🔐 Tema 15: Transparencia, gobierno abierto y protección de datos

Agente Medioambiental (Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales) · Junta de Castilla y León · Consejería de Medio Ambiente y Energía

El tema 15 del temario de Agente Medioambiental Castilla y León es «Transparencia, gobierno abierto y protección de datos», del Grupo I · Materias comunes (1-15). Aquí tienes su epígrafe oficial, un resumen, las claves para el examen y su test de 25 preguntas de 4 opciones (Premium).

Resumen

Legislación básica estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887). Publicidad activa: las Administraciones publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia de su actividad, en sus sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y preferiblemente en formatos reutilizables; la información debe ser comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible a las personas con discapacidad (art. 5). Derecho de acceso: todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos del artículo 105.b) de la Constitución (art. 12); información pública son los contenidos o documentos, en cualquier formato o soporte, que obren en poder de los sujetos obligados y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones (art. 13).

Procedimiento de acceso (Ley 19/2013, arts. 17-24). La solicitud se dirige al titular del órgano que posee la información, debe permitir conocer la identidad del solicitante, la información pedida y una dirección de contacto, y no es obligatorio motivarla. La resolución se notifica en un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad; si no se resuelve en plazo, la solicitud se entiende desestimada. El acceso es preferentemente electrónico y gratuito, aunque la expedición de copias o el cambio de formato pueden generar tasas. Contra la resolución cabe reclamación potestativa en el plazo de un mes, previa a la vía contencioso-administrativa; en el Estado la resuelve el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y en Castilla y León la Comisión de Transparencia.

Legislación de Castilla y León: Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León (BOE-A-2015-3281). Regula la transparencia de la actividad pública, el acceso a la información y su reutilización y la participación en los asuntos públicos a través del Portal de Gobierno Abierto (art. 1), integrado en la Web Corporativa de la Junta (art. 2). Además de lo exigido por la Ley 19/2013, el sector público autonómico publica, entre otras cosas, las relaciones de puestos de trabajo y plantillas, los puestos de personal eventual y sus retribuciones, las convocatorias de selección con la identidad de quienes seleccionan, los convenios colectivos, el gasto en publicidad institucional, el endeudamiento y el número de vehículos oficiales (art. 3.1). El incumplimiento reiterado de estas obligaciones es infracción grave a efectos disciplinarios (art. 3.2).

Garantías en Castilla y León. Las solicitudes de acceso a documentos de hasta cinco años de antigüedad pueden tramitarse por unidades de acceso a la información, y las resuelve el titular de la consejería (arts. 6-7). Contra las resoluciones de acceso cabe una reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia, antes de ir a los tribunales (art. 8). La ley crea el Comisionado de Transparencia y atribuye sus funciones al Procurador del Común, que vela por la publicidad activa y el derecho de acceso y presenta una memoria anual a las Cortes; la Comisión de Transparencia, presidida por el Comisionado, resuelve las reclamaciones (arts. 11-13). Los documentos del Portal de Gobierno Abierto son reutilizables si no se alteran ni desnaturalizan, se cita la fuente y se menciona la fecha de la última actualización (art. 9.7).

Participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto (Ley 3/2015, título III). La Administración General y sus organismos autónomos deben someter a participación los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas (art. 16); quedan excluidos los decretos-leyes, los decretos legislativos, la ley de presupuestos y su ley de medidas, y las normas de organización y estructura orgánica (art. 17). El texto se publica en el Portal un mínimo de diez días naturales; las aportaciones se hacen por vía electrónica, se contestan individualmente (o con un informe final si son muchas), su rechazo se motiva y participar no da la condición de interesado en el procedimiento (art. 18).

La protección de datos personales: obligaciones de los empleados públicos. Rigen el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD, BOE-A-2018-16673). Todas las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento están sujetas al deber de confidencialidad, que se mantiene aunque termine su relación con el responsable (LOPDGDD, art. 5). Los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos a partir de los catorce años (art. 7). Los empleados públicos tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales que les facilita la Administración y a la desconexión digital (arts. 87-88).

Política de seguridad de la información y protección de datos de la Junta: Decreto 22/2021, de 30 de septiembre (BOCYL núm. 192, de 4/10/2021), que aprueba la PSIPD. Se aplica a todos los sistemas de información y tratamientos de la Administración General, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas, y todo el personal que acceda a ellos debe conocerla y cumplirla (art. 2). Entre sus principios (art. 5): seguridad integral, seguridad por defecto, gestión de riesgos, proporcionalidad, responsabilidad diferenciada (nunca puede recaer en la misma persona la responsabilidad de la seguridad y la del sistema), responsabilidad proactiva, minimización y confidencialidad. Organización: el Comité de Seguridad de la Información (órgano colegiado de impulso y coordinación, que se reúne al menos dos veces al año), los titulares de los centros directivos como responsables de la información y del tratamiento, los responsables del servicio, de la seguridad y del sistema, y un delegado de protección de datos en cada consejería, cuya designación se comunica a la Agencia Española de Protección de Datos en diez días.

Obligaciones concretas del personal de la Junta (Decreto 22/2021, arts. 22, 23 y 27). Los medios digitales públicos se destinan exclusivamente a las obligaciones laborales o estatutarias. El personal debe acceder a los datos personales solo con autorización y guardar confidencialidad, usarlos solo para los fines para los que se recabaron, no divulgar sus contraseñas y custodiar con diligencia los papeles con datos personales, y pedir autorización para grabar datos en dispositivos portátiles o tratarlos fuera de las dependencias. Los sistemas de información se auditan al menos cada dos años.

Claves para el examen

• Información pública: contenidos o documentos en poder de los obligados, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (Ley 19/2013, art. 13).
• La solicitud de acceso no tiene que motivarse (art. 17.3).
• Resolución en un mes, ampliable otro mes; el silencio es desestimatorio (art. 20).
• Acceso gratuito; las copias o el cambio de formato pueden llevar tasa (art. 22.4).
• Reclamación potestativa: un mes (art. 24); en Castilla y León, ante la Comisión de Transparencia (Ley 3/2015, art. 8).
• Comisionado de Transparencia: el Procurador del Común (Ley 3/2015, art. 11).
• Portal de Gobierno Abierto: integrado en la Web Corporativa de la Junta (art. 2).
• Publicidad activa autonómica: RPT, eventuales, convenios, publicidad institucional, deuda y vehículos oficiales (art. 3).
• Participación: anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas; mínimo diez días naturales (arts. 16 y 18).
• Deber de confidencialidad: continúa al terminar la relación (LOPDGDD, art. 5).
• Consentimiento de menores: desde los catorce años (LOPDGDD, art. 7).
• PSIPD de la Junta: Decreto 22/2021.
• Responsabilidad diferenciada: seguridad y sistema nunca en la misma persona (art. 5.f).
• Delegado de protección de datos en cada consejería; designación comunicada a la AEPD en diez días (art. 17).
• Auditoría de seguridad: al menos cada dos años (art. 23).

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