🛡️ Tema 11: Protección civil: Ley 17/2015, Ley 3/2019 de Cantabria y Servicio de Emergencias de Cantabria

Gobierno de Cantabria · Servicio de Emergencias de Cantabria · Bombero/a (Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento)

Resumen

Tema 1 de las materias específicas de la Orden PRE/76/2024 (BOC núm. 171, de 04/09/2024), que es el programa de tu convocatoria; aquí es el 11. El epígrafe oficial dice: «Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ley 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. Ley 6/2018, de 22 de noviembre, por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria.» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

Definiciones del art. 2 (caen seguro): peligro es el potencial de ocasionar daño; vulnerabilidad, la característica de una colectividad que la hace susceptible de ser afectada; amenaza, la situación en la que personas y bienes están expuestos a un peligro inminente o latente; riesgo, la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a personas o bienes; emergencia de protección civil, la situación de riesgo colectivo que exige una gestión rápida de los poderes públicos (también llamada emergencia extraordinaria, frente a la ordinaria, sin afectación colectiva); catástrofe, la que altera sustancialmente el funcionamiento de una comunidad y supera sus propios medios; y servicios esenciales, los necesarios para las funciones sociales básicas. El Sistema (art. 3) integra la actividad de todas las Administraciones para prever, planificar, intervenir, recuperar y evaluar, con principios como colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal. La Estrategia del Sistema se revisa al menos cada cuatro años (art. 4).

Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 5 a 7 quáter). Todos los residentes en España tienen derecho a ser atendidos en caso de catástrofe, y a ser informados de los riesgos y de las conductas a seguir; también a participar en normas y planes. El deber de colaboración (art. 7 bis) apoya en el art. 30.4 de la Constitución: en emergencia, cualquier persona mayor de edad está obligada a las prestaciones personales que exijan las autoridades, sin derecho a indemnización; las autoridades pueden requisar temporalmente bienes, ocuparlos o suspender actividades, y en ese caso sí hay indemnización; los servicios de vigilancia y protección de las empresas son colaboradores; los titulares de actividades de riesgo deben informar a la población e instalar a su cargo sistemas de alarma; y los medios de comunicación deben colaborar gratuitamente en la difusión de avisos. Los ciudadanos tienen además un deber de cautela y autoprotección (7 ter), y el voluntariado colabora a través de sus entidades sin relación de empleo con la Administración (7 quáter).

El título II ordena las actuaciones del Sistema en capítulos. Anticipación (arts. 8-9): la Red Nacional de Información sobre Protección Civil contiene el Mapa Nacional de Riesgos, los catálogos de actividades que pueden originar emergencias, el registro informatizado de planes, los catálogos de recursos movilizables y el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. Prevención (arts. 10-12): estudio técnico previo de las actividades catalogadas, programas de información preventiva, plan de formación obligatorio en los centros educativos no universitarios (añadido por el Real Decreto-ley 7/2024), Fondo de Prevención de Emergencias gestionado por el Ministerio del Interior y Red de Alerta Nacional, gestionada por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.

Respuesta inmediata (arts. 16-19). Incluye evitar daños, rescatar y proteger a personas y bienes, la atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la reparación inicial de servicios esenciales. El art. 17.1 enumera los servicios públicos de intervención y asistencia: Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias, Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia, Fuerzas Armadas y la UME, los órganos de coordinación de emergencias autonómicos (como el 1-1-2), técnicos forestales y agentes medioambientales, servicios de rescate y equipos de identificación de víctimas, entre otros. Voluntarios y entidades colaboradoras actúan subordinados a los servicios públicos. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias actúa como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional y como punto de contacto con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Recuperación y evaluación (arts. 20-27). Las medidas de recuperación son ayudas y en ningún caso tienen carácter indemnizatorio; los daños materiales deben ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes con cobertura de seguro, sin que la suma de ayudas e indemnizaciones supere el daño. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil la hace el Consejo de Ministros, e incluye la delimitación del área; permite ayudas por vivienda y enseres, compensaciones a corporaciones locales o medidas laborales y fiscales. El Gobierno eleva al Senado una memoria anual del Sistema.

Régimen sancionador (arts. 43-50), aplicable por el Estado en emergencias de interés nacional o planes de su dirección. Infracciones muy graves (por ejemplo, incumplir órdenes en emergencias declaradas con especial peligrosidad, o una segunda infracción grave en un año), graves y leves. Multas: muy graves de 30.001 a 600.000 euros, graves de 1.501 a 30.000 euros y leves de hasta 1.500 euros. Resuelven el Delegado del Gobierno (leves), la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (graves) y el Ministro del Interior (muy graves); en el ámbito municipal, los alcaldes según su legislación. El plazo para resolver es de seis meses (graves y muy graves) y tres meses (leves), y las medidas provisionales urgentes previas deben ratificarse en quince días.

Definiciones del artículo 2, que caen casi siempre. Peligro: potencial de ocasionar daño. Vulnerabilidad: característica de una colectividad que la hace susceptible de ser afectada. Amenaza: situación en la que personas y bienes están expuestos a un peligro inminente o latente. Riesgo: posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes. Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo que exige una gestión rápida de los poderes públicos; es la «emergencia extraordinaria», frente a la ordinaria, que no tiene afectación colectiva. Catástrofe: situación que altera sustancialmente el funcionamiento de una comunidad y cuya atención supera los medios de la propia comunidad. Servicios esenciales: los necesarios para las funciones sociales básicas. El Sistema (art. 3) integra la actividad de todas las Administraciones para prever, planificar, intervenir, recuperar y coordinar y evaluar, con los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal. La Estrategia del Sistema se revisa al menos cada cuatro años; sus líneas básicas las aprueba el Consejo Nacional de Protección Civil, y la Estrategia Nacional de Protección Civil la aprueba el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior (art. 4).

Ley de Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias (texto consolidado del BOE, con los cambios de la Ley 2/2025 y la Ley 5/2026). Regula el Sistema Autonómico de Protección Civil como servicio público e instrumento de coordinación dentro del Sistema Nacional (art. 1). Sus definiciones (art. 2) distinguen la emergencia ordinaria, sin afectación colectiva, de nivel 0 (pocos servicios, sin funciones específicas de coordinación) o de nivel 1 (varios servicios, coordinados mediante protocolo operativo), de la emergencia de protección civil, que exige activar un plan. Define también el mando único (las órdenes emanan de una única autoridad) y el mando natural (cada servicio lo dirige su responsable jerárquico), el Centro de Atención de Emergencias (atiende todas las llamadas) y el Centro de Gestión de Emergencias (coordina en nivel 1 y en emergencias de protección civil). Las medidas de garantía (evacuación, confinamiento, control de accesos, requisas) se rigen por necesidad, idoneidad y proporcionalidad (art. 5).

Ciudadanos y voluntariado en la Ley 3/2019 (arts. 6 a 10). Los medios de comunicación transmiten gratis los avisos cuando se declare obligatoria su difusión; los titulares de actividades de riesgo instalan a su cargo los sistemas de aviso a la población y deben tener plan de autoprotección (art. 8). El voluntariado de protección civil y los bomberos voluntarios (que colaboran con municipios o mancomunidades y se constituyen como asociación o agrupación municipal) actúan bajo la dependencia de las autoridades, en tareas preventivas, de refuerzo, cooperación y colaboración, y no adquieren condición de empleado público, aunque su servicio puede ser mérito en las oposiciones (arts. 9 y 10).

Actuaciones de la Ley 3/2019 (título II): prevención, planificación, respuesta y recuperación. El Plan Estratégico de Protección Civil de Cantabria rige cinco años (art. 11). La Red Autonómica de Información contiene el Mapa de Riesgos, los catálogos, el registro de planes y el Registro Autonómico de Datos sobre Emergencias y Catástrofes (art. 12); el Mapa lo revisa la Comisión de Protección Civil cada cuatro años (art. 13). Los planes de autoprotección los implantan sus titulares, con simulacros al menos anuales comunicados al Centro de Atención de Emergencias; los centros escolares hacen, como mínimo, un simulacro de evacuación anual (arts. 17 a 19). Dirección de la emergencia (art. 29): en nivel 1, el alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes; en emergencias de protección civil, el Consejero competente salvo que el plan diga otra cosa. Los voluntarios y entidades colaboradoras actúan subordinados a los servicios públicos (art. 30.9).

Organización y régimen sancionador de la Ley 3/2019. El Gobierno de Cantabria es el órgano superior de dirección y coordinación (art. 34); el Consejero preside la Comisión de Protección Civil de Cantabria y aprueba los protocolos operativos (art. 35); el 112 es gratuito, funciona 24 horas todos los días y atiende al menos en dos idiomas oficiales de la UE además del español (art. 37). El alcalde es la máxima autoridad de protección civil del municipio (art. 39). La Comisión de Protección Civil, con representación del Estado, la Comunidad y las entidades locales, informa con carácter vinculante el Plan Estratégico, el Territorial y los especiales (art. 42). Los inspectores son autoridad (art. 51). Multas: leves de 100 a 3.000 euros, graves de 3.001 a 100.000 y muy graves de 100.001 a 600.000 (art. 61); prescripción de tres, dos y un año (art. 63); sancionan el Gobierno (muy graves), el Consejero (graves) y el Director General (leves) (art. 66).

Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre (texto consolidado del BOE). Crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) para gestionar el servicio autonómico de prevención, extinción de incendios y salvamento y el 112, y lo subroga en la sociedad 112 Cantabria S.A.U. (art. 1). Tiene personalidad jurídica propia, está adscrito a la Consejería de protección civil, actúa bajo la dependencia funcional de la Dirección General competente y solo se extingue por ley (arts. 2, 3 y 6). Sus actos no agotan la vía administrativa (alzada ante el Consejero) y la revisión de oficio corresponde al Gobierno (arts. 14 y 15). Según su Estatuto (anexo), sus órganos son el Consejo Rector (órgano superior de decisión, con el Director como secretario con voz y sin voto), la Presidencia (el Consejero), la Vicepresidencia (el Director General) y la Dirección (alto cargo nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo Rector, que ejerce la jefatura directa del personal).

Claves para el examen

• Base constitucional: art. 149.1.29.ª (seguridad pública).
• Riesgo = posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a personas o bienes.
• Emergencia de protección civil = emergencia extraordinaria (afectación colectiva).
• Prestaciones personales en emergencia: desde la mayoría de edad y sin indemnización; la requisa de bienes sí se indemniza.
• Medios de comunicación: colaboran gratis en la difusión de avisos.
• Red Nacional de Información: Mapa Nacional de Riesgos, catálogos, registro de planes y de datos de emergencias.
• Red de Alerta Nacional: Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.
• Planes: Estatal General, Territoriales, Especiales y de Autoprotección; nuclear y conflicto bélico, siempre estatales.
• Art. 17: los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son servicios públicos de intervención.
• Voluntarios: subordinados a los servicios públicos.
• Ayudas de recuperación: nunca indemnizatorias; zona afectada gravemente la declara el Consejo de Ministros.
• Emergencia de interés nacional: la declara y dirige el Ministro del Interior; la UME asume la dirección operativa.
• Ley 3/2019 de Cantabria: emergencia ordinaria de nivel 0 (sin coordinación específica) y de nivel 1 (protocolo operativo); emergencia de protección civil, con plan activado.
• Mando único: las órdenes emanan de una única autoridad; mando natural: cada servicio lo dirige su responsable jerárquico.
• Centro de Atención de Emergencias (112): atiende todas las llamadas; Centro de Gestión de Emergencias: coordina en nivel 1 y en emergencias de protección civil.
• Dirección de la emergencia de protección civil: el Consejero competente, salvo que el plan diga otra cosa (art. 29.4).
• Ley 3/2019: multas de 100-3.000 (leves), 3.001-100.000 (graves) y 100.001-600.000 euros (muy graves); sancionan Director General, Consejero y Gobierno.
• SEMCA (Ley 6/2018): organismo autónomo adscrito a la Consejería de protección civil; Consejo Rector, Presidencia (Consejero), Vicepresidencia (Director General) y Dirección.

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Preguntas de ejemplo del tema 11

Tres de las 117 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. Según el artículo 1.1 de la Ley 17/2015, la protección civil es:

   1. Un servicio público, instrumento de la política de seguridad pública
   2. Una función exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en tiempo de paz
   3. Un servicio de titularidad municipal obligatorio en todo municipio
   4. Un servicio voluntario de ayuda humanitaria prestado por la sociedad civil
   Ver la respuesta

   a) Un servicio público, instrumento de la política de seguridad pública. Ley 17/2015, art. 1.1: la protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes ante emergencias y catástrofes.

2. Según el artículo 5.3 de la Ley de Cantabria 3/2019, las medidas que adopten las autoridades de protección civil en garantía de la seguridad de la población (evacuación, confinamiento, requisas...) deben observar los principios de:

   1. Publicidad, concurrencia y transparencia
   2. Necesidad, idoneidad y proporcionalidad
   3. Jerarquía, competencia y especialidad
   4. Economía, eficacia y eficiencia
   Ver la respuesta

   b) Necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El art. 5.3 exige adoptar esas medidas observando los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad y respetando los derechos de la ciudadanía; su vigencia no puede prolongarse más allá de lo estrictamente indispensable.

3. De acuerdo con el artículo 8.3 del Estatuto del SEMCA (anexo de la Ley de Cantabria 6/2018), ¿a quién corresponde ejercer la jefatura directa del personal del organismo?

   1. Al Presidente
   2. Al Consejo Rector
   3. Al Director
   4. Al Vicepresidente
   Ver la respuesta

   c) Al Director. El art. 8.3.c) del Estatuto atribuye al Director ejercer la jefatura directa del personal, además de ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y ejercer la dirección ordinaria del SEMCA.

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