la multa no puede hacer más rentable infringir que cumplir; se gradúan por culpabilidad o intencionalidad, continuidad, naturaleza de los perjuicios y reincidencia (art. 29). Si la ley sectorial no fija plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones, a los tres años, dos años y un año (art. 30). No cabe sancionar dos veces con identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 31).

Iniciación (Ley 39/2015). Los procedimientos sancionadores se inician «siempre de oficio por acuerdo del órgano competente», con separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos, y nunca se puede sancionar sin procedimiento (art. 63). La iniciación de oficio puede ser por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 58). Denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano un hecho que pueda justificar la iniciación; debe expresar la identidad del denunciante, el relato de los hechos, la fecha de comisión y, si es posible, los presuntos responsables; presentarla no da por sí sola la condición de interesado (art. 62). Antes de iniciar se pueden abrir actuaciones previas para concretar hechos y responsables (art. 55).

Acuerdo de iniciación y medidas provisionales. El acuerdo identifica a los presuntos responsables, los hechos y su posible calificación, el instructor (y en su caso secretario) con su régimen de recusación, el órgano que resolverá y la posibilidad de reconocer la responsabilidad, las medidas provisionales y el derecho a alegar; si no se alega, puede considerarse propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad (art. 64). Antes de iniciar el procedimiento, en urgencia inaplazable, pueden adoptarse medidas provisionales que deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los quince días siguientes; si no, quedan sin efecto (art. 56.2). Entre las medidas provisionales figuran la suspensión temporal de actividades, la prestación de fianzas, el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles y el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble (art. 56.3).

El parte de denuncia del agente y su valor. Los agentes forestales y medioambientales son funcionarios y agentes de la autoridad, con la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico (Ley 4/2024, art. 3). Pueden adoptar medidas cautelares, incluido el decomiso, que comunican de inmediato a su unidad y al órgano que tramita el expediente mediante el acta, y depositar lo decomisado de forma que se garantice su identificación, conservación e integridad (art. 5.1.d). Sus actas y denuncias tienen valor probatorio y presunción de certeza, «previa ratificación en el caso de haber sido negados por las personas interesadas» (art. 5.2). Con carácter general, los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad hacen prueba de los hechos constatados «salvo que se acredite lo contrario» (Ley 39/2015, art. 77.5). En caza, los agentes deben formalizar las denuncias en documento público (Ley 4/2021, art. 87.2); en pesca, las actas de inspección y denuncia gozan de presunción de veracidad (Ley 9/2013, art. 69.9).

Instrucción y resolución. El periodo de prueba dura entre diez y treinta días (art. 77.2) y la audiencia entre diez y quince días (art. 82.2). El instructor archiva sin propuesta si los hechos no existen, no se acreditan, no son infracción, no hay responsable identificado o la infracción ha prescrito (art. 89.1); si no, formula propuesta de resolución con hechos probados, calificación, responsables y sanción (art. 89.2-3). La resolución no puede aceptar hechos distintos de los fijados en el procedimiento; si el órgano que resuelve aprecia mayor gravedad, da al inculpado quince días para alegar (art. 90.2). Si el infractor reconoce su responsabilidad o paga voluntariamente, se aplican reducciones de al menos el 20 % cada una, acumulables, condicionadas a renunciar a recurrir en vía administrativa (art. 85). Si vence el plazo sin resolución, el procedimiento sancionador caduca (art. 25.1.b).

Plazos y órganos en las leyes sectoriales de Castilla y León. Montes: plazo para resolver y notificar de un año, con aplicación del Decreto 189/1994 (Ley 3/2009, art. 121); prescripción según la Ley 43/2003: cinco años las muy graves, tres las graves y uno las leves (art. 71). Caza: inicia el titular de la Delegación Territorial; resuelve la Delegación Territorial las leves y el titular de la Consejería las graves y muy graves; plazo de un año (Ley 4/2021, art. 87); prescripción de cuatro, tres y un año (art. 86). Pesca: incoa e instruye la Delegación Territorial; resuelve la Delegación las leves, menos graves y graves, y la dirección general competente las muy graves; prescripción de cuatro, tres y un año; plazo de un año (Ley 9/2013, art. 80).

Decomiso en montes y patrimonio natural. La Ley 43/2003 permite a la Administración o a sus agentes adoptar medidas provisionales, incluido el decomiso, que la Administración debe ratificar al inicio del procedimiento (art. 69), y acordar el decomiso de productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados (art. 79). En Castilla y León, los agentes forestales y medioambientales pueden acordar el decomiso de productos, frutos y aprovechamientos obtenidos ilegalmente y de las herramientas empleadas; los productos se subastan, se devuelven a su dueño o se inutilizan si son de ilícito comercio; en infracciones por pastoreo se ordena la salida del ganado sin dejarlo abandonado, y lo decomisado queda bajo custodia de la entidad local, la Comunidad, su dueño o incluso el infractor (Ley 3/2009, art. 122). Los agentes también pueden acordar medidas provisionales antes de iniciarse el procedimiento (art. 121.5). En patrimonio natural, los agentes pueden incautar en el momento de la denuncia los productos y medios de la infracción, la consejería puede acordar el decomiso durante procedimientos por infracciones graves o muy graves, y el depósito se hace mediante acta con la descripción y el estado del bien (Ley 4/2015, art. 134).

Decomiso en caza y pesca. Caza (Ley 4/2021, art. 88): se decomisan los medios no permitidos y los permitidos usados en determinadas infracciones (cazar sin licencia o con ella retirada, en zonas de seguridad, en vedados, en días u horas no hábiles, negarse a mostrar documentación o el morral…), además de las piezas; las piezas vivas se liberan si pueden seguir con vida y las muertas se destruyen, salvo el trofeo de caza mayor; las armas se depositan en la Guardia Civil, los perros y hurones en la administración competente en animales de compañía y las aves de cetrería en la consejería de patrimonio natural; si el medio es legal y se acredita su posesión, puede sustituirse por una fianza igual al importe de la sanción; siempre se entrega recibo (en armas, clase, marca, número y puesto de la Guardia Civil). Pesca (Ley 9/2013, art. 81): toda infracción por acción de pescar lleva el comiso de la pesca; la viva se devuelve al agua si puede vivir y no es especie exótica invasora; los medios ilegales se decomisan siempre y se destruyen tras la resolución firme; los legales se decomisan en infracciones graves o muy graves y pueden entregarse antes previa fianza igual al importe mínimo de la sanción. El embargo, como medida provisional, es el embargo preventivo de bienes del art. 56.3.d) de la Ley 39/2015, y las cantidades no pagadas se cobran por apremio sobre el patrimonio (arts. 100-101).

Claves para el examen

• Sancionador: siempre de oficio, con instrucción y resolución en órganos distintos (Ley 39/2015, art. 63.1).
• Denunciar no convierte en interesado (art. 62.5).
• Medidas provisionales previas: se confirman en el acuerdo de iniciación dentro de 15 días o decaen (art. 56.2).
• El embargo preventivo de bienes es una medida provisional del art. 56.3.d) de la Ley 39/2015.
• Acta del agente: presunción de certeza, previa ratificación si el interesado niega los hechos (Ley 4/2024, art. 5.2).
• Documento de funcionario con condición de autoridad: hace prueba «salvo que se acredite lo contrario» (art. 77.5).
• Prueba 10-30 días; audiencia 10-15 días; mayor gravedad en resolución: 15 días para alegar.
• Reconocimiento o pago voluntario: al menos 20 % de reducción cada uno, acumulables, renunciando a recurrir en vía administrativa (art. 85.3).
• Sin resolución en plazo en un sancionador: caducidad (art. 25.1.b).
• Prescripción supletoria: 3 años / 2 años / 6 meses (Ley 40/2015, art. 30); montes: 5/3/1; caza y pesca CyL: 4/3/1.
• Caza: leves las resuelve la Delegación Territorial; graves y muy graves, el titular de la Consejería.
• Armas decomisadas, a la Guardia Civil; perros y hurones, a animales de compañía; aves de cetrería, a patrimonio natural.
• Caza: fianza igual al importe de la sanción; pesca: igual al importe mínimo de la sanción.
• Pesca: medios ilegales siempre decomisados; legales, solo en graves y muy graves.
• Montes CyL: lo decomisado se subasta, se devuelve o se inutiliza; custodia por la entidad local, la Comunidad, el dueño o el infractor.

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