📜 Tema 2: Constitución de 1978: título preliminar, derechos y deberes, organización territorial

Gobierno de Cantabria · Servicio de Emergencias de Cantabria · Bombero/a (Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento)

Resumen

Tema 2 de las materias comunes de la Orden PRE/76/2024 (BOC núm. 171, de 04/09/2024), que es el programa de tu convocatoria; aquí es el 2. El epígrafe oficial dice: «La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. De los Derechos y Deberes fundamentales (Título I). De la Organización Territorial del Estado (Título VIII).» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

El capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52: familia, salud, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda, personas con discapacidad tras la reforma de 2024, consumidores...). El capítulo IV fija las garantías (art. 53): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respete su contenido esencial, se regula su ejercicio; el art. 14 y la sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30) se protegen por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen. El art. 54 regula el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, por ley orgánica. El capítulo V (art. 55) permite suspender determinados derechos solo en los estados de excepción o de sitio, no en el de alarma.

Capítulo III, comunidades autónomas. La iniciativa del art. 143.2 corresponde a las Diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo de cada provincia, en seis meses; si fracasa, solo se reitera pasados cinco años. No cabe la federación de comunidades (art. 145). Los Estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad y se reforman con aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica (art. 147). El art. 148 enumera las competencias que pueden asumir (ampliables pasados cinco años) y el art. 149.1 las exclusivas del Estado; entre ellas la 29.ª, seguridad pública, en la que se apoya la Ley 17/2015 de protección civil. El control de las comunidades se reparte entre Tribunal Constitucional, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas (art. 153), y el art. 155 permite al Gobierno, previo requerimiento y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, obligar a una comunidad a cumplir. Los arts. 156 a 158 regulan la financiación, con el Fondo de Compensación interterritorial.

Título preliminar (arts. 1 a 9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). El art. 2 une la indisoluble unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. Partidos (art. 6) y sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) deben tener estructura interna y funcionamiento democráticos; las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8).

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

Claves para el examen

• Aprobada por las Cortes el 31/10/1978, referéndum el 6/12/1978, sancionada el 27/12/1978, BOE y vigor el 29/12/1978.
• 169 artículos: título preliminar + 10 títulos; 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final.
• Cuatro reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026).
• Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1).
• Forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
• Bandera: roja, amarilla y roja; la amarilla, de doble anchura (art. 4).
• Art. 9.3: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2).
• Domicilio: solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2).
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por ley.
• Amparo: art. 14 + sección 1.ª del capítulo II + objeción de conciencia (art. 53.2).
• Suspensión de derechos (art. 55): estados de excepción y sitio, no el de alarma.

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