⚖️ Tema 16: Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León

Diputación Provincial de Ávila · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a-Conductor

Resumen

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León se publicó en el BOCyL núm. 70, de 11 de abril de 2007 (suplemento) y en el BOE núm. 107, de 4 de mayo de 2007, y entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOCyL (disposición final sexta). Se estudia el texto consolidado del BOE, cuya última actualización es la de la Ley 4/2024, de 9 de mayo (BOE de 14/05/2024). Antes la modificaron la Ley 19/2010 (art. 12.1), la Ley 2/2017 (arts. 20.1 y 32), la Ley 2/2019 (suprime la disposición adicional tercera y añade la sexta, sobre cuerpos y categorías de bomberos) y la Ley 1/2021 (art. 27, cuantía de las multas). Se estructura en un título preliminar, tres títulos (prevención y control de riesgos; asistencia a los ciudadanos; procedimientos de actuación), disposiciones adicionales, una derogatoria y seis finales.

Título preliminar. El objeto es ordenar las actuaciones dirigidas a proteger a las personas frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales, y para ello se crea como servicio público el sistema de protección ciudadana de Castilla y León (art. 1). La protección ciudadana se configura como un derecho de los ciudadanos y de las personas que se encuentren en la Comunidad (art. 2). El sistema funciona por niveles según criterios de inmediatez, especialización y disponibilidad de los recursos (art. 4) y se organiza en zonas de actuación inmediata que se integran en áreas de emergencias, delimitadas por factores geográficos, demográficos, de vulnerabilidad, especificidad del riesgo y tiempo de respuesta (art. 5). La Junta garantiza el acceso por el teléfono 1-1-2 (art. 6.1.a); los municipios de más de 20.000 habitantes pueden pedir dispensa de los servicios mínimos y las Diputaciones pueden alcanzar acuerdos con la Junta para prestarlos y financiarlos (art. 6.3).

Título I, prevención y control de riesgos. Los ciudadanos mayores de edad deben adoptar conductas responsables y tienen la obligación y el derecho de colaborar (art. 8). Los titulares de actividades de riesgo responden de su prevención y control, deben elaborar, mantener e implantar un plan de autoprotección y constituir un seguro de responsabilidad civil antes de su puesta en marcha (art. 9); también deben tener plan de autoprotección los centros que alojan a menores, personas mayores o con discapacidad (art. 10.3). Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento general se someten a informe preceptivo de protección ciudadana, que se pide tras la aprobación inicial (art. 12). Los espectáculos con gran concentración de personas requieren informe previo, vinculante si es negativo o impone medidas (art. 13). Hay además simulacros (art. 14), campañas de sensibilización (art. 15), asesoramiento (art. 16) e inspección (art. 17).

Planificación (arts. 18 y 19). El plan de autoprotección corresponde al titular de la actividad. La Junta elabora un catálogo y un mapa de riesgos; las Administraciones locales aprueban planes territoriales; y el plan territorial de protección civil de Castilla y León (PLANCAL) es el instrumento para las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria (art. 19.4). Se crea el Registro Público de planes de protección civil, de carácter informativo (art. 20.5).

Infracciones y sanciones (arts. 20-34). Son muy graves, entre otras, impedir la labor inspectora o impedir la actuación de las autoridades al activarse un plan; graves, obstaculizar la labor inspectora, no constituir el seguro, o las llamadas de mala fe al 1-1-2 que movilicen dos o más recursos (redacción de la Ley 4/2024); leves, no respetar las instrucciones en un simulacro o las llamadas inapropiadas al 1-1-2. Multas: muy graves de 30.001 a 600.000 euros, graves de 1.501 a 30.000 y leves hasta 1.500 (art. 27). Prescriben las infracciones a los tres años, dos años y seis meses, y las sanciones a los tres, dos y un año (art. 30). Sancionan el consejero (muy graves), el órgano directivo central (graves) y el delegado territorial (leves), y también alcaldes y presidentes de Diputación en su ámbito (art. 31). La acción para denunciar es pública (art. 34).

Título II, asistencia a los ciudadanos. Los servicios son esenciales (prevención, extinción de incendios y salvamento; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; asistencia sanitaria en emergencias; lucha contra incendios forestales; socorro, rescate y salvamento) o complementarios (voluntariado, organizaciones técnicas, servicios de la Administración no esenciales, empresas y otros medios auxiliares) (art. 37). Los bomberos profesionales son agentes de la autoridad (art. 38.2) y son colaboradores los voluntarios de extinción y el personal de seguridad y autoprotección de las empresas (art. 38.3). Sus funciones están en el art. 39: prevención, extinción, salvamento y rescate, medidas provisionales de seguridad y desalojo, investigación e informe de siniestros, campañas, etc. La Junta coordina los servicios mediante un estatuto con carácter de plan sectorial (art. 40.2).

Niveles asistenciales (arts. 53-56): básica, especializada y extraordinaria. La básica se adscribe a cada zona de actuación inmediata; la especializada a cada área de emergencia; la extraordinaria se rige por la legislación estatal, el PLANCAL o el plan especial. Coordinación: el 1-1-2 de Castilla y León funciona de forma continuada, atiende en los idiomas más usados de la UE, el español y el portugués, es gratuito y localiza el terminal (art. 57); se crea el centro de asistencia ciudadana (art. 58) y en cada área de emergencias hay un centro coordinador de emergencias (art. 59).

Título III, procedimientos de actuación. Los servicios actúan conforme a procedimientos y protocolos previos (art. 61); declarada una emergencia o activado un plan, los ciudadanos deben cumplir las órdenes y las prestaciones personales no dan derecho a indemnización (art. 62). Si un siniestro necesita varios servicios sin llegar a activar un plan, el delegado territorial declara la situación de emergencia (art. 66) y la dirige el titular de la Dirección General competente (art. 67), que puede evacuar, restringir accesos, confinar o fijar vías de acceso (art. 68). En grave riesgo, calamidad o catástrofe se activa el plan (arts. 70-77) cuando, entre otros, la vida de las personas pueda peligrar masivamente (art. 73); el director del plan ordena medidas de protección (control de accesos, avisos, refugio, evacuación y asistencia sanitaria, art. 75) y los medios de comunicación deben difundir sus avisos (art. 76). La recuperación incluye una posible comisión de rehabilitación (art. 79) y un fondo de ayuda a los afectados (art. 82).

Disposiciones adicionales y finales. La Comisión Regional de Protección Civil se llama Comisión de Protección Ciudadana de Castilla y León (DA 5.ª). La DA 6.ª (Ley 2/2019) ordena a los bomberos de las entidades locales en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, con tres cuerpos: superior (oficial superior y oficial técnico, A1), técnico (suboficial y sargento, A2) y básico (cabo y bombero/a, C1). La disposición final segunda prevé la Escuela Regional de Protección Ciudadana, con una escuela de formación de bomberos que organiza los cursos selectivos, y la tercera un Consorcio Regional de prevención y extinción de incendios.

Claves para el examen

• Ley 4/2007, de 28 de marzo; BOCyL 11/04/2007; en vigor a los veinte días de publicarse en el BOCyL.
• Riesgos de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales; el sistema de protección ciudadana es un servicio público (art. 1).
• Territorio: zonas de actuación inmediata integradas en áreas de emergencias (art. 5).
• Acceso al sistema por el teléfono único 1-1-2 (art. 6.1.a).
• Plan de autoprotección y seguro de responsabilidad civil para las actividades de riesgo (art. 9).
• Informe de protección ciudadana tras la aprobación inicial del planeamiento (art. 12).
• Informe previo a espectáculos de gran concentración: vinculante si es negativo o impone medidas (art. 13).
• Multas: leves hasta 1.500 €; graves 1.501-30.000 €; muy graves 30.001-600.000 € (art. 27).
• Prescripción de infracciones: 3 años, 2 años y 6 meses (art. 30).
• Cinco servicios esenciales: bomberos, FCS, sanitarios de emergencias, incendios forestales y rescate (art. 37.1).
• Los bomberos profesionales son agentes de la autoridad (art. 38.2).
• Tres niveles: asistencia básica, especializada y extraordinaria (art. 53.3).
• El delegado territorial declara la emergencia; la dirige el director general competente (arts. 66-67).
• Bomberos locales: cuerpo superior (A1), técnico (A2) y básico, cabo y bombero/a (C1) (DA 6.ª).
• Las llamadas de mala fe al 1-1-2 que movilicen dos o más recursos son infracción grave (art. 23.h, Ley 4/2024).

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