⛑️ Tema 34: Prevención de riesgos laborales en bomberos

Diputación Provincial de Burgos · Servicio de Extinción de Incendios · Bombero/a

Resumen

Marco normativo. La base es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por convenio (art. 2.2), y se aplica también al personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas, con sus peculiaridades (art. 3.1), como el personal de la Diputación de Burgos. La desarrollan, entre otros, el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (evaluación de riesgos y planificación), y el Real Decreto 773/1997, sobre utilización de equipos de protección individual. Ojo al art. 3.2: la ley no se aplica en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en los servicios operativos de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, pero la ley inspirará la normativa específica que se dicte. El criterio de la Dirección General de Trabajo de 30/03/2007 (reseñado en la revista Ambienta del Ministerio de Medio Ambiente, junio de 2007) es que las excepciones se interpretan de forma restrictiva: no se excluyen los servicios de protección civil en cuanto tales, sino solo determinadas actividades, de modo que la LPRL se aplica a la actividad ordinaria de los bomberos.

Conceptos (art. 4 LPRL). Prevención: actividades o medidas en todas las fases de la actividad para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo; su gravedad se valora con la probabilidad del daño y su severidad. Riesgo grave e inminente: el que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave. Equipo de protección individual: el destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz y el empresario el deber correlativo (art. 14); el coste de las medidas nunca recae sobre los trabajadores (art. 14.5).

Principios de la acción preventiva (art. 15): evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones. Las medidas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador (art. 15.4). El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo ante un riesgo grave e inminente (art. 21) y debe velar por su seguridad y la de los demás, usar bien los equipos y EPI, no inutilizar los dispositivos de seguridad e informar de inmediato a su superior de cualquier riesgo; en un funcionario, el incumplimiento es falta disciplinaria (art. 29).

Evaluación de riesgos (Real Decreto 39/1997). Es el proceso para estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse, para que el empresario decida si hacen falta medidas y cuáles (art. 3). La evaluación inicial se extiende a cada puesto de trabajo con riesgos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y si el trabajador es especialmente sensible (art. 4). Hay que volver a evaluar al elegir nuevos equipos o sustancias, introducir nuevas tecnologías, cambiar las condiciones de trabajo o incorporar a un trabajador especialmente sensible; y revisarla cuando se detecten daños a la salud o que la prevención es insuficiente, además de con la periodicidad pactada con los representantes (art. 6). En caso de duda, se adoptan las medidas más favorables desde el punto de vista de la prevención (art. 5.2). Con el resultado se planifica la actividad preventiva por orden de prioridades según la magnitud del riesgo y el número de trabajadores expuestos (art. 8), con programa anual si dura más de un año (art. 9). En un servicio de bomberos, la evaluación debe recoger tanto el parque (instalaciones, vehículos, mantenimiento) como las intervenciones (incendio, rescate, tráfico, altura, espacios confinados, mercancías peligrosas, electricidad).

EPI y protección colectiva. Según el Real Decreto 773/1997, los EPI se usan cuando los riesgos no han podido evitarse o limitarse suficientemente con protección colectiva o con medidas de organización del trabajo (art. 4): la protección colectiva va primero. El empresario determina los puestos que necesitan EPI, los elige, los proporciona gratuitamente y los repone, y vela por su uso y mantenimiento (art. 3). Los EPI deben ser eficaces sin crear riesgos adicionales, adaptarse al usuario y, si se usan varios a la vez, ser compatibles entre sí (art. 5). Se usan, almacenan, limpian y reparan según las instrucciones del fabricante y, en principio, son de uso personal (art. 7). El trabajador debe utilizarlos y cuidarlos, dejarlos después en su sitio e informar de inmediato a su superior de cualquier defecto (art. 10). Curiosidad normativa: el art. 2.2 excluye de la definición de EPI de este real decreto los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

Seguridad en las intervenciones y autoprotección del interviniente. La LPRL obliga a organizar las medidas de emergencia en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación (art. 20) y a informar y formar de forma suficiente y adecuada, dentro de la jornada si es posible y sin coste para el trabajador (arts. 18 y 19). En una emergencia del PLANCAL, toda actuación empieza por la zonificación, que es prioridad del jefe del PMA, aplicando un criterio de seguridad conservador: en caso de duda, la zona más amplia; el control de accesos a la zona de intervención lo asume el Grupo de Seguridad. El Grupo de Intervención, que manda el jefe técnico del servicio de bomberos, hace el reconocimiento y evaluación de los riesgos asociados. Los protocolos de seguridad concretos de cada maniobra (equipos de respiración, trabajos en altura, tráfico) son procedimientos internos de cada servicio; no hay un protocolo oficial único de la Diputación de Burgos publicado que podamos citar.

Claves para el examen

• LPRL: Ley 31/1995; Derecho necesario mínimo indisponible.
• Se aplica también a funcionarios, con sus peculiaridades (art. 3.1).
• Art. 3.2: fuera solo las actividades de protección civil en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública cuyas particularidades lo impidan.
• Riesgo grave e inminente: racionalmente probable en un futuro inmediato y con daño grave.
• El coste de la prevención nunca recae en el trabajador.
• Nueve principios del art. 15; el primero, evitar los riesgos.
• Protección colectiva antes que individual.
• Evaluación de riesgos: estimar la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar (Real Decreto 39/1997, art. 3).
• En caso de duda, la medida más favorable para la prevención (art. 5.2).
• EPI: cuando el riesgo no se evita con protección colectiva u organización (Real Decreto 773/1997, art. 4).
• EPI gratuitos, repuestos cuando haga falta, y de uso personal.
• El trabajador informa de inmediato a su superior de los defectos del EPI.
• Ante riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir su actividad (art. 21).
• PLANCAL: zonificación conservadora; en caso de duda, la zona más amplia.

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