📑 Tema 5: Administraciones públicas, procedimiento y recursos

Diputación Provincial de Burgos · Servicio de Extinción de Incendios · Bombero/a

Resumen

Tema 5 de las materias comunes (anexo II de las bases, BOP de Burgos núm. 135, 21/07/2026). Las administraciones públicas: a efectos de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración Local y los organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de ellas (art. 2). La Constitución manda que sirvan con objetividad los intereses generales (art. 103.1).

Principios de la organización administrativa (art. 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público): las Administraciones actúan con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho, y deben respetar, entre otros, el servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, claridad y proximidad; la participación, objetividad y transparencia; la racionalización y agilidad de los procedimientos; la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; la responsabilidad; la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines; y la cooperación, colaboración y coordinación. Cada Administración actúa con personalidad jurídica única (art. 3.4) y se relaciona con las demás por medios electrónicos (art. 3.2).

El procedimiento administrativo: es el cauce formal de la actuación administrativa, una garantía para el ciudadano y para el interés general. La LPAC regula el procedimiento común a todas las Administraciones, incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial (art. 1.1); solo por ley pueden añadirse trámites adicionales o distintos (art. 1.2). Principios generales: impulso de oficio y celeridad, por medios electrónicos y con transparencia y publicidad (art. 71); simplificación, acordando en un solo acto los trámites que lo admitan (art. 72); las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74). El plazo máximo para resolver, si la norma no lo fija, es de tres meses (art. 21.3).

Fases. Iniciación: de oficio (por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, art. 58) o a solicitud del interesado; si la solicitud es defectuosa se concede un plazo de diez días para subsanar (art. 68); pueden adoptarse medidas provisionales, que si son previas al procedimiento deben confirmarse en quince días (art. 56). Ordenación: impulso de oficio y acumulación. Instrucción: alegaciones en cualquier momento anterior a la audiencia (art. 76), prueba entre diez y treinta días (art. 77), informes por regla general facultativos y no vinculantes (art. 80), información pública de al menos veinte días (art. 83) y audiencia de diez a quince días (art. 82). Finalización: resolución, desistimiento, renuncia y caducidad (art. 84); si el interesado paraliza el procedimiento, se le advierte de la caducidad a los tres meses (art. 95).

El acto administrativo. Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma (art. 36), se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1), y solo excepcionalmente tienen eficacia retroactiva (art. 39.3). Deben motivarse, entre otros, los que se separan del criterio seguido en actuaciones precedentes (art. 35). Inderogabilidad singular: las resoluciones particulares no pueden vulnerar una disposición general (art. 37). La notificación se cursa en diez días desde que se dicta el acto (art. 40.2). Son nulos de pleno derecho, entre otros, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio (art. 47) y anulables los que incurren en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder (art. 48).

Los recursos administrativos: concepto y clases. Son los medios para que los interesados impugnen en vía administrativa resoluciones y actos de trámite cualificados, fundándose en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad (art. 112.1); contra las disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3). Clases: recurso de alzada, contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, en un mes si el acto es expreso y con tres meses para resolver (arts. 121-122); recurso potestativo de reposición, contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano, en un mes y con un mes para resolver (arts. 123-124); y recurso extraordinario de revisión, contra actos firmes, solo por las causas tasadas del art. 125.1 (cuatro años si es por error de hecho; tres meses en los demás casos). Un error en la calificación del recurso no impide su tramitación (art. 115.2). En una Diputación ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Presidente y de la Junta de Gobierno (art. 52.2 LBRL).

La administración electrónica. Las personas jurídicas, entre otros sujetos, están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones; las personas físicas pueden elegir y cambiar de medio en cualquier momento (art. 14 LPAC). Se tiene derecho a comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico (art. 13.a). El registro electrónico admite documentos todos los días del año durante las 24 horas (art. 31.2.a). Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas al acceder a su contenido y rechazadas a los diez días naturales sin acceso (art. 43). La sede electrónica es la dirección electrónica de titularidad de una Administración disponible para los ciudadanos (art. 38 de la Ley 40/2015) y la actuación administrativa automatizada es la realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público (art. 41 de la Ley 40/2015).

Claves para el examen

• Principios de organización (art. 3.1 Ley 40/2015): eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
• Cada Administración actúa con personalidad jurídica única (art. 3.4 Ley 40/2015).
• La LPAC incluye el procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial (art. 1.1).
• Sin plazo en la norma, el procedimiento dura como máximo tres meses (art. 21.3).
• Iniciación de oficio: propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia (art. 58).
• Subsanar la solicitud: diez días (art. 68.1).
• Prueba: 10-30 días; audiencia: 10-15 días; información pública: mínimo 20 días.
• Finalización: resolución, desistimiento, renuncia y caducidad (art. 84).
• Nulidad (art. 47) y anulabilidad (art. 48); notificación en diez días (art. 40.2).
• Alzada: un mes para recurrir y tres meses para resolver.
• Reposición: potestativa, un mes para recurrir y un mes para resolver.
• Revisión: actos firmes, cuatro años por error de hecho, tres meses en los demás casos.
• Contra disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3).
• Notificación electrónica rechazada a los diez días naturales sin acceder (art. 43.2).

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